Los Veintiún Mandamientos

Los Veintiún Mandamientos

El martes, Torra bajó de la montaña de Montserrat y mostró al mundo las Tablas de la Ley. Son las que recogen los Veintiún Mandamientos que tendrá que obedecer el faraón de las bestias carroñeras si quiere seguir siéndolo. Pedro Sánchez las tenía desde hace dos meses, pero prefirió ocultárselo a los que están destinados a sufrirlas. Ahora entendemos por qué.

Se impone una glosa de urgencia que, a la vista de la descriptible profundidad de la Revelación, necesariamente tendrá que hacerse a golpe de obviedades:

Primero: No se puede gobernar contra Cataluña. Conforme con el mandamiento, aunque sorprende, porque al dictarlo, el señor Torra se está poniendo a sí mismo en pecado. Es precisamente eso, gobernar contra Cataluña, lo que llevan haciendo los suyos desde que un día decidieron envolverse en la estelada, azuzando el fuego soberanista, para negociar su impunidad a cambio de asegurar la vuelta a la Pax catalana.

Segundo: Reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, que se ha de hacer efectivo. No se puede reconocer lo que no existe. A no ser, naturalmente, que cuando la Asamblea General de Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia hablan de las dos únicas circunstancias que atribuyen tal derecho, colonia o minoría sojuzgada, se entienda que éstas ha de padecerlas no el que quiere irse, sino el que se quiere abandonar.

Tercero: Necesidad de una mediación internacional para una negociación de igual a igual. Diagnóstico acertado que implica, a sensu contrario, que no es necesaria una mediación internacional para una negociación que no sea de igual a igual. O sea, como la que se puede dar entre el Estado español y las Comunidades Autónomas que lo integran. Por ejemplo, Cataluña.

Cuarto: Respeto a la soberanía de las instituciones catalanas, y no amenazarla más con la aplicación del artículo 155. Sorprende (es un decir) la insistencia de los independentistas en construir su discurso sobre realidades que tan sólo habitan en su imaginación, a la vez que enternece la naturaleza tan pequeñoburguesa de sus fantasías. Pero, una vez más, no se puede respetar lo que no existe: no existe la soberanía del Consell de Garanties Estatutàries, ni la del Consell de l’Audiovisual de Catalunya; ni siquiera la del Consell Català per a la protecció de la botifarra. Sólo existe la soberanía del pueblo español. Y el artículo 155 no es una amenaza a la autonomía de Cataluña sino, antes al contrario, un instrumento previsto en la propia Constitución para defenderla a ella y al conjunto de los ciudadanos españoles que un día decidieron (también los catalanes) proteger su libertad con una norma común.

Quinto: Compromiso para investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña. Torra no debe preocuparse. Afortunadamente, este Mandamiento no se discute: uno de los hijos de Pujol ya está en la cárcel y Trapero parece que va camino de ella. Aunque la lentitud pueda exasperar a algunos, es un comienzo.

Sexto: Superar la vía judicial, que ha de abandonarse. Falta precisión. Superar la vía judicial, ¿hacía qué nivel más elevado? ¿Quizás al de una catarsis colectiva de los presos y fugados independentistas, expresada en un arrepentimiento sincero seguido de un harakiri grupal? Un tanto excesivo, pero podría asumirse.

Séptimo: Compromiso por la ética en la política. Se agradece el alto nivel de exigencia personal que Torra propone para los políticos, pero francamente resulta innecesaria. Innecesaria la ética, porque a los ciudadanos les resulta un tanto irrelevante cuál sea su rico mundo interior en cuanto a sus ideas del Bien y del Mal. A los ciudadanos les basta con que los políticos respeten el ordenamiento jurídico, o sea, que no roben, no retengan a secretarias judiciales, no destrocen coches de la Guardia Civil (ni se suban a ellos), no den golpes de Estado. E innecesario -afortunadamente- el compromiso, porque a los ciudadanos de esta España democrática también les basta con la garantía de las leyes y de los jueces que las aplican.

Octavo: Garantías de separación de poderes. Pese a Sánchez, resulta que los nueve están en la cárcel y su jefe fugado. Luego, Torra puede estar tranquilo: la separación de poderes goza de una excelente buena salud.

Noveno: Acabar con la limitación de derechos fundamentales. O sea, acabar con el adoctrinamiento y la eliminación del castellano en las aulas, con la ocupación ideológica del espacio público, con la permisividad con la que se trata a la violencia callejera de Arran y los CDR, con el acoso a los jueces, con la patrimonialización de la Administración, con el monopolio de la información… Si es así, no se puede estar más conforme con este Noveno Mandamiento; y, una vez más, le tomamos la palabra al señor Torra.

Décimo: El retroceso de la calidad democrática de España se ha de revertir. Convendría precisar cuál es el estándar de calidad democrática empleado para la evaluación. Si es el independentista, definitivamente optamos por que la calidad democrática de España guarde con él una relación inversamente proporcional.

Undécimo: Frenar el deterioro de la imagen internacional de España. Enternece la preocupación, pero no se comprende. Salvo alguna que otra voluntariosa sardana o casteller, soy incapaz de recordar ninguna gran manifestación que se hubiese celebrado en una ciudad europea a favor del proceso independentista y en contra de España. En todo caso, si habíamos quedado en que el Sr. Torra y los suyos se querían ir de España, ¿qué les importa entonces su imagen internacional?

Decimosegundo: Acabar con la complicidad de la policía y los jueces con la ultraderecha. ¿Qué policía cómplice?: ¿los Mossos, cuando traicionaron a sus compañeros, policías nacionales y guardias civiles, abandonándolos a su suerte el 1-O? ¿Qué jueces cómplices?: ¿Santiago Vidal, ideólogo máximo del entramado jurídico del secesionismo y coautor de la Carta Magna para la Catalunya lliure? ¿Qué ultraderecha?: ¿Junts per Catalunya, el partido apóstol de una Cataluña Una (uniforme en su lengua y fe independentista), Grande (la imperial de los Països Catalans) y Libre (separada del resto)?

Decimotercero: Garantizar la independencia judicial. Torra se repite. Véase la glosa al Octavo Mandamiento.

Decimocuarto: Garantías de respeto a los Derechos Humanos. Torra vuelve a repetirse. Véase la glosa al Noveno Mandamiento.

Decimoquinto: Admitir que la cultura franquista pervive y es incompatible con la democracia española. Como Juan Carlos Girauta recordó el otro día en el Congreso, el partido que incorporó a la inmensa mayoría de los alcaldes franquistas fue Convergencia. Luego, efectivamente, tal vez tenga razón Torra: la cultura de su partido, heredero directo de Convergencia, probablemente sea incompatible con la democracia española (en realidad, con cualquier democracia).

Decimosexto: Admitir que la indolencia con el fascismo, la impunidad de las actitudes fascistas tiene relación directa con la impunidad de los crímenes del franquismo. Más allá de fantasías sociológicas, esforzadas en la resurrección de ideologías-hombres del saco que llevan muertas ni se sabe, debe recordarse que lo único que tiene relación directa con la impunidad de los crímenes franquistas es la Ley de Amnistía de 1977, que fue aprobada por la inmensa mayoría del Congreso, comunistas y nacionalistas vascos y catalanes incluidos… Ley de Amnistía que tiene exactamente esa misma relación directa con la impunidad de los crímenes terroristas o con la impunidad de la matanza de Paracuellos y demás atrocidades perpetradas en el bando republicano.

Decimoséptimo: Compromiso de aislar y denunciar a los grupos neofascistas. Una vez más, se agradecería una mayor concreción: ¿aislar y denunciar a ERC, con su pasado de escamots o camisas verdes, organización paramilitar inspirada en los camisas negras del fascismo italiano? ¿O tal vez a la CUP, con su encubierto brazo callejero de Arran, esforzados imitadores adolescentes de la kale borroka?

Decimoctavo: Es incompatible con la democracia la existencia de privilegios derivados del franquismo. Sí, lo mismo que con la existencia de privilegios derivados del pujolismo (adjudicaciones de contratos públicos, comisiones, cuentas en Andorra, fraudes fiscales, impunidad…), con el pequeño matiz de que, a diferencia de aquellos, estos sí existen.

Decimonoveno: Iniciar un proceso explícito de desfranquización y un debate sobre la monarquía. En cuanto a la Monarquía, se comprende el ataque, puesto que fue la única institución del Estado, junto con el Poder Judicial, que hizo frente al golpe. Por lo demás, y dado el conocido axioma del independentismo de que todo constitucionalista es franquista por definición, la dificultad práctica de este ambicioso Mandamiento resulta evidente: no habría en España plazas públicas suficientes para albergar todos los autos de Fe que resultarían necesarios.

Vigésimo: Declarar la nulidad de los juicios franquistas como paso imprescindible de memoria histórica. Es decir, las Cortes en modo Tribunal Supremo, revisando y rescindiendo sentencias judiciales. Pero, una vez más, el incordio de la coherencia con sus aburridas exigencias: ¿dónde queda entonces el Octavo Mandamiento, con su vibrante llamamiento a garantizar la separación de poderes?

Vigesimoprimero: Hacer efectiva una política de fosas comunes. Asalta la duda: ¿mala redacción o traición del subconsciente? Si nos ponemos en lo peor, y aunque resulte inquietante tan desacomplejado desparpajo, al menos debe agradecérsele a Torra la sinceridad sobre sus intenciones y tan entrañable preocupación por el descanso eterno de los que hemos de llenarlas.

Aquí termina lo que dijo Torra el martes. Este domingo le contestarán los españoles.

Marcial Martelo de la Maza es abogado y doctor en Derecho.

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