La polémica en torno al proyecto Eurovegas está provocando una viva discusión sobre sus posibles efectos económicos y sociales. Se formulan pronósticos contrapuestos sobre el balance —positivo o negativo— que puede representar para el país y para su modelo productivo. Los partidarios locales del proyecto toman como referencia los efectos económicos beneficiosos de sus dos antecedentes asiáticos más recientes: Macao y Singapur. Según The Economist, Macao se ha desarrollado de forma superlativa y se ha convertido en menos de 10 años en la capital mundial del juego, cuadriplicando el negocio de Las Vegas. La experiencia más reciente de Singapur parece también un éxito empresarial, al menos, según los promotores.
Sin embargo, se ha prestado menos atención a su eventual impacto político. Creo que merece mayor consideración. Algo que distingue la propuesta Eurovegas de las operaciones asiáticas del señor Sheldon Adelson es que ha de inscribirse en un escenario político diferente. Es el escenario español, propio de las democracias electorales. Padece deficiencias de todos conocidas. Pero ello no quita que se distinga claramente del que se da en la “región especial” china de Macao o en la ciudad-Estado de Singapur.
Así lo constatan centros internacionales de investigación. Por ejemplo, una institución no lucrativa como Freedom House, de creación norteamericana. No es nada sospechosa de inclinaciones “izquierdistas” y se manifiesta muy crítica con sistemas políticos como los actualmente vigentes en Bolivia, Venezuela o Ecuador. Pues bien: desde hace años y de nuevo en su Informe 2012, Freedom House excluye a Singapur del grupo de las democracias electorales y le adjudica una calificación muy negativa en cuanto a la protección de los derechos civiles y las libertades públicas. En concreto, la coloca en una cuarta división internacional, junto a países como Bhutan, Togo, Zambia, Pakistán o Nigeria.
Macao no aparece como tal en el Informe de Freedom House porque pertenece a la República Popular de China. Su sistema político recibe —como es previsible— un juicio mucho más severo por lo que hace a la garantía de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. En concreto, China —y con ella, Macao— es relegada a la séptima y última división de esta clasificación política internacional.
España sería, pues, un entorno nuevo para una promoción empresarial bien acogida en contextos autoritarios y cuya producción y reparto de beneficios suele ajustarse a criterios bastante diferentes de los previsibles en un sistema sujeto a reglas básicas de competencia democrática. Las negociaciones del promotor Adelson destinadas a obtener licencia para operar en Macao y Singapur tuvieron como interlocutores a figuras políticas indiscutidas. Indiscutidas por motivos contundentes para quienes se atrevieran a discutirlas: fueron jerarcas del partido único en China —un viceprimer ministro del gobierno— y hombres de confianza del primer ministro de Singapur Lee Hsien Lung, hijo y sucesor de Lee Kuan Yu, hombre fuerte de la ciudad-Estado durante 40 años. Probablemente, una negociación reservada, íntima casi. El acuerdo sobre la distribución de costes y beneficios de todo tipo pudo hacerse también de forma discreta. Y poco o nada tuvieron que decir sobre ello otros actores sociales: medios de comunicación bajo censura y control, partidos únicos o privilegiados, sindicatos sumisos, débiles organizaciones ciudadanas a merced del poder político.
Es interesante saber si —en el caso español— se ha alterado el modelo: en la estrategia de aproximación a los interlocutores políticos, en el diseño de la campaña de comunicación y de los recursos facilitados a grupos mediáticos locales y a sus denominados “líderes de opinión”, en la fijación de alianzas con sectores empresariales del país próximos a su ámbito de actividad, en la apelación a bufetes y consultorías para obtener asesoría jurídica y técnica que permita sortear o sustituir disposiciones urbanísticas, fiscales o laborales, etc.
Si la operación llegara a consolidarse, también será interesante averiguar de qué manera va a relacionarse su promotor con nuestro sistema político. No le resulta extraño moverse en democracias electorales. Según datos publicados, lo hace y a fondo en los dos países con los que mantiene mayor relación: Israel y Estados Unidos. En Israel, aportó cuantiosos recursos financieros y mediáticos —incluida la creación de un nuevo periódico de gran difusión— para promover el acceso al gobierno del actual primer ministro Netanhayu, de línea mucho más dura que otros aspirantes respecto de las relaciones Israel-Palestina. En Estados Unidos, están documentadas sus presiones sobre políticos electos y sus notables donaciones económicas en las últimas campañas electorales, siempre en beneficio de los candidatos más conservadores. Lo está haciendo en la actual campaña para las primarias republicanas, con una reciente aportación récord de 10 millones de dólares para Newton Gingrich. Sigue así la práctica propia de algunas grandes fortunas cuando intervienen en política. ¿Renunciará a ella cuando trata de irrumpir en nuestro escenario político?
Es difícil negar la fascinación que ejercen las iniciativas y la potente biografía de un personaje propio de un relato cinematográfico, rotundo en sus éxitos y en sus fracasos, en lo familiar, en lo social, en lo económico. Pero conviene no limitar el necesario debate a la faceta económica de este colosal ejercicio de “emprendeduría” y valorar no sólo sus posibles efectos socioeconómicos, sino también sus inevitables repercusiones políticas.
Por Josep M. Vallès, catedrático emérito de Ciencia Política.