La descripción de los problemas latinoamericanos se ha convertido en un tópico inevitable cuando se analiza la región. Todos comenzamos nuestras propuestas de futuro señalando previamente media docena de claves estructurales que lastran a la mayoría de los países de América Latina. La pandemia los ha agudizado casi todos, añadiendo nuevas dificultades económico-financieras para que los Estados reciban ayudas de las instituciones financieras internacionales y hagan frente a esta catástrofe, más grave en América Latina que en ningún otro continente.
Hay, sin embargo, algunas luces que están surgiendo en varios países y que están generando movimientos políticos esperanzadores. Chile, Perú, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Colombia, Cuba… están protagonizando diferentes conflictos con un denominador común: juventud urbana, organizaciones sociales de distinto signo, líderes de opinión, artistas, etcétera, empoderados todos ellos en las redes sociales y decididos a cambiar situaciones políticas anquilosadas en injusticias estructurales o simplemente convocados a rechazar componendas partidarias o corrupciones insoportables.
Son muy leves todavía. No puede decirse que constituyan un movimiento imparable, pero denotan rasgos comunes. Se trata de universitarios concienciados por la situación política del país, hijos de nuevas clases medias surgidas en las últimas décadas, conectados con el mundo a través de Internet, y portadores de impulsos éticos contra situaciones políticas o socioeconómicas injustas. Dispuestos a cambiar las bases estructurales de sus países. Pueden protestar contra las limitaciones políticas del pospinochetismo o contra el sistema partidario del Perú o contra la violencia en Colombia o contra la falta de libertades en Cuba y en Nicaragua. No los organizan los partidos políticos. Su activismo es al margen de ellos o incluso en su contra. No tienen un fuerte soporte ideológico, salvo en Chile quizás. Es más, su protesta es antagónica según sea el perfil político de sus Gobiernos: neoliberal en Colombia o comunista en Managua o La Habana. Pero sus ansias de libertad, democracia, Estado de derecho y justicia social son evidentes.
En Chile han sido capaces de acabar con un sistema democrático tutelado y limitado, forzando al Gobierno a un complejo mecanismo de refundación constitucional. La chispa la encendió una circunstancia colateral, el precio del billete de metro de Santiago, pero, finalmente, han ganado por mayoría abrumadora el referéndum para la elaboración de una nueva Ley Fundamental. En Perú, obligaron a dimitir a un presidente interino fruto de intereses espurios de los partidos que dominan la Cámara, y está por ver si de las elecciones de abril de 2021 no surge con fuerza la renovación del marco constitucional que ideó Fujimori. En Ecuador, quizás una protesta más sectorial, los transportistas autónomos obligaron al Gobierno a retirar la subida del precio del combustible. En Bogotá las protestas afectan al proceso de paz y a los reiterados asesinatos de líderes sociales o defensores de los derechos humanos. Las protestas en las tres grandes ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali, han agrupado a gran parte de la sociedad colombiana. En Nicaragua los jóvenes quieren simplemente democracia. ¿Y en Cuba? Cuba es otra cosa, lo sabemos, pero las protestas del Movimiento San Isidro (MSI) acabaron en una negociación con el Gobierno cuando cientos de personas se concentraron frente al Ministerio de Cultura en reivindicación de libertad de expresión, derecho al disenso y cese de la represión. También aquí es un impulso cívico surgido de un pensamiento crítico en esferas artísticas y jóvenes que se extiende en Internet y que clama contra circunstancias bien conocidas.
Los próximos años serán duros, una vez más, para América Latina. El deterioro de sus economías aumentará la pobreza y la desigualdad. El malestar con la precariedad de su protección social y la desconfianza ciudadana hacia partidos e instituciones impulsarán protestas y movimientos sociales alternativos. Todo ello en un contexto de enormes fracturas políticas en el interior de los países y tendencias polarizantes muy peligrosas. Parece como si la política latinoamericana estuviera condenada a moverse sobre los extremos del tablero ideológico y experiencias ya fracasadas. Muchos países necesitan un viaje a la centralidad social, abandonando populismos a derecha e izquierda, consolidando sus democracias y reforzando el Estado de derecho como condición previa para el crecimiento, la cohesión y el bienestar social.
Muchos partidos políticos en muchos países de América Latina necesitan ser renovados por estos impulsos cívicos que están surgiendo en la nueva sociedad latinoamericana. Muchos dirigentes políticos necesitan conectar y escuchar a esta sociedad dinámica y exigente, e integrar a sus líderes en los puestos de representación y en sus estructuras orgánicas. La clave de estos fenómenos será que los sistemas políticos sean capaces de asumir e integrar estos impulsos críticos. El ejemplo chileno es el más paradigmático porque ha dado lugar a una transformación del marco jurídico-político, pero en muchos países de América Latina su influencia puede ser determinante en las elecciones del periodo 2021-2022 en el que cambiarán casi todos los Gobiernos de América Latina.
Ramón Jáuregui es presidente de la Fundación Euroamérica.