Los volcanes de Centroamérica

La leve franja de tierra que une América del Norte con Suramérica es uno de los lugares de la Tierra en donde existe una mayor concentración de volcanes. Muchos de los volcanes están en perenne erupción y, en estos momentos, la agitación sísmica ha llegado a las esferas políticas que tradicionalmente han ostentado el poder, inseguras y nerviosas ante el avance imparable de fuerzas sociales calificadas despectivamente de «populistas». El primer movimiento sísmico político ocurrió en Guatemala. En una perfecta planificación, los sectores próximos al omnipresente golpista Ríos Montt le tendieron una trampa al abogado Rosenberg. El cálculo les salió mal. Sus mentores le grabaron un vídeo y él dejó una carta imputando su posible muerte a los círculos cercanos al presidente de la República. Apenas habían transcurrido 48 horas desde que se grabó el vídeo y los negros presagios se materializaron. Rosenberg fue asesinado cuando paseaba en bicicleta, ajeno a cualquier peligro y sin escolta.

El presidente Colom aparecía señalado directamente. Las clases dirigentes se pusieron al frente de las movilizaciones que se decían populares. El Ejército estaba expectante. Habían pasado las épocas del intervencionismo y no sabían cómo reaccionaría la Administración de Obama. La movilización de los sectores políticos populares, a los que no engañó con tan burda treta, paralizó las tentaciones golpistas.

La situación de Honduras es mucho más preocupante. El día 28 se cumplirán dos meses del golpe militar y el principio de no intervención se consolida. La táctica es conocida y vivida en nuestro país hace ya muchos años. Se trata de ganar tiempo y de implantar una política de hechos consumados que coloque al presidente derrocado Zelaya en la paradójica situación de insurgente. Todo viejo y conocido. Zelaya convocó un referendo no vinculante para sondear la opinión de los que quisiesen participar, sobre una posible reelección que, obviamente, la Constitución hondureña no contempla. El artículo cuatro establece que la alternatividad en el ejercicio de la presidencia es obligatoria y que la infracción de esta norma constituye un delito de traición a la patria. La Corte Suprema tiene como atribuciones, entre otras, conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado, entre ellos los que afectan al presidente.

Todos los altos cargos y funcionarios tienen la obligación de restablecer inmediatamente el imperio de la Constitución. Las Fuerzas Armadas deben, entre otras misiones, defender este imperio y asegurar la alternatividad en el ejercicio de la presidencia. Es el presidente de la República el que ejerce el mando directo de las Fuerzas Armadas en su carácter de comandante general.
Un analista estadounidense, James Cook Craft, ha sostenido que el golpe «actualmente en proceso en Honduras es un golpe duro acompañado por varios intentos vanos de parecer blando y constitucionalista. Detrás del golpe hay varias fuerzas sociales, económicas y políticas, de las cuales la más importante es la Administración del presidente Barack Obama. Ningún cambio importante puede ocurrir en Honduras sin la aprobación de Washington. La oligarquía hondureña y las corporaciones transnacionales (bananeras, farmacéuticas) están defendiendo sus intereses como siempre han hecho con un golpe militar. La condena a Micheletti y un papel principal en el restablecimiento de la democracia en Honduras; es el momento de la verdad para Obama».
Si el presidente ha cometido el delito de alta traición, aspecto cuestionable jurídicamente si tenemos en cuenta que no se trataba de una consulta vinculante sino exploratoria, la Corte Suprema debe poner en marcha los cauces constitucionales y someterlo a enjuiciamiento, abriendo a la opinión internacional la fiscalización del proceso y la posibilidad de aportar informes jurídicos que en el mundo de los procesos se conocen como amicus curiae. Para poder ser enjuiciado tendrá que serle restituida su condición de presidente, si no la Corte no sería competente. La Corte Suprema no puede actuar en el marco de una Constitución conculcada que la priva también a ella de sus propias competencias. En este momento, Honduras es un Estado aconstitucional.

La vuelta a la normalidad deberá ir seguida de una exigencia de responsabilidades a los mandos del Ejército que allanaron por la fuerza el domicilio del presidente, rompiendo irreversiblemente el orden constitucional. El vicepresidente Micheletti también debe responder de este atentado constitucional. El diálogo supervisado por el presidente Arias, de Costa Rica, ha fracasado hasta el momento presente y los españoles sabemos, por experiencia, que los golpes militares se consolidan irremediablemente por el paso del tiempo.
La demora en el retorno a la legalidad solo empeora la situación política. La sangre derramada será culpa de los golpistas. Que el presidente Obama reciba al presidente depuesto sería una firme base para enderezar la situación, que puede volverse incontrolable y de efectos imprevistos para el pueblo hondureño y para la estabilidad de la región, incluidos todos los países hasta el Cono Sur.
Por si la situación no fuera ya explosiva, siete nuevos volcanes, en forma de bases militares, se han unido en Colombia a los que ha creado la naturaleza. A pesar de todo, sigo confiando en Obama.

José Antonio Martín Pallín, Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.