La propaganda independentista sostiene que las pensiones mejorarían en una Cataluña separada de España. Sus argumentos son simples. Nuestro modelo de Seguridad Social es de reparto, se basa en las aportaciones de los trabajadores en activo. De este modo, si la sostenibilidad del sistema dependiese de los cotizantes de ahora, una hipotética Cataluña independiente podría disfrutar de una Seguridad Social más saneada porque porcentualmente el número de desempleados es menor en esta comunidad que en el conjunto de España y los salarios son más altos. La ecuación es perfecta: más trabajadores con unas bases de cotización superiores permiten pagar mejores prestaciones. Si a esto se añade —y no es una cuestión baladí— que la independencia acabaría con el lastre de la cuota de solidaridad con el resto de España, el negocio parece redondo.
A esta tesis se han abonado “expertos tan cualificados” como Karmele Marchante, Juanjo Puigcorbé, sor Lucía Caram y el cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, en un reciente vídeo producido por Òmnium Cultural y la ANC. No es casual que el vídeo se haya rodado íntegramente en castellano. La estrategia independentista pasa por atraer a los votantes renuentes para que pierdan los miedos y abracen su causa.
El vídeo es estomagante. Combina el descrédito de la Seguridad Social española —calificada como franquista y “fondo de buitres”— con la exaltación de las ventajas de la implantación de un nuevo modelo solo “para los de aquí”, en referencia a los catalanes. Sorprende este lenguaje en personas que se reclaman inequívocamente de izquierdas y solidarias. El planteamiento no se aparta del patrón clásico de la supremacía nacionalista: la Seguridad Social funcionaría mejor porque los catalanes trabajan y gestionan más eficazmente que los españoles. En la lotería independentista, el riesgo es cero. Siempre toca. ¿Es así? Es evidente que no.
Jugar con mentiras en un tema tan esencial como el de las pensiones es insensato y perjudica a todos los beneficiarios del sistema sin distinción de origen regional. La sostenibilidad de la Seguridad Social depende de la concatenación de un complicado factor demográfico con una incierta evolución del mercado de trabajo. Esta situación exigirá ineludiblemente la adopción de nuevas medidas de corrección, tanto en el marco de la contribución económica (cotizaciones e impuestos) como en el de las prestaciones (modificación de los requisitos de acceso). Las reformas deben hacerse desde el rigor y con el máximo consenso entre las formaciones políticas y los agentes sociales. Añadir a los riesgos conocidos una nueva variable complicará la viabilidad del sistema. El desequilibrio independentista puede hacer saltar por los aires un modelo que, con sus imperfecciones, ha funcionado razonablemente bien.
Salirse por las bravas para jugar solos es incompatible con las maravillas que promete el separatismo. Por el contrario, es una apuesta segura a favor de la pérdida de miles de puestos de trabajo con la consiguiente disminución de cotizantes. La creación unilateral de una nueva frontera entre Cataluña y la Unión Europea conllevaría empobrecimiento, despoblación y envejecimiento demográfico para Cataluña, lo que se traduciría en peores pensiones.
Pero, al margen de las consecuencias que sobre el PIB tendría situar al nuevo Estado fuera del Derecho Internacional, nuestros perseverantes separatistas no abordan las consecuencias que tiene su atrevimiento en el ámbito de la gestión institucional de la Seguridad Social. La macroeconomía es trascendental, pero el éxito del sistema también depende de que funcione la recaudación y de la implantación de ágiles y eficaces procedimientos de reconocimiento de las prestaciones. De ellos cuelgan los derechos de los pensionistas actuales y futuros, de los jóvenes que cursan estudios en el extranjero, de las viudas y de los huérfanos, de los que han sufrido un accidente laboral y tienen lesiones irreversibles, de los que están próximos a la jubilación y esperan conocer el resultado de su vida laboral, de los que perciben su pensión fuera de Cataluña y de aquellos otros que están pendientes de su prestación de invalidez. Para estas personas, la seguridad jurídica es imprescindible y nuestros independentistas les piden que se lancen al vacío de un futuro incierto y que, además, no tengan miedo.
El conglomerado independentista solo ofrece generalidades e ilusiones. Tendrían que ser conscientes de que están jugando con la vida de muchas personas y de que equivocados cambios normativos pueden aniquilar sus expectativas. Parecen desconocer que en un sistema de Seguridad Social es esencial regular correctamente la fórmula de financiación, los sujetos protegidos, la determinación de las prestaciones, los requisitos para causar derecho a ellas, el alcance de la responsabilidad de los empresarios… ¿Todos los que promueven la independencia defienden el mismo modelo? Es deshonesto tratar de embarcar a todo un pueblo en un proyecto, no dar respuesta a las preguntas clave y eludir los ángulos peligrosos. Limitarse a decir que nos va a tocar la lotería es tramposo.
¿Acaso sabemos cómo se calcularían las pensiones en la Cataluña independiente? ¿Cómo se pagarían? ¿Si se mantendría el mismo nivel de protección social? ¿Si se cobraría la pensión actual o se recalcularía? ¿Si la gestión de la Seguridad Social sería pública o privada? ¿Si se favorecerían los planes de pensiones privados? ¿Cuánto tiempo tardaría la Administración en reconocer las prestaciones? ¿Qué pasaría con las cotizaciones de las personas que se vayan a trabajar fuera de Cataluña? ¿Qué efectos tendría la no aplicación en Cataluña de los Reglamentos de la Unión Europea de Seguridad Social? ¿Tendrían derecho a la tarjeta sanitaria europea los catalanes que viajen al extranjero por turismo o estudios? ¿Qué consecuencias tendría la ausencia de convenios recíprocos entre países para los trabajadores extranjeros en Cataluña y para los catalanes que coticen en el extranjero? ¿Y las mutuas de accidentes de trabajo reducirían o ampliarían su campo de actuación? ¿Se mantendría la misma cobertura para los trabajadores en los accidentes laborales? ¿Cambiarían las prestaciones de muerte y supervivencia? ¿Se potenciarían o limitarían los planes de prejubilación de las empresas? ¿Cómo quedaría el régimen de clases pasivas de los funcionarios? ¿Los trabajadores autónomos pagarían más cotizaciones? ¿Se modificaría la cobertura del desempleo?
El actual sistema de protección social español es fruto de la solidaridad intergeneracional de miles de trabajadores que no miran la nacionalidad de sus beneficiarios. No merece ser cuestionado de forma superficial e irresponsable por la delirante propaganda independentista catalana.
José Domingo es letrado de la Administración de la Seguridad Social.