En el año 1999 la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, invitando a los gobiernos e instituciones nacionales e internacionales a organizar esa jornada actividades destinadas a fomentar la conciencia pública sobre esta lacra social. Se eligió este día para rendir homenaje a las tres hermanas Mirabal, torturadas y asesinadas por agentes del Servicio Militar de Inteligencia de la República Dominicana por defender los derechos de las mujeres y las libertades políticas durante la dictadura de Trujillo. Fueron encontradas el día 25 de noviembre de 1969 arrojadas en un precipicio, estranguladas, cubiertas de sangre y destrozadas a golpes. El triple asesinato fue considerado en aquel entonces el crimen más horripilante de la historia dominicana.
Este día es, pues, una jornada para realizar actos de solidaridad con las víctimas, pero también para hacer reflexiones. La violencia machista ha arrebatado la vida a 315 mujeres en los últimos seis años, asesinadas en el ámbito de la pareja o ex pareja. Sorprende que sea precisamente este espacio de las relaciones sentimentales que se inician por amor y afecto el que se convierta para muchas mujeres en un auténtico infierno y dolor. Treinta años de democracia no han sido suficientes para terminar con una de las manifestaciones más brutales de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y ello es así porque estamos ante un problema atávico y de carácter universal, que responde a una construcción social que ha potenciado un reparto desigual de las actividades productivas, creando unos roles sociales asignados en función del sexo. Es la pervivencia de los patrones culturales machistas, de discriminación hacia la mujer, la que explica la permisividad social durante muchos años ante la violencia masculina, que se ha convertido para algunos hombres en el instrumento más expeditivo para mantener relaciones de poder.
La última iniciativa legislativa aprobada por unanimidad en el Parlamento español para combatir este cáncer social fue la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, de 28 de diciembre de 2004. En un único texto legal se concentran todas aquellas soluciones que deben desplegarse desde distintos ámbitos de la sociedad: educativas, preventivas, sanitarias, contra la publicidad ilícita, además de las medidas sociales, asistenciales, de recuperación psicológica y de reinserción social de los condenados. Dos años después de la aplicación de esta ley, se ha de resaltar el papel relevante de la Justicia. Desde los juzgados de Violencia sobre la Mujer, con la especialización de jueces, fiscales, policías, abogados y funcionarios, se está otorgando una respuesta judicial hacia las víctimas de la violencia de género más eficaz, de mayor calidad y prioritaria. Se ha terminado con la dispersión judicial y con la descoordinación de la jurisdicción civil y penal. Asimismo se ha logrado una óptima coordinación de estos juzgados con el resto de administraciones públicas que han de proporcionar una respuesta integral. En estos dos primeros años se ha juzgado a 69.400 personas, de las cuales 50.086 han sido condenadas (el 72%), se han dictado 54.320 órdenes de protección (un 75% de las solicitadas) y se han resuelto 24.634 procedimientos civiles.
Pero nos falta todavía avanzar. Falta mayor implicación social. El asesinato en Alicante de Svetlana, una víctima de nacionalidad rusa, plantea la reflexión acerca de la vulneración de los códigos éticos de autorregulación periodística en los programas televisivos en los que se ventilan cuestiones personales que afectan a los derechos de intimidad e imagen de las personas afectadas, sin su previo consentimiento -al parecer ella acudió engañada-. El mínimo deber de diligencia de cualquier periodista es indagar si, además de un conflicto familiar, existe una situación de violencia de género. Y, en este último supuesto, la voluntad empresarial debería ser siempre inequívoca y rotunda: no le queremos en el programa. La Ley Integral prohíbe la mediación en estos casos. Los poderes públicos deben esforzarse para que los derechos de información y asistencia social integral lleguen a todos los rincones: seguimos manteniendo un promedio de un 75% de mujeres que previamente a su asesinato no habían denunciado ninguna situación de amenaza o maltrato y que, en consecuencia, no estaban protegidas. Se ha de dar un impulso al tratamiento y rehabilitación de los agresores, ingresen o no en prisión, para conseguir el fin constitucional de su reinserción social. Se han de comarcalizar los juzgados, a fin de crear más juzgados exclusivos -suprimiendo los compatibles- con competencias en varios partidos judiciales, con criterio de proximidad territorial y equipados con todos los medios: presencia del fiscal, del abogado de oficio, del médico forense, equipos psicosociales y unidades de valoración forense integral. Sin éstas últimas es difícil que los jueces puedan determinar con acierto la valoración del riesgo de cada víctima, extremo clave para decidir si deben otorgarse o no medidas cautelares de alejamiento.
Es verdad que no hemos podido reducir las insoportables cifras mortales, pero no podemos atribuirlo a una supuesta ineficacia de la ley, máxime cuando cambiar los patrones culturales sexistas nos puede llevar años. El Derecho es siempre un motor de cambio y de transformación social. Los resultados a veces son lentos, pero finalmente estables. En este largo recorrido es preciso trabajar codo con codo hombres y mujeres, porque ésta es una batalla a favor de la igualdad y de la justicia, que debe interesar a toda la sociedad.
Montserrat Comas d'Argemir