Tema: Se plantean numerosos interrogantes sobre el nuevo período que ha comenzado en Egipto, repleto de incertidumbres.
Resumen: Con la caída de Hosni Mubarak se inicia una nueva etapa en Egipto llena de esperanzas pero también de incertidumbres. La presión de la calle se hizo insostenible después de 18 días de protestas y el rais tuvo finalmente que renunciar al poder. Durante este período, sin embargo, no sólo ha tenido lugar un enfrentamiento entre la sociedad egipcia y el dirigente que había regido sus destinos durante 30 años, sino también un pulso dentro del régimen que ha permitido dirimir tensiones internas y crear una nueva correlación de fuerzas que puede condicionar el desarrollo del proceso de transición.
Análisis
La gestión de la transición
La espina dorsal del régimen egipcio está formada por una alianza entre la cúpula militar y unas elites civiles vinculadas tanto al sector público dependiente del Estado, como al sector privado que se ha ido desarrollando al hilo de las políticas de apertura económica, o infitah, y de los procesos de privatización. Estos procesos liberalizadores permitieron la incorporación de una nueva generación de empresarios y también de tecnócratas al gobierno y a las estructuras del Partido Nacional Democrático (PND). Este último constituye prácticamente un partido-Estado y es heredero de la Unión Socialista Árabe creada por Gamal Abdel Nasser en 1962. Las diferencias en el interior del régimen, con intereses no siempre coincidentes, afloraron en 2003 cuando comenzó a deteriorarse la salud de Mubarak, sin que estuviera definida claramente su sucesión. La aparición en la vida política de su hijo Gamal alimentó los rumores sobre una posible “sucesión hereditaria”, mal vista tanto por la cúpula militar como por la vieja guardia del PND, la cual había visto con inquietud su llegada al recién creado Comité de Políticas del partido en 2002. Este escenario sucesorio generaba asimismo un rechazo amplio en todas las fuerzas de oposición y también entre la opinión pública.
Las primeras concesiones realizadas tras el desencadenamiento de las protestas antiautoritarias el pasado 25 de enero, apuntaban a que los sectores de la vieja guardia pro-Mubarak estarían sacando partido de las mismas para reforzar sus posiciones, en un momento en el que todavía creían que era posible una salida de la crisis pilotada por Mubarak, a través de la activación, una vez más, de un proceso de reformas desde arriba (top-down). En esta dirección se inscribe, por ejemplo, la remodelación del gobierno anunciada durante el primero de los discursos de Mubarak, que se tradujo en la salida del gabinete de los ministros vinculados a la elite empresarial y tecnocrática bien relacionados con Gamal Mubarak, en contraste con el mantenimiento e incorporación de otros miembros de la cúpula militar como el general Ahmed Shafiq, nuevo primer ministro. El declive de este sector integrado por hombres de negocios quedó de relieve una semana después cuando la cúpula del PND se vio obligada a dimitir, incluido el secretario del Comité de Políticas, Gamal Mubarak.
El desarrollo de las protestas ha servido también para construir una imagen del Ejército como actor neutral con legitimidad para dirigir el proceso de transición. Aunque muy vinculado al régimen, del que ha sido uno de sus pilares, su negativa a utilizar la fuerza contra los manifestantes, al tiempo que reconocía sus derechos legítimos, ha dotado de una legitimidad renovada a una institución que, si bien había gozado del reconocimiento popular por su papel en la guerra de 1973, había visto cómo su imagen se deterioraba por su apoyo a la política de normalización con Israel, ampliamente rechazada por la opinión pública, así como por su implicación en asuntos de corrupción.
La cúpula militar, sin embargo, no es un actor homogéneo. En su seno existen sectores y tendencias, tanto por motivos generacionales como ideológicos. Junto a una generación con estancias en la URSS y que participó en las guerras contra Israel, hay otra más joven, formada en academias estadounidenses y presumiblemente mejor preparada para aceptar la transformación del régimen. El cuerpo de adscripción (Ejército del Aire, Guardia Presidencial, etc.) o su actitud ante el orden establecido y los cambios, son también otra fuente de diferencias. Más allá de éstas, la cúpula militar ha intentado buscar una salida colegiada a las protestas, que refuerce su imagen y su papel como actor ineludible en el período post Mubarak. Dos factores han podido influir en los intentos por presentar una fachada unitaria de la cúpula militar: el mantenimiento de los privilegios económicos de los que se han beneficiado durante las últimas décadas los altos oficiales, y las presiones estadounidenses.
La designación como primer vicepresidente en 30 años y, por tanto, candidato a la sucesión de Mubarak, del general Omar Suleyman, jefe de los Servicios Secretos, confirmó el peso que la vieja guardia militar estaba ganando como consecuencia de las protestas. Fue él quien, quizá por su experiencia como mediador en las negociaciones entre palestinos e israelíes y entre distintas facciones palestinas, recibió el encargo de mantener el único encuentro celebrado con miembros de la oposición, incluida la organización ilegal pero tolerada de los Hermanos Musulmanes, entre los que, sin embargo, quedaron infra-representados los sectores jóvenes impulsores de las protestas. La escenificación de las últimas horas de Mubarak apunta, sin embargo, a que las tensiones entre los miembros de la cúpula militar y el entorno de Mubarak habían comenzado a aflorar entonces. El anuncio de un primer comunicado por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, órgano fantasma que únicamente se había reunido en las décadas anteriores en período de guerra, reflejaba la voluntad de la cúpula militar por tener voz propia ante unas protestas que no sólo no se desactivaban sino que crecían en número, geografía y sectores sociales participantes.
Es relevante recordar que en esa primera reunión del Consejo no estuvieron presentes ni el presidente Mubarak ni el vicepresidente Omar Suleyman, señal inequívoca de que el proceso de ruptura con Mubarak se estaba acelerando dentro del régimen. En el primer comunicado del Consejo, emitido la víspera de la renuncia de Mubarak, se apoyaban claramente las “legítimas aspiraciones del pueblo”, mensaje que fue reiterado directamente en la plaza de Tahrir, epicentro de la revuelta, por el comandante Roweini, al mando de la zona militar central y también miembro del Consejo. La posición de la cúpula militar se decantaba ya por la salida de Mubarak.
El decepcionante tercer y último discurso con el que Mubarak intentó in extremis la noche del 10 de febrero desactivar una protesta ya imparable, reflejó su intento desesperado de seguir al mando, y presionado por su hijo Gamal, quien habría influido para que su padre reescribiera el discurso en un sentido diferente al esperado tanto por la cúpula militar como por EEUU. La alocución pronunciada pocos minutos después por el vicepresidente Omar Suleyman, a quien Mubarak acababa de delegar algunas de sus atribuciones como presidente, situaba a éste al lado de Mubarak y le alejaba de la salida que la cúpula militar estaba buscando a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Este último habría estado buscando una salida colegiada que respetara la jerarquía militar y reforzara su papel como actor clave en la construcción del Egipto post-Mubarak. Para ello, forzaron a través de un “golpe blando” la renuncia de Mubarak y la transferencia de poderes a una junta militar cuyas primeras decisiones se han ido produciendo con cuentagotas.
Los retos de la transición
La magnitud de las expectativas generadas y las ambigüedades con las que el proceso ha comenzado plantean interrogantes sobre su desarrollo. Exceptuando la salida de Mubarak, la hoja de ruta que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas plantea ha buscado, por un lado, tranquilizar a sus socios preferentes, EEUU e Israel, “comprometiéndose con todas las obligaciones regionales e internacionales y los tratados”, en clara referencia al tratado de paz firmado con Israel en 1979. Por otro lado, las primeras decisiones son aún más ambivalentes: anuncio de la disolución de las dos cámaras del Parlamento egipcio, pero no de los consejos provinciales; suspensión de la actual Constitución y creación de un comité encargado de reformar algunos de sus artículos y ratificarla a través de un referéndum dentro de dos meses; y finalmente, con la Constitución reformada, la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales en un plazo de seis meses. La junta militar ha manifestado su intención de no presentar un candidato militar a las próximas elecciones presidenciales, lo que situaría como presidente de Egipto a un civil. Con este anuncio, la cúpula intenta lanzar un mensaje tranquilizador con el que neutralizar los temores que comienzan a surgir entre los actores de la revuelta. El mantenimiento del último gobierno nombrado por Mubarak resulta igualmente muy ambiguo.
Asimismo, faltan pasos claros por dar, como la suspensión del estado de emergencia. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha anunciado que no será suspendido hasta dentro de seis meses, tras las convocatorias electorales, un período de tiempo que los opositores al régimen consideran demasiado largo y que podría impedir el buen desarrollo de este período de transición. Respecto a la liberación de los presos políticos, el primer ministro, Ahmed Shafiq, anunció que se liberaría a 222 presos de un total que él cuantificó en 487, detenidos en su mayoría antes de las protestas. Esta cifra es muy inferior a la barajada por las organizaciones de defensa de derechos humanos que consideran que en las cárceles egipcias hay miles de detenidos sin cargos debido a la ley de estado de emergencia y que podrían considerarse presos políticos. Otro punto que todavía no ha sido abordado por la junta militar es el de la reforma de la ley de partidos, esencial para clarificar el campo político.
El Ejército se presenta como una estructura organizada frente a un campo de oposición fragmentado, que ha dado muestras de civismo y de compartir un objetivo común, expulsar a Mubarak, pero que ahora afronta el reto de organizarse frente al proceso de transición. De momento, no parece sencillo que pueda constituirse una “platajunta” que agrupe a los diversos sectores del proceso actual, aunque seguramente ésta será necesaria para asegurar el buen desarrollo de dicho proceso. Una revuelta como ésta, sin liderazgo claro y democratizada por las oportunidades de expresar opiniones que las redes sociales proporcionan, se enfrenta al reto de articular liderazgos.
El primer intento de crear una plataforma alternativa al régimen se remonta a 2003, en el marco de la Freedom Agenda para Oriente Medio lanzada por la Administración Bush. “El movimiento egipcio por el cambio”, más conocido como Kifaya (“¡Basta!”), es un ejemplo de colaboración entre sectores ideológicos diversos agrupados en torno a objetivos comunes: el final del mandato de Mubarak, del monopolio del Partido Nacional Democrático y de la ley de estado de excepción, entre otros. Esta cultura de la colaboración, gestada en movilizaciones toleradas por el régimen a favor de la causa palestina o contra la guerra de Irak, puede marcar un precedente para esta fase.
Las movilizaciones que han acabado con Mubarak reúnen un tejido de grupos diversos tanto ideológica como generacionalmente. Un ejemplo de estos grupos es el denominado “Jóvenes 6 de abril”, que está en el origen de las movilizaciones que fueron convocadas para el “día de la ira”, el 25 de enero, a través de la red social Facebook. Los integrantes de este grupo conectan mejor con las inquietudes y demandas de los sectores sociales no favorecidos por el modelo de gobierno autoritario con el que el régimen ha regido los asuntos del país durante las últimas tres décadas. El nombre del grupo hace referencia a la huelga general convocada el 6 de abril de 2008 en apoyo a los trabajadores del textil de Mahalla al-Kubra y en protesta por el aumento del precio de los alimentos y por la gestión del presidente Mubarak. La particularidad de esta jornada de huelga estuvo en su forma de ser convocada y en la composición de quienes la convocaron, un grupo de jóvenes a través de Facebook. El grupo, apoyado por Kifaya, alcanzó en pocos días los 70.000 simpatizantes y a mediados de 2010 contaba con cerca de 82.000 seguidores. Desde entonces, estos jóvenes no han abandonado las protestas y su discurso se ha ido radicalizando, convirtiéndose en una de las plataformas de oposición al régimen más activas en el país, quizá por haber sabido explotar al máximo el potencial de la red como nueva herramienta de movilización política.
Junto a los “Jóvenes 6 de abril”, también estuvo detrás de las protestas el grupo “Todos somos Jaled Said” (www.facebook.com/elshaheeed.co.uk; www.elshaheeed.co.uk). Esta página web y su respectivo perfil en Facebook fueron creados tras el brutal asesinato en Alejandría del joven Jaled Said a manos de la policía en junio de 2010. Este suceso ya tuvo una respuesta, entonces limitada, entre los sectores más activos de la sociedad. A remolque de estos dos grupos se fueron uniendo tanto los miembros de Kifaya como los de la “Asociación Nacional por el Cambio”, otra plataforma inter-generacional creada en apoyo del proyecto opositor del diplomático egipcio y antiguo director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed El Baradei.
Vinculadas a estas plataformas han surgido figuras individuales, como el propio Mohamed El Baradei, cuya irrupción en febrero de 2010 consiguió revitalizar la escena política egipcia con su proyecto de regeneración política. Su presentación como posible candidato presidencial planteó un nuevo reto al presidente Mubarak y alimentó la ilusión, entre un número considerable de egipcios, de que el cambio político en Egipto podía llegar a producirse, a pesar de que las estructuras de poder estuvieran demasiado afianzadas y de que la oposición fuera débil y se encontrase muy fragmentada. Su base social de apoyos es todavía limitada y se centra en sectores de jóvenes y de egipcios residentes en el extranjero, enfrentándose así al reto de ampliar su base de apoyo popular y al desafío de ser capaz de tejer alianzas con otros actores de la oposición. El Baradei se sumó a las protestas tres días después de que empezaran, algo que los egipcios le echaron en cara, al igual que sus largas estancias en el extranjero, y ha declarado su intención de presentarse a las próximas elecciones presidenciales si los jóvenes se lo pidiesen. Otra figura destacada, aunque no esté ligada a ninguna plataforma, es el secretario general de la Liga Árabe, Amr Mussa, quien, aun habiendo sido ministro de Asuntos Exteriores bajo el régimen de Mubarak, cuenta con respaldo popular en el caso de que finalmente se presentase a las elecciones presidenciales.
Otro nombre que ha surgido durante las protestas y que el propio régimen convirtió en líder, sin que ésta fuera su intención, sino más bien al contrario, fue el ejecutivo de Google y administrador de la página web en árabe “Todos somos Jaled Said”, Wael Ghonim, que fue detenido por las fuerzas de seguridad el 28 de enero y pasó 12 días arrestado en paradero desconocido. Sus palabras en un programa de un canal privado de televisión, nada más ser liberado, declarando que los jóvenes no eran los culpables de las muertes producidas durante las protestas y responsabilizando al régimen de la represión, le convirtió en un líder aclamado en la plaza de Tahrir. Tras la caída de Mubarak, se ha convertido en uno de los portavoces del movimiento de jóvenes que protagonizaron las protestas, asistiendo incluso a una reunión con miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para conocer la hoja de ruta de los militares durante este período. No obstante, Ghonim corre el riesgo de asumir demasiado protagonismo y chocar con el resto de plataformas juveniles que se han desmarcado totalmente de los partidos tradicionales.
Precisamente, en lo que respecta a los partidos políticos tradicionales con representación parlamentaria, como el Wafd o el Tagammu, éstos han salido debilitados por no haber encabezado las protestas. No han sido promotores ni canalizadores de las movilizaciones, aunque sí aceptaron la invitación de diálogo presentada por Suleyman, reuniéndose con él bajo la imagen del todavía presidente Hosni Mubarak. El líder del partido liberal Al-Ghad, Ayman Nour, que participó activamente en las manifestaciones de protesta, no fue invitado a dicha reunión, como tampoco lo fue Mohamed El Baradei. Todavía en ese momento era el régimen quien decidía con quién dialogar y escogía a sus interlocutores.
A quien sí invitó el régimen a la negociación fue a la organización de los Hermanos Musulmanes, en un intento de dar muestras de aperturismo de cara al exterior. Los Hermanos Musulmanes aceptaron la invitación, en consonancia con su tradicional postura de “voluntad pactista” y de no confrontación directa con el régimen. La organización de los Hermanos Musulmanes, a pesar de haber apostado por la participación política –entre 2005 y 2010 fue la principal fuerza de oposición en el Parlamento al obtener 88 escaños– y quizá como reacción preventiva para evitar su represión, ha adoptado tradicionalmente posiciones ambiguas, evitando liderar los espacios de la protesta social. No son partidarios de la movilización de masas aunque sí han intentado controlar, sin embargo, los espacios institucionalizados de la sociedad civil que el régimen, de alguna forma, ha tolerado –colegios profesionales y uniones de estudiantes en las universidades– y no han renunciado tampoco a participar activamente en protestas vinculadas a la causa palestina o Irak, con una dimensión transnacional vinculada con el registro de legitimidad de base islámica.
Los Hermanos Musulmanes se sumaron tarde a la protesta y mantuvieron un perfil bajo, quizá debido a su miedo a la represión o por haber vivido una crisis interna que dio lugar en 2010 a un cambio de liderazgo con la sustitución como guía de la organización de Mahdi Akef por Mohamed Badia, cuya carrera se había centrado más en la predicación y la educación que en el activismo político. Ante el período de transición, los Hermanos Musulmanes se están posicionando lanzando mensajes tranquilizadores a la comunidad internacional, en los que aseguran que mantendrán los acuerdos de paz firmados por Egipto con Israel en el caso de que llegasen a gobernar. También han afirmado su intención de constituirse en partido político una vez se haya reformado la Constitución y de no presentar un candidato a las elecciones presidenciales.
Para contrarrestar el riesgo de que la ausencia de un liderazgo pudiera diluir la representación de los valores defendidos por los manifestantes de la plaza de Tahrir, la coalición “Jóvenes 25 de enero” ha dejado abierta la puerta a la adhesión de nuevos miembros. Por el momento, son 14 los miembros que la componen, de todo signo ideológico: los hay de la “Asamblea Nacional por el Cambio”, de “Jóvenes 6 de abril”, de las bases de los Hermanos Musulmanes, del “Frente Democrático y de la Juventud para la Justicia y la Libertad”, además de activistas independientes, como el ya mencionado Wael Ghonim. Esta coalición, junto a otros líderes de la oposición, como Mohamed El Baltagui, de los Hermanos Musulmanes o George Isaac de “Kifaya”, publicaron un comunicado, horas antes del último discurso de Mubarak como presidente, en el que reclamaban lo siguiente: el fin de la ley de emergencia, la liberación de los presos políticos, la formación de un consejo y de un gobierno de amplia base, la disolución de las dos cámaras del Parlamento, la redacción de una nueva Constitución, asegurar la libertad de prensa y la formación de partidos políticos de base civil, democrática y pacífica, la investigación de la corrupción endémica que sufre el país y juzgar a los responsables de la muerte de más de 300 manifestantes. El propio Wael Ghonim ha declarado su intención de transformar la plataforma “Jóvenes 25 de enero” en un partido político.
Conclusión
Nuevos desafíos
Se plantean numerosos interrogantes sobre el nuevo período que ha comenzado repleto de incertidumbres. Parece complicado mantener un gobierno cuyas funciones resultan muy ambiguas, ya que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas puede gobernar por decreto militar. Si los militares de la vieja guardia se aferran al poder y no optan por cederlo a una junta cívico-militar o a un gobierno de transición de unidad nacional, como reclaman distintos actores de la oposición, podrán reactivarse las protestas y éstas ser reprimidas invocando la necesidad de llevar a cabo una “transición ordenada y tranquila”.
Habrá que esperar a ver el grado de resistencia dentro del régimen y si el PND se mantiene, es remozado o se disuelve, y, en el caso de seguir existiendo, qué papel jugaría en las elecciones legislativas y presidenciales anunciadas para dentro de seis meses. En principio, contaría con una implantación territorial en todo el país y con la experiencia proporcionada por haber dominado no sólo las dos cámaras del Parlamento, sino también los consejos provinciales durante 30 años.
La oposición, por su parte, afronta el reto de organizarse y de articular liderazgos para asegurar el buen desarrollo de este proceso de transición. De momento, los jóvenes promotores de la revuelta dieron un nuevo paso convocando el 18 de febrero, una semana después de la caída de Mubarak, una multitudinaria manifestación en la plaza de Tahrir bajo el nombre de “Viernes de la victoria”, con la que han mostrado no sólo el mantenimiento de su capacidad de convocatoria, sino también su voluntad de seguir presionando a la junta militar hasta que se vean cumplidas sus principales reivindicaciones, entre las que se encuentran de forma prioritaria la destitución del actual gabinete y la supresión del estado de excepción.
Por Bárbara Azaola Piazza, investigadora del Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas (GRESAM), Universidad de Castilla-La Mancha.