Desde su ascenso a la cima del Partido Comunista Chino en noviembre de 2012, Xi Jinping tiene confundidos a los observadores. Mientras que su estrategia política incluye el refuerzo del control ideológico por parte del PCC, el combate a la corrupción, la represión del disenso y una actitud más nacionalista en política exterior, en el campo económico anunció un plan de reformas extraordinariamente audaz.
¿Será el rumbo conservador tomado por Xi en temas políticos un medio para facilitar sus reformas económicas promercado? Pronto lo sabremos. Tras dedicar 2013 a consolidar su posición y formular su agenda, este año Xi deberá comenzar a cumplir sus promesas y demostrar que es tan capaz de usar el poder como de acumularlo. Y su éxito dependerá del modo en que encare tres grandes desafíos.
El primer desafío al que se enfrentará Xi en 2014 es, sin duda, la implementación de su paquete de reformas económicas, que viene despertando a la vez entusiasmo y escepticismo desde su anuncio a mediados de noviembre. Los optimistas señalan las ambiciosas metas del programa de Xi como prueba de su compromiso con la reforma, mientras que los críticos mencionan su vaguedad y falta de plazos concretos como motivos de cautela.
Para no darles la razón a los escépticos, Xi debe convertir su retórica en políticas y las políticas en resultados concretos y medibles. Esto implica comenzar el nuevo año implementando aquellas reformas que solamente requieran de medidas administrativas, por ejemplo la concesión de licencias a bancos privados, el aumento de la competencia mediante la eliminación de barreras de ingreso para las empresas privadas, la liberalización de los tipos de interés y de cambio, y la extensión de permisos de residencia a los trabajadores migrantes en pueblos y ciudades pequeñas.
Pero después de estas medidas, Xi necesitará leyes que den un marco formal a algunas de las reformas más cruciales, de las que la reforma del uso de la tierra será la más difícil. El programa de Xi sólo ofrece promesas vagas de aumentar el derecho de propiedad de los agricultores sobre sus tierras, pero ciertos pronunciamientos oficiales recientes indican que la burocracia intentará restringir ese derecho. En estas condiciones, Xi deberá convencer al pueblo de que no permitirá que los cambios cedan a la presión de intereses creados.
El segundo gran desafío que enfrenta Xi en 2014 es sostener su campaña anticorrupción, sumamente popular y enormemente arriesgada. Ya que decidió no movilizar al pueblo chino en apoyo de sus planes de reforma, el único medio que tiene Xi para obligar a la burocracia a adherir a su programa es amenazar con investigar y enjuiciar a los corruptos.
Pero esta estrategia es de difícil ejecución, no sólo por la inmensa magnitud del fenómeno de la corrupción en China, sino también por el papel crucial que cumple en la distribución de rentas entre facciones y grupos de intereses. Si la campaña anticorrupción llega a afectar a un gran número de funcionarios chinos, probablemente suscitará rechazo, malestar y división en las élites gobernantes.
La prueba real de las intenciones de Xi será que su gobierno enjuicie o no a Zhou Yongkang, un ex miembro del Comité Permanente del Politburó (el órgano de formulación de políticas de más alto nivel del PCC). Informes oficiales indican que el cerco anticorrupción de Xi se cierra cada vez más sobre Zhou desde que muchos de sus ex lugartenientes fueron arrestados.
Pero enjuiciar a un miembro del Comité Permanente del Politburó, incluso a uno ya retirado, implica violar un antiguo tabú. Desde los tiempos de Deng Xiaoping, el régimen post-Mao se esforzó por garantizar la seguridad física de sus funcionarios de máximo nivel, para evitar el error que cometió Mao al convertir las luchas de poder internas en duelos a muerte en los que nadie estaba a salvo. Por eso, a pesar de que ya hubo casos de miembros ordinarios del Politburó que fueron enjuiciados (y tres de ellos, encarcelados), los integrantes del Comité Permanente siempre gozaron de inmunidad.
Esto plantea un dilema para Xi. Si respeta la norma tácita que impide enjuiciar ni siquiera a miembros retirados del Comité Permanente, se arriesga a restarle credibilidad a su campaña anticorrupción. Pero si manda a su ex colega a prisión, se arriesga a debilitar la cohesión en los niveles superiores del liderazgo chino.
El tercer desafío para Xi es evitar un conflicto innecesario con Japón. La reciente creación por parte de China de una “zona de identificación aérea” sobre las disputadas islas Senkaku (cuyo nombre chino es Diaoyu) y la posterior visita del primer ministro japonés Shinzo Abe al polémico santuario Yasukuni son indicios de que la relación bilateral (que ya se encuentra en su peor nivel en los últimos 40 años) seguirá deteriorándose.
Xi y sus asesores deben cuidarse del error de creer que un conflicto con Japón serviría para fortalecer su imagen ante el pueblo chino. De producirse tal conflicto, y con el apoyo de Estados Unidos, Japón propinaría a China una derrota militar humillante. El futuro político de Xi depende de su capacidad para cumplir sus promesas de reforma, de modo que lo que menos necesita es una distracción externa (y ni hablar de una aventura militar que termine en desastre).
Así que en 2014, hay mucho en juego para Xi y para China. Y por eso mismo, para el resto del mundo.
Minxin Pei is Professor of Government at Claremont McKenna College and a non-resident senior fellow at the German Marshall Fund of the United States. Traducción: Esteban Flamini.