Mal de muchos: la no neutralidad del sistema electoral de Cataluña

En las elecciones generales y en la mayoría de las Comunidades Autónomas —en trece— vota la tierra además de la gente. Cuando se dice que el sistema electoral catalán es injusto y se esgrime esto para explicar que los partidos independentistas tengan la mayoría de los escaños, entiendo que se dice por esa razón. Si cada circunscripción electoral de Cataluña tuviera un número de representantes proporcional al número de sus ciudadanos, los tres partidos independentistas tendrían tres escaños menos, quedando justo por debajo de la mayoría absoluta, por lo que necesitarían la abstención de un cuarto partido para poder acaso formar un gobierno. Es posible que el parlamento fuera ingobernable.

Conviene recordar que algo parecido, con los papeles cambiados, sucedió en el País Vasco en 2009. El socialista Patxi López no habría sido Lehendakari si todos los votos hubieran tenido el mismo peso. El bloque constitucionalista resultó favorecido; los nacionalistas, con un partido menos, obtuvieron más votos, pero menos escaños.

El País Vasco es un caso límite, pues los tres territorios tienen los mismos escaños, aunque más de la mitad de los ciudadanos residan en Vizcaya. Como el PNV es el más perjudicado y lo acepta con estoicismo, cuesta poner pegas. Cataluña es una de las Comunidades que más peso dan al territorio frente a la población, pero menos que las Islas Baleares, o Canarias. El 85% de los canarios viven en Tenerife o Gran Canaria, pero el otro 15% elige a la mitad de los parlamentarios; tanto la provincia de Barcelona como la isla de Mallorca tienen cerca del 80% de la población de sus Comunidades, pero Barcelona solo elige al 63% del parlamento y Mallorca al 56%.

Esto encaja con la intuición política de algunos, pero no es neutral. Las leyes no se aprueban por acuerdo entre islas u otras corporaciones territoriales, sino por los partidos políticos. Estos arreglos, combinados normalmente con premios de mayoría desiguales, dan ventaja a unos sobre otros, según donde tengan más apoyo. El sesgo permite a ciertos partidos tener más escaños que la competencia, por los mismos votos. Los socialistas de Maragall quedaron primeros en votos y segundos en escaños en 1999; a los socialistas vascos les sucedió lo contrario en 1986. Pero mientras que Jáuregui aceptó ser vicepresidente de una coalición liderada por el PNV. los cuatro escaños que el sistema regaló a CiU, con otros doce que puso el PP, hicieron presidente a Jordi Pujol, por última vez.

El sistema electoral catalán es una disposición transitoria de su Estatuto de Autonomía, que legisla sobre lo determinante. Para lo secundario —por ejemplo, la fórmula— se remite a la norma española, por no darse el trabajo de copiarla. Se dice que Cataluña no tiene sistema propio, pero eso es engañoso, lo que no tiene es Ley Electoral, que no es lo mismo. Las Islas Baleares tienen un sistema electoral que solo fija los distritos y el número de escaños, con la misma arbitrariedad que en Cataluña, y se remite al ordenamiento español para el resto. Nadie dice que las islas carezcan de sistema propio. Otras comunidades, en lugar de remitirse a la LOREG, la copian.

Jaume Sobrequés ha contado la historia en L’Estatut de la Transició: L’Estatut de Sau (2010). El PSC y el PSUC querían un sistema que respetara la igualdad de los votantes, los nacionalistas y la UCD formaban un “frente comarcalista” que defendía la representación del territorio contra las ciudades. Tras mucho debate, el primer proyecto de Estatuto contenía un sistema proporcional por agrupaciones de municipios (veguerías) propuesto por la izquierda, pero que no gustaba a Tarradellas. Una vez en Madrid, los comarcalistas y el gobierno pactaron el sistema que ha llegado hasta nosotros. La última propuesta de los independentistas, en 2015, fue redactar por fin una Ley Electoral, pero sin tocar el sistema electoral, lo que contó con el lógico rechazo de la oposición.

No sé si será cierto que hay dos Cataluñas, pero sí es cierto que hay dos modelos de representación, solo los ciudadanos o también el espacio que ocupan, y la histórica falta de acuerdo inspira sobriedad, porque es un asunto distributivo y estrictamente entre catalanes, que es la parte más áspera de un país en democracia.

Alberto Penadés es profesor de sociología en la Universidad de Salamanca.

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