Todo el mundo sabe que el 9-N no ha podido ser el referéndum que el Parlament de Catalunya pidió a las Cortes españolas el 8 de abril pasado, apelando al artículo 150.2 de la Constitución. Ni tampoco ha podido celebrarse la consulta no referendaria y no vinculante prevista por la ley 10/2014 del Parlament de Catalunya, aprobada el 26 de septiembre pasado. Y no lo ha sido porque, con argumentos legales, ni las Cortes permitieron el primer procedimiento, ni el Gobierno español toleró el segundo llevando la ley y la convocatoria al Tribunal Constitucional, que las suspendió. Finalmente, lo que ha permitido poner las urnas el 9-N y hacer la pregunta prometida, contra la previsión de muchos, ha sido un proceso participativo que, rebajando a mínimos las acciones formales, debía esquivar nuevas prohibiciones.
No entro en detalles conocidos ni haré valoraciones políticas sobre esta historia que, en lugar de encararse políticamente, ha sido conducida escondiéndose bajo el amparo jurídico y la lógica judicial. Ahora bien, sí que querría poner de manifiesto algunos abusos argumentales que, más allá de la opinión que tenga cada uno del proceso, en ningún caso me parecen aceptables en un debate que, cuando menos, no tendríamos que renunciar a hacerlo con la máxima inteligencia de la que seamos capaces.
Para empezar, creo que se han puesto de manifiesto los titubeos del Gobierno español respecto de la tercera fórmula ingeniada por Artur Mas para poder cumplir –ni que fuera parcialmente– el compromiso electoral adquirido por la mayoría parlamentaria que reclamó el derecho a decidir en las elecciones del 25 de noviembre del 2012. De calificar el proceso participativo de butifarrada, hasta el punto de que el Gobierno de Rajoy se mostrara inicialmente indiferente al mismo, se pasó a otorgarle la dignidad de referéndum secesionista encubierto. Esto forzó a llevarlo al Tribunal Constitucional para suspender cautelarmente... un simulacro. La suspensión –que no ninguna sentencia contraria, como se ha dicho– facilitó una escalada de amenazas judiciales tan severas en las consecuencias como vagas en las razones. Se llegó a la víspera del 9-N con un ataque a los sistemas informáticos que debían permitir el desarrollo de la jornada y con dudas sobre si habría retirada policial de urnas. Para acabar el vaivén gubernamental, mientras con una mano el presidente Rajoy, la víspera del 9-N, declaraba que no era “ni un referéndum, ni una consulta, ni nada que se le parezca” y que no producía ningún tipo de efecto, con la otra mano, a la vista de la magnitud de la respuesta, el ministro de Justicia y la secretaria general del PP mantenían la dureza de las amenazas judiciales. Sin embargo, si no es un referéndum ni una consulta, ni tiene ningún efecto, entonces, ¿por qué se molestó al TC alegando que sí lo era? ¿Y por qué se insiste en perseguir judicialmente lo que no sirve para nada?
En segundo lugar, ha sido de una enorme hipocresía acusar al proceso participativo de no respetar las mínimas garantías democráticas. Estos días, para referirme a ello, he citado aquella frase de John Milton de La razón del gobierno de la Iglesia (1641-1642): “Los que han sacado los ojos al pueblo le reprochan su ceguera”. Efectivamente, primero se ha impedido hacer una consulta con todas las garantías democráticas, y cuando se ha tenido que recurrir a un modelo de perfil formal más bajo, entonces se ha reprochado que no las cumpliera. La inconsistencia de la crítica sobre las garantías democráticas no acaba aquí. Especialmente, porque es el mismo PP quien recurrió a una recogida de firmas con urnas para justificar su recurso al Estatut de Catalunya del 2006, o quien otrora se ha mostrado muy sensible a movilizaciones convocadas por la Conferencia Episcopal Española. Una hipocresía extensible a otros actores políticos, como cierta prensa española tan sensible al 15-M y que en cambio considera tan inútil una consulta con más de dos millones de participantes.
Finalmente, me ha sorprendido la insistencia de varios analistas –y también de políticos españoles que han estado despreciando el 9-N– en querer comparar los resultados del proceso participativo con todo tipo de referéndums y convocatorias electorales anteriores. Aquí ya no podemos hablar de hipocresía, sino de indecencia. El 9-N no es comparable con ninguna elección ya que no se ha permitido que se celebrara en las mismas condiciones. El proceso participativo ha sido sometido al boicot de partidos tan destacados como el PSC, PP y C’s, dejando desamparados a los ciudadanos que querían expresar la opinión que ellos podían representar. Además, las condiciones materiales en las que se ha tenido que celebrar ha puesto enormes obstáculos en número de mesas, en su localización territorial o en las condiciones de identificación. Ya he dicho también que el 9-N se ha celebrado bajo todo tipo de amenazas. Y, cuando a pesar de todo participan más de dos millones trescientos mil catalanes, entonces pretenden compararlo con procesos electorales normales. Increíble.
Se entiende perfectamente que haya partidos, organizaciones, prensa y personas contrarias a la independencia de Catalunya. Pero sería muy deseable que el debate se produjera con buenos argumentos políticos y con datos contrastados, y no con amenazas, hipocresías y malas artes. Y no es propio de un Estado que se califica de democrático y que puede combatir el soberanismo catalán con una fuerza infinitamente superior en medios y capacidad de influencia internacional, que recurra al juego sucio de la manera que lo está haciendo.
Salvador Cardús i Ros