Madrid tiene la culpa

Hasta aquí, estoy de acuerdo con los separatistas. Madrid, es decir, los gobiernos de España, han tenido una gran responsabilidad en el crecimiento del separatismo catalán. A partir de aquí, sin embargo, nuestras opiniones difieren, creo que diametralmente.

El gran error que los gobiernos españoles, fueren del partido que fueren, han cometido en esta materia ha sido el conceder al separatismo su premisa fundamental: Cataluña es diferente, Cataluña no es España, es un rancho aparte en el que los gobiernos catalanes tienen todas las competencias y hasta sus propias leyes (aunque sean de la jungla); lo único que los gobiernos españoles han exigido a Cataluña desde la Transición es el pago de impuestos y el mantenimiento del orden. Lo que los gobiernos de la Generalitat hicieran, en Cataluña e incluso en el extranjero, no parecía incumbir a Madrid.

Esto, por desgracia, sigue vigente hoy: da la impresión de que lo único que le importa al actual Gobierno es que Cataluña no celebre el 9 de noviembre ese extraño referéndum llamado “consulta” si el Tribunal Constitucional, como es muy altamente probable, lo declara inconstitucional (lo es a todas luces). Parece lógico que el Gobierno español se niegue a permitir un acto público de tal envergadura que vulnere la Constitución. Sin embargo, la pregunta que se plantea seguidamente es: ¿si tanto rigor muestra ahora, por qué ha permitido (él y sus antecesores) tantas y tan repetidas violaciones de la Constitución en materia educativa, lingüística, de orden público (banderas, rotulación de establecimientos), tributaria y financiera, etc?

Madrid tiene la culpaEl Gobierno de Mariano Rajoy no parece darse cuenta de que el desafío separatista no se resuelve impidiendo la “consulta”; al contrario, lo favorece. Aunque la no celebración de la “consulta” pueda interpretarse como un revés, inmediatamente se convertirá en un argumento más para demostrar la tiranía que Madrid ejerce sobre Cataluña y una razón más que justifique el ansia de independencia. En otras palabras: no es con argumentos formales como se ganará la batalla al separatismo, sino con argumentos de fondo y, sobre todo, con coherencia. Si los gobiernos de España se proponen defender la Constitución, como es su deber, deben hacerlo siempre, no sólo a veces.

Pero es que la cuestión del separatismo catalán no es un simple problema legal; hay una cuestión mucho más profunda: ¿por qué ha adquirido estas dimensiones el separatismo catalán, que en 1980 era un factor marginal? La respuesta es clara: porque los gobiernos de Convergència i Uniò han dedicado todos sus esfuerzos desde que alcanzaron el poder a subrayar el fet diferencial, a hacer propaganda del nacionalismo, a acosar a los no nacionalistas (el caso de Albert Boadella es quizá el más conocido, pero existen miles parecidos) y a utilizar todos los instrumentos a su alcance, en especial los medios y las escuelas, para potenciar un nacionalismo que no podía sino desembocar en separatismo. Esto ha sido posible porque los gobiernos españoles, como dije antes, han dejado a CiU campar por sus respetos, violar impunemente la Constitución y desacatar las sentencias de los tribunales. Todo ello ha creado un campo abonado donde una chispa provoca un incendio separatista.

El control de los medios por la Generalitat es indudable. Se discute hasta qué punto controla también la educación. Se dice que los libros de texto son iguales en toda España. Vamos por partes. Tampoco se puede discutir que la Generalitat se ha esforzado en imponer la enseñanza en catalán casi exclusivamente, pretextando que el bilingüismo divide a la población catalana. Esto no es cierto: Cataluña es un país históricamente bilingüe. Sus mejores escritores, desde Juan Boscán, Antoni de Capmany y Jaime Balmes, a Ignacio Agustí, Ana María Matute y Juan Marsé (seleccionando arbitrariamente para no hacer la lista interminable) han escrito en español. Lo que sí separa a Cataluña de España (además de violar la Constitución) es el monolingüismo catalán, y a fomentarlo se han dedicado sistemáticamente los gobiernos catalanes (convergentes y tripartitos) ante la pasividad de Madrid. En cuanto a los contenidos, en especial en la enseñanza de la historia, no es cierto que todos los libros de texto sean iguales en España. Varían de unas comunidades a otras; en general, impera un localismo escandaloso y la Historia de España muestra un sesgo general en contra del “centralismo”. Se habla más de “las Españas” que de “España”, y ésta se encuentra a menudo vinculada a la Dictadura de Franco. Es decir, el problema de la demolición de la nación española no es privativo de los textos en catalán. Pero además, los libros no lo son todo en la enseñanza, sobre todo la primaria y la secundaria, y los gobiernos convergentes se cuidaron bien de seleccionar profesores entre los de ideología afín. Esta desafección hacia España en nuestras escuelas es sin duda consecuencia de la reacción contra el nacional-catolicismo que prevaleció bajo la Dictadura de Franco, pero es tan perniciosa como su contrario. En concreto, ha contribuido a que el público acepte la pasividad del Gobierno ante los desmanes de la Generalitat. Y, en general, el rechazo contra el centralismo franquista ha legitimado a los ojos de los gobernantes españoles la ideología nacionalista, haciendo que incluso, o más bien, en especial, la izquierda olvidara los indudables rasgos de insolidaridad, racismo y xenofobia que contiene esta ideología.

El separatismo de estos tres últimos años se debe a razones económicas. La reacción de los gobiernos catalanes ante la crisis ha sido recurrir al endeudamiento masivo, que comenzó con el tripartito y continuó con el Gobierno de Artur Mas. En 2007 la deuda catalana era de 15.776 millones de euros. Hoy es de 61.836 millones, es decir, se ha cuadruplicado en menos de siete años. Cataluña no encuentra comprador de su deuda y recurre a España para que le saque del apuro (como lo oyen). Ha recibido ya del Fondo de Liquidez Autonómica, en los últimos dos años, más de 30.000 millones. La mitad de lo que debe se lo debe a esa «España que le roba.» Y pide más. Financieramente ahogada, su Gobierno quiere separarla de quien la salva. Se puede pensar que, una vez separados, no piensan devolver la deuda. Y Madrid sigue «prestando». Bastó ver en la última Diada la organización, comparable a la de las Olimpiadas de Berlín de 1936, para darse cuenta de los millones que se invirtieron en la manifestación. No importa, Madrid paga.

Puede haber otra razón de tipo económico. Para Jordi Pujol, la UDEF fue demasiado deprisa. En una Cataluña independiente sus apropiaciones nunca se hubieran descubierto: hubiera mantenido su prestigio, su dinero, y jamás hubiera tenido líos con la Justicia. Lo mismo se aplica al resto de la casta catalana. Con su propia Agencia Tributaria, Banc Central de Catalunya, y Tribunal Supremo, podrían mandar mucho más y enriquecerse a sus anchas, sin estos pesados de Madrid, que dejan hacer, pero cuyos tribunales son imprevisibles. Para el catalán medio las ventajas de la independencia serían nulas, al contrario: inflación, impuestos, desempleo, y un largo etcétera. Pero los que impulsan la independencia no son el catalán medio: son la casta política y las clases acomodadas.

Hoy estamos todos los españoles, y en especial los catalanes, en una situación complicadísima, a donde nos ha conducido la pasividad de los gobiernos de Madrid, que ya hicieron dejación de responsabilidades en el caso de Banca Catalana, hace nada menos que 30 años. Allí empezó todo este lío.

Hoy todo es mucho más difícil que entonces, porque 30 años largos de “construcción nacional” han moldeado a la población. Pero esto debe ser contrarrestado. Cataluña es parte de España, y la ley debe aplicarse allí como en el resto del país. Los gobiernos de Madrid no pueden acomodar sus principios a gusto del interlocutor, como Groucho Marx. Y, sobre todo, Madrid debe acordarse siempre de esos millones de catalanes que se sienten españoles contra viento y marea, y que empiezan valientemente a hacerse oír frente a una casta gobernante hostil.

Gabriel Tortella es economista e historiador.

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