Empezamos con un spoiler: Madrid no aplicará la Ley de Vivienda que pretende aprobar el Gobierno de PSOE y Podemos. No hay cabida en nuestra ciudad para el intervencionismo y el populismo con sus recetas fracasadas. Vamos a seguir protegiendo tanto el acceso de los madrileños a la vivienda como la seguridad jurídica, para seguir siendo el destino principal de la inversión extranjera que llega a España y la locomotora económica de nuestro país.
La experiencia ha demostrado tozudamente que fijar por ley el precio del alquiler no soluciona nada, y de eso ya se dio cuenta Miguel Boyer, entonces ministro socialista, cuando derogó en los años 90 la Ley de Renta Antigua franquista. Repetir los mismos errores atenta contra la evidencia que dejan los casos de control de alquileres en Berlín, donde los precios han subido hasta un 36% en las zonas aledañas a las declaradas tensionadas; o en París, donde desapareció en 24 horas el 20% de la oferta rumbo al mercado negro; o en Estocolmo, con listas de espera de 16 meses para acceder al alquiler; o en San Francisco, donde, al priorizar los propietarios la venta al alquiler, han aumentado la desigualdad y los precios; o en Nueva York, donde no se invierte en rehabilitación porque no hay incentivo alguno para el propietario y se degradan los barrios. Fue precisamente la experiencia sueca la que llevó al economista Assar Lindbeck a calificar los controles de precios como «la técnica más eficaz conocida para destruir una ciudad, aparte de bombardearla».
Pero no hace falta irse tan lejos para comprobar los efectos de la cerrazón ideológica y la ignorancia de la economía. Durante el mandato de Manuela Carmena en Madrid, mientras se mantenían bloqueados todos los desarrollos y se construían un total de 63 viviendas sociales en cuatro años, los precios se dispararon un 43% para la compraventa y un 34% para el alquiler. En la Barcelona de Colau, musa y referente de los socios de Sánchez, la subida ha sido superior al 40%. Un ejemplo de cómo los populistas agravan y perpetúan los problemas que dicen venir a resolver; porque viven de ellos.
El Gobierno y sus socios, lejos de aprender de la experiencia, persisten en la peor de las soluciones: restringir la oferta, atacar la propiedad, invadir competencias y apostar por el intervencionismo. La Ley que se anunció el martes pasado, negociada de espaldas a los ciudadanos como moneda de cambio político, no tiene pies ni cabeza, es solo un truco de trilero para generar titulares que escondan el verdadero tomahawk contra la recuperación económica en nuestro país: la subida del 15% en el impuesto de sociedades que frenará la llegada de inversión y, por tanto, la creación de empleo. Pero vayamos a la Ley de Vivienda.
En primer lugar, es un disparate económico y constitucional; pero también un despropósito competencial. PSOE y Podemos pretenden regular con una ley estatal lo que es competencia autonómica y municipal, una injerencia que en Madrid no toleraremos. Es la comunidad autónoma la que regula los porcentajes de vivienda protegida y es el ayuntamiento el que fija y recauda el IBI. La propia definición de áreas tensionadas es otro disparate administrativo que responde solo a criterios sectarios. El Gobierno tiene dos opciones, y las dos malas: si lo hacen obligatorio, lo tumbarán los tribunales; si lo hacen optativo, que es lo que parece que ocurrirá, simplemente no se aplicará en ningún sitio salvo donde gobierne su sectarismo intervencionista. No es el caso de Madrid.
La Ley también habla de la exigencia de un 30% viviendas con algún tipo de protección en los nuevos desarrollos urbanísticos, además de subir al 30% el porcentaje de cesión para vivienda pública. El modelo en el que se basan ya se ha demostrado fracasado: es lo que se ha hecho en Cataluña con su Ley de Vivienda, y se ha generado un parón en el sector de la construcción por la ausencia de inversión. Este parón es un lastre para la economía española, necesitada de inversión, empleo y actividad económica tras la crisis provocada por la pandemia.
Si pensamos en Madrid de forma egoísta, la Ley de Vivienda con la que PSOE y Podemos desbloquean su acuerdo de presupuestos hará que nuestra ciudad despegue todavía más como locomotora y referente económico de España. Seremos todavía más competitivos, mientras que otras regiones, sumidas en el intervencionismo, seguirán a la cola de la generación de empleo, de la actividad económica y de la atracción de inversiones. Pero, por responsabilidad y por sentido de país, tenemos que denunciar el grave error y la tropelía que se está anunciando.
El Gobierno, en su visión trasnochada, concibe el urbanismo como una barrera, un freno y un agente de bloqueo para la actividad económica. Nosotros lo vemos de manera completamente antagónica. Creemos en el urbanismo liberal, que afecta a la manera en la que concebimos la propia naturaleza de la ciudad. Creemos que el urbanismo es también una palanca económica para las ciudades: para la recuperación, para la reactivación, para dinamizar la actividad económica, para generar empleo, para generar prosperidad, para mejorar la vida de la clase media y para poner en marcha una enorme industria que deja miles de millones de euros en inversión.
Los liberales aportamos soluciones concretas, recetas realistas y horizontes de mejora real para las clases medias. En Madrid, desde que cambió el Gobierno de la ciudad, los alquileres han bajado ya un 9,3%, la mayor caída del país. Esta bajada, generalizada en parte por la pandemia, es más acusada en Madrid por las políticas de ampliación de oferta de vivienda puestas en marcha desde el Área de Desarrollo Urbano. Durante este tiempo, hemos trabajado para crear nuevo suelo listo para construir y, por tanto, más oferta; tanto con promociones de pisos para alquilar a través de la empresa pública de vivienda madrileña, donde actualmente tenemos en construcción 4.119 viviendas en alquiler, como con la próxima construcción de más de 2.500 viviendas en derecho de superficie con colaboración público-privada, con la idea de templar aún más los precios garantizando rentas inferiores al 20% del precio de mercado de la zona.
Lo mejor está por venir. Solo hay una manera de bajar los precios de la vivienda, respetar la seguridad jurídica y la propiedad, generar empleo y atraer inversión: aumentar significativamente la oferta de vivienda hasta acercarla a la demanda, porque al madrileño de a pie le da igual quien le construya su vivienda, lo que necesita es que exista esa vivienda. En el Ayuntamiento de Madrid lo estamos demostrando desde hace más de dos años. Hoy, Madrid Nuevo Norte está desbloqueado después de 26 años, y hablamos de 6.000 millones de euros de inversión y 10.500 viviendas. Hoy, los Desarrollos del Sureste, la mayor reserva de suelo de la ciudad con más de 100.000 nuevas viviendas para las clases medias madrileñas, están desbloqueados y en plena construcción. Los nuevos desarrollos -Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros- estarán rodeados del Bosque Metropolitano, el anillo forestal de 75 kilómetros que rodeará Madrid y que mejorará exponencialmente la calidad de vida de las familias que elijan estos nuevos barrios para vivir.
Lo repetimos: Madrid será, una vez más, el último dique frente a las políticas fracasadas de la izquierda sectaria, abrazada a Sánchez en busca de unos presupuestos que no traerán nada bueno para España.
Begoña Villacís es vicealcaldesa de Madrid y Mariano Fuentes es delegado de Desarrollo Urbano.