Madurez, divino tesoro

Por Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (EL PAÍS, 24/11/07):

De qué hablamos cuando hablamos del envejecimiento de la población? Hablamos de que desde 1975 la esperanza de vida de los españoles ha aumentado en casi 7 años, situándose en estos momentos por encima de los 80 años. Más de dos millones de personas mayores de 80 años son pensionistas. No hace mucho que las expectativas de vida coincidían con la fecha canónica de jubilación: 65 años. Hoy, entre nosotros, los varones cobran su pensión durante una media de 17 años. Las mujeres, 21. Hablamos de que si en 1995 el número de pensiones de jubilación en vigor era de 3.313.602, en 2006 fue de 4.843.473. Y, por supuesto, esto no sólo se da en España. De seguir las tendencias actuales, en el conjunto de la Unión Europea en el 2050 habrá 58 millones más de personas mayores de 65 años y 48 millones de trabajadores menos.

Hechos tozudos que nos dicen que para comprender lo que supone, social, cultural y económicamente, el envejecimiento de la población no bastan ideas simples, ni, menos, prescripciones de presunta racionalidad que chocan con las realidades.

Porque lo cierto es que a menudo los usos sociales e, incluso, los valores sociales van a la zaga de la realidad. Seguimos practicando el culto a la juventud generado en los años sesenta del pasado siglo cuando nuestra realidad demográfica ha sufrido una mutación pasmosa. Y los hechos demuestran que no es precisamente fácil reequilibrar la pirámide de población para conseguir rejuvenecerla de nuevo.

No es asunto fácil, para empezar, conseguir elevar sustancialmente la natalidad de los nacionales, ni tan siquiera con ayudas. Y a través de los inmigrantes, tampoco conseguiremos rejuvenecer de modo duradero la población, entre otras cosas, porque ellos también envejecen, y es muy probable que lo hagan en España. Por tanto, hay que pensar en una sociedad de viejos que tendrá nuevas demandas.

De esta nueva realidad lo lógico sería deducir un cambio significativo en nuestro comportamiento social, en la organización de nuestro ocio, en nuestras prácticas de consumo, incluso en la ordenación jerárquica de nuestro sistema de valores. Se trataría de un cambio provocado por un tácito nuevo pacto social que procurara adecuar nuestra cultura y nuestras ciudades a la presencia de un colectivo cada día más numeroso.

Si además de referirnos a los jubilados, hablamos de todos los pensionistas (viudedad e incapacidad incluidas), estamos hablando ahora de casi ocho millones de españoles. Y ellos no merecen simplemente reconocimiento por los servicios prestados, no. De lo que estamos hablando es de la necesidad de reinvertir socialmente sus conocimientos, sus experiencias y, hasta me atrevería a decir, su tolerancia. Es un despilfarro social que el caudal enorme de bienes que la vejez comporta transite penosamente entre la indiferencia, el brasero y la compasión.

Hay que pasar de las cosas de viejos a que los viejos ocupen su puesto en la sociedad y a que el envejecimiento se sitúe en el centro de las agendas sociales. Estamos hablando de un éxito social sin precedentes: el envejecimiento como resultado del desarrollo científico y del Estado de Bienestar. De una oportunidad histórica, no de un problema.

El lenguaje políticamente correcto nos ha llevado a sinónimos no siempre afortunados. La palabra viejo o anciano se ha cambiado por la de “mayores” o “persona mayor”. ¿Pero mayor que quién? Y no quiero ni recordar la sobrecogedora expresión de “nuestros mayores”; como si estuviéramos hablando de algo en propiedad que ni siquiera es de ellos.

Cierto que la eficacia de cualquier política no depende de su denominación. Pero sí es importante llegar al convencimiento de que, sin el protagonismo de los viejos, sin la participación activa y decidida de ellos en la gestión de sus propios asuntos, la solución que se dé desde fuera caerá en meras declaraciones bienintencionadas y políticamente correctas.

Lo que sí parece existir es una especie de “cosificación”: convertir en “cosa” el objeto de debate, tentación que aparece en ciertas políticas que buscan resolver asuntos de importancia, como éste del envejecimiento. Al final, el riesgo es convertir el problema en “una cosa” que otros deben resolver desde fuera. Lo malo es que visto así, la “cosIa” en cuanto tal tiene un protagonismo menor, incluso inexistente.

Hemos repetido a menudo que en nuestras sociedades el trabajo es el instrumento de socialización por antonomasia. A través del trabajo se forma parte del proyecto social, se forma parte del cuerpo social; de lo que se deduce que se trata del principal derecho de ciudadanía. Ahora bien, que el trabajo socialice no debe provocar que el fin del trabajo lleve a la desocialización, a la expulsión de la sociedad. Aunque es cierto que hoy por hoy esa rígida relación entre trabajo y socialización conduce a que la jubilación termine deslizándose por la trágica pendiente de la desocialización.

Siguiendo un poco el hilo de este discurso podemos llegar a un territorio inhóspito. Si afirmábamos que el trabajo aporta ciudadanía, no cuesta mucho concluir que el trabajo precario aporta ciudadanía precaria, lo que nos llevaría a recordar que este tipo de trabajo afecta a 5,5 millones de trabajadores, que son básicamente trabajadores jóvenes. Y a ellos habría que sumar esos casi ocho millones de pensionistas que no trabajan y se colocan, por tanto, en la escala de la desocialización con los 5 millones de jóvenes. Algo que afectaría sustancialmente a la cohesión social. Algo obviamente a evitar.

Resulta claro que el objetivo es el envejecimiento socialmente activo. O, dicho con otras palabras, la prolongación de la vida laboral y de la participación social tras la jubilación. Más complejo, desde luego, resulta saber cómo se consigue. Pero hay algo que no conviene olvidar, y que nos obliga a pasar de la poesía a la aritmética: para conseguir esa actividad dentro de la jubilación, lo primero es que los dos pilares básicos aguanten, y aguanten bien.

Me refiero al Sistema General de Pensiones y al Sistema Nacional de Salud, ambos determinantes incluso para la existencia del propio envejecimiento. Y, a partir de aquí, la aplicación de políticas sectoriales concretas: dependencia, conciliación, infraestructuras migratorias, empleo, etc., que exigen en todo caso una doble coherencia entre los distintos poderes del Estado, en primer lugar, y la complicidad de éstos, en segundo lugar, con el sector privado.

Otro factor más: la prolongación de la vida, como ya hemos dicho, prolonga también su participación en el consumo y en el ocio, crea un colectivo que gasta, viaja, vive, que no es un ente pasivo sino muy activo. No es casual que, por ejemplo, esté cambiando tan drásticamente la publicidad. No sólo en sus imágenes sino en sus destinatarios. Basta con echar una ojeada a los medios de comunicación para comprobar cómo los mensajes dirigidos a los viejos han sufrido una transformación pasmosa. Del anuncio del abuelo de boina, de aire añejo, se ha pasado al hombre y la mujer que peinan canas con orgullo, que demuestran una actividad como usuarios de coches, de cremas, de viviendas, de chocolates y hasta de lencería.

Y lo más importante es que, además, el nuevo mensaje publicitario se lanza en positivo. No son ya los ancianos-cosas, dependientes y propiedad de alguien. La imagen que se da de ellos es la de una vida abierta, rica, apasionada y apasionante. Un mensaje en positivo el de la publicidad comercial que todavía falta en otras áres y, desde luego, en nuestras políticas sociales. Aunque sea de pasada, conviene hacer un llamamiento a los medios de comunicación y a los agentes sociales y políticos para que profundicen en esta sensibilización de que la vejez no es el fin, sino el principio de otro tipo de sociedad que tiene entre sus valores y sus retos la prolongación de la vida.

Estas reflexiones son las que han llevado al Consejo Económico y Social, foro de participación de los interlocutores sociales en las políticas públicas, a celebrar recientemente unas Jornada sobre el Envejecimiento de la Población. De ellas ha salido la conclusión de que el envejecimiento, visto desde una perspectiva que no suponga la expulsión de la sociedad, debe situarse en el seno de todas las políticas y esas políticas han de ser instrumentos para la preservación del ejercicio efectivo y del pleno disfrute de los derechos políticos, civiles y socioeconómicos de las personas de edad. Y da igual que los llamemos mayores, tercera edad, maduros o viejos, porque, sea cual sea la denominación,lo es seguro es que no son “cosas”.