Los sacerdotes y los escribas formularon a Jesús una pregunta capciosa: ¿está permitido o no pagar tributo al César? Nuestra Constitución contesta de manera clara y taxativa, afirmando que todos los ciudadanos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad.
El valor supremo de la solidaridad está implícito en cualquier política tributaria que pueda establecerse dentro del marco constitucional. Las técnicas de recaudación admiten variantes, pero difícilmente pueden justificar la eliminación de conceptos tributarios, sin grave daño para el sostenimiento de las inversiones públicas.
Las teorías ultraliberales, asumidas por algunas opciones políticas que las presentan como oferta electoral, pretenden convertir al Estado en un espectador de lujo, contemplativo e incluso indiferente ante las sagradas leyes del mercado, único generador y recaudador de los beneficios.
Mientras el Estado no desaparezca, y no veo cuál pueda ser su alternativa, asume la tarea de desarrollar políticas que satisfagan sus ineludibles obligaciones y los correlativos derechos de los ciudadanos a la salud, educación, sanidad, vivienda, medioambiente y un largo catá- logo de beneficios sociales que constituyen compromisos constitucionalmente exigibles y son parte esencial de la dignidad de la persona humana.
Las épocas electorales son propicias para escuchar propuestas audaces y fórmulas imaginativas que ofrecen, como reclamo, la eliminación de impuestos o la reducción de los existentes. Habría que pensar en un compromiso democrático y ético que eliminase del debate electoral la exención, para algunos sectores de la sociedad, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este impuesto es algo más que un instrumento recaudatorio. Es el reflejo de la salud moral y ética de una sociedad que reivindica, como valor constitucional, la contribución, según su fortuna, al sostenimiento de las cargas públicas. En un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, tiene un papel relevante y prioritario la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
Los deberes tributarios no pueden ser condonados o eliminados sin grave riesgo para la solidaridad y el sentido del compromiso social. Se podrá discutir su regulación, pero no se puede olvidar, por imperativo constitucional, su igualdad y progresividad.
La propuesta del Partido Popular se ha centrado, de momento, en el sector de los llamados mileuristas. Este grupo está integrado, en su mayoría, por personas que han alcanzado estudios superiores y se ven reducidos, en sus primeros años, a desempeñar empleos cuya retribución se sitúa alrededor de los mil euros.
Sería razonable preguntarles si prefieren, pienso yo, que su retribución alcance niveles adecuados a su formación, tener acceso a viviendas subvencionadas en posesión temporal o en arrendamientos accesibles, mejores servicios de transporte, sanidad gratuita y de calidad y otras ventajas. La solución no pasa por excluirles de la cadena de solidaridad relegándoles a un papel, en cierto modo, discriminatorio sabiendo como saben que lo que verdaderamente necesitan del Estado no lo podrán recibir si se fomenta una conciencia tributaria laxa y se considera que el deber constitucional de pagar impuestos es un valor secundario del que se puede prescindir sin deteriorar la calidad de la democracia.
Habría que ser más cuidadosos con las ofertas tributarias en tiempo electoral, tratando a los posibles votantes como adultos responsables y no como objetivo de una fácil demagogia.
Las palabras son portadoras de mensajes que van más allá de su significado. El Partido Popular, sin perjuicio de cuál sea su decisión última, ha dicho que es mejor que los mileuristas se queden con una pingüe cantidad en sus bolsillos que entregarla en la ventanilla de Hacienda. No sé si habrán meditado sobre la carga demoledora que encierra esta argumentación.
Cuando la feria de las rebajas no había hecho más que comenzar, el presidente del Gobierno se descuelga con otra oferta también desconcertante. Quiere suprimir el impuesto sobre el patrimonio. No dudamos de que pueden existir dificultades técnicas para articularlo, pero abandonar la justa y equitativa regulación de un impuesto que alcanza a las grandes fortunas me parece una capitulación ante las indemostrables y fracasadas teorías de los ultraliberales. La supresión del impuesto de sucesiones afecta a la base del sistema tributario, al primar la riqueza adquirida no en virtud del esfuerzo propio, sino por tener una determinada relación con la persona que ha generado la riqueza.
La renta, el patrimonio, la transmisión de la riqueza y el consumo constituyen las bases inderogables sobre las que se asienta nuestro sistema tributario. El Tribunal Constitucional, nos recuerda que la justicia tributaria obliga a los poderes públicos a buscar la riqueza allí donde se encuentra, exigiendo el sostenimiento de los gastos públicos a todos los contribuyentes que tengan una capacidad económica susceptible de ser sometida a tributación.
José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito del Tribunal Supremo.