Maduro cumple con el legado de Chávez, no lo está traicionando

Un hombre pasa junto a un mural dedicado al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la urbanización 23 de enero, donde está ubicado el Cuartel de la Montaña, un museo dedicado a Chávez, el 28 de julio en Caracas. Credit Ronaldo Schemidt/Agence France-Presse — Getty Images

La elección de una asamblea constituyente que se realizará el próximo 30 de julio en Venezuela representa una distorsión grotesca de la democracia. El gobierno no está tomando en cuenta la opinión de sus ciudadanos, el 85 por ciento de los cuales desaprueba el cambio de constitución. Maduro ha elegido un mecanismo electoral diseñado para que la oposición tenga representación minoritaria, pese a ser ahora mayoría. Su meta final es redactar un texto que amplíe la autoridad del poder ejecutivo. La idea es legalizar, que no necesariamente legitimar, la dictadura de facto.

Por primera vez en sus 19 años de gobierno, el partido gobernante de izquierda no está unido en apoyo al presidente. Algunos chavistas importantes —incluyendo unos cuantos funcionarios de gobierno— han criticado la iniciativa de Maduro.

El argumento de estos oficialistas es muy poderoso y merece atención. Arguyen que Maduro está traicionando los ideales del padre fundador Hugo Chávez que, como presidente, redactó la Constitución que ahora desean anular. En palabras de la fiscala general y protegida de Chávez, Luisa Ortega Díaz el plan de Maduro es “destruir el legado del presidente Chávez”. Gabriela Ramírez, exdefensora del Pueblo, fue más allá y convocó a todos los chavistas a “rebelarse”. Incluso los chavistas en el extranjero se están quejando. El profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Noam Chomsky, quien en el pasado defendió a Chávez, dijo que en el gobierno de Maduro “la corrupción, el robo y demás han sido extremos… la promesa de los primeros años se ha perdido de forma significativa”.

Esta crítica de la propia izquierda acerca de que Maduro ha secuestrado la promesa de Chávez es políticamente relevante. Sin embargo, es falsa. Maduro no está traicionando el legado de Chávez; está cumpliéndolo.

Me siento raro criticando a las críticas que los chavistas le hacen a Maduro. Negar el linaje, que es lo que estos chavistas antimaduristas o simpatizantes del chavismo están haciendo al condenar a Maduro, constituye una importante estrategia conveniente que permite a los miembros de cualquier familia ideológica romper con su líder. Disentir de un proyecto autocrático siempre debería aplaudirse, puesto que es un paso necesario en cualquier transición a la democracia. Pero cuando Maduro proclama en televisión nacional, como lo ha hecho a menudo, que este domingo estará cumpliendo con los deseos de su mentor Hugo Chávez, me siento obligado a decir que tiene razón.

Desde el principio de su gobierno, Chávez dedicó toda su energía al mismo propósito: el uso de procesos electorales para desfavorecer a la oposición, con el objetivo final de minimizar la supervisión de su ejercicio del poder y establecer normas que hicieran imposible desplazar a su movimiento del poder.

Estas metas antidemocráticas no surgieron en una etapa tardía de la era de Chávez, durante la llamada fase radical (2007-2013). Estuvieron presentes desde el comienzo y, más precisamente, desde la nueva Constitución de 1999.

Pese a algunas diferencias, el proceso al que recurrió Chávez y los principios que lo motivaron a cambiar la Constitución no son diferentes de los que guían a Maduro en la actualidad.

Chávez impulsó el cambio constitucional violando importantes conceptos democráticos. El único principio democrático que respetó fue el de celebrar elecciones, buscando aprobación para seguir adelante con el proceso y elaborar el documento final. Excepto este electoralismo, ni los organismos elegidos ni las reglas establecidas se respetaron. Al igual que Maduro, Chávez cambió la Constitución ignorando y, de hecho, esperando enterrar al congreso recién elegido porque no lo controlaba. En ese entonces, la Carta Magna requería que el congreso iniciara el proceso. Chávez pasó eso por alto e incluso mandó a sus seguidores a asaltar el palacio legislativo.

Luego inventó unilateralmente nuevas reglas para convocar la redacción de la Constitución. Una de esas reglas era la idea de que la Asamblea Nacional Constituyente debería ser “originaria”, con lo que quería decir que tendría una autoridad por encima de la de todos los organismos estatales, con el mandato de “transformar al Estado”.

Por último, Chávez declaró una “emergencia judicial” y engatusó al Tribunal Supremo de Justicia para que estuviera de acuerdo con su plan, y en el proceso también removió a varios jueces titulares y forzó a la presidenta del TSJ a renunciar. A partir de entonces, el unilateralismo de Chávez no tuvo límites.

Maduro está copiando este modelo violatorio de la democracia liberal: ignora al congreso, por supuesto con la bendición del actual Tribunal Supremo de Justicia, e inventa normas extraconstitucionales en el camino.

Ya en las sesiones para la constituyente de 1999, Chávez comenzó a violar los principios de la democracia participativa. Esa constituyente no hizo concesiones a sus adversarios. La oposición no tuvo una amplia presencia en la asamblea, como resultado de un sistema electoral injusto y de sus propios errores estratégicos, principalmente el hecho de postularse dividida. Sin embargo, fue insensato que ninguna de sus exigencias se incluyera.

El presidente Nicolás Maduro pronunció un discurso en el cierre de la campaña por la Asamblea Nacional Constituyente que busca reescribir la Constitución de 1999, el 27 de julio de 2017. Credit Federico Parra/Agence France-Presse — Getty Images

El sistema electoral de Maduro está inspirado en el mismo principio de minimizar la presencia opositora. Las zonas urbanas, donde la oposición es más fuerte, recibirán proporcionalmente menos escaños.

Otro de los disparatados planes de Maduro es ofrecer representación a siete supuestos “sectores sociales”. Los miembros de esos sectores, todos determinados unilateralmente por Maduro, podrán votar por representantes adicionales en la asamblea; quienes no sean miembros, no podrán votar por esos escaños. Esto viola el principio sacrosanto de la democracia: una persona, un voto.

La noción de organizar la representación por sectores no es una idea de Maduro, sino de Chávez. Esta idea guio a la asamblea constituyente de 1999. Yo mismo revisé la composición de esos delegados chavistas y fundamentalmente había tres sectores sobrerrepresentados: agitadores políticos radicales (46 por ciento); personas con antecedentes militares (17 por ciento), y profesores universitarios (19 por ciento).

Con la subrepresentación de la oposición y la sobrerrepresentación de tres sectores de la sociedad, la constituyente de 1999 era la colección de actores políticos menos pluralista que se pueda imaginar.

Esta representación sesgada —que Maduro espera replicar el domingo— produjo resultados predecibles: más autoridad para el presidente. La Constitución de 1999 fue un ejemplo perfecto de hiperpresidencialismo: es una de las cartas magnas que más ha ampliado poderes de entre todas las nuevas constituciones redactadas en América Latina desde la década de 1980. Los periodos presidenciales se extendieron de cinco a seis años. Se permitió la reelección inmediata. Se eliminó al Senado, reduciendo así la cantidad de agentes con los que el ejecutivo debe lidiar.

Se prohibió al Estado financiar organizaciones políticas, un principio que se ha aplicado religiosamente a los partidos de oposición, pero no al partido gobernante. Se le otorgaron al mandatario amplios poderes para nombrar a los funcionarios militares sin supervisión del congreso. Se creó un referendo revocatorio pero los requisitos eran tan onerosos que, de hecho, solo representó una amenaza minúscula para el presidente.

Por supuesto, la Constitución de 1999 solo fue el principio de un largo proceso para acabar con la democracia en Venezuela. Chávez sabía que un solo documento no era suficiente. Por lo tanto, dedicó el resto de sus años en el cargo a implementar su proyecto antiliberal. Con cada reforma, desde nuevas leyes a nuevos nombramientos para el Tribunal Supremo de Justicia, la meta de Chávez siguió siendo la misma: más poder para el presidente, menos disenso dentro de su movimiento, reglas injustas para la oposición y menos libertades para sus críticos y adversarios, incluyendo a los líderes de partidos y periodistas.

Sin duda, Chávez camuflaba su proyecto proclamando periódicamente nuevos derechos para “el pueblo”, o como comenzó a llamarlo después, las “comunas”. Sin embargo, la mayoría de estos derechos mostraron ser vacuos, ignorados o condicionados, y ninguno implicaba ampliar la capacidad de los ciudadanos para desafiar a la presidencia.

El plan de Maduro para su asamblea constituyente está diseñado para llevar las cosas más lejos. Representa la siguiente fase —y no un Estado opuesto— del chavismo. La única diferencia es que ahora no hay camuflaje.

Javier Corrales, profesor de Ciencias Políticas en el Amherst College, es coautor, junto con Michael Penfold, de Dragon in the Tropics: Venezuela and the Legacy of Hugo Chávez y es colaborador regular de The New York Times en Español.

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