Maldita endogamia

Es difícil exagerar la importancia de la universidad para nuestro futuro. Siempre que no nos resignemos a vivir en un país de salarios bajos y alto desempleo, amarrado al turismo y en espera de periódicos arranques inmobiliarios. De la universidad dependen la formación y el reciclaje de profesionales competentes, gran parte de la investigación científica y de las innovaciones que alimentan una economía moderna, y el trabajo en libertad de gentes dedicadas a pensar en un mundo complejo. Además, la buena universidad pública constituye un potente motor para el fomento de la igualdad de oportunidades y para el aprovechamiento de la inteligencia. Una sociedad madura debería mimar su universidad, exigiéndole que alcance sus objetivos a cambio de los recursos necesarios.

En contraste con estas premisas, la política universitaria reciente ha sido asombrosa. Y no sólo por los recortes presupuestarios. Las autoridades han disparado las tasas que pagan los estudiantes y rebajado la cantidad dedicada a becas en plena recesión. Al mismo tiempo, han buscado la paulatina reducción del número de docentes. Y todo ello mientras escaseaban las convocatorias para investigadores y emigraban muchos de los más brillantes. Ciertas comunidades autónomas —como la de Madrid o la valenciana— apenas disimulan ya su animosidad contra las universidades públicas. La televisión autonómica madrileña ilustra de vez en cuando la mentalidad que respalda esa inquina, según la cual nadie estudia en los campus, pasto de vagos y alborotadores protegidos por rectores politizados. Las instalaciones y los servicios se deterioran.

Los graves problemas de la universidad española no se resuelven descalificándola sin más, algo cada día más frecuente. Famosos economistas opinan que es irrecuperable y que lo mejor que podríamos hacer es cerrarla para empezar de nuevo. Hace unas semanas, Félix de Azúa afirmaba en estas mismas páginas, después de ejercer 30 años como profesor, que la universidad es un nido de corrupción, podrido por la endogamia, las mafias departamentales y las cátedras hereditarias. No se sabe cómo ha aguantado tres décadas en semejante antro. A su juicio, los dirigentes de Podemos quedan desautorizados para hacer política porque pertenecen a la casta universitaria, en el caso de su líder como interino y cobrando menos de 1.000 euros al mes. Un argumento más que discutible.

En las universidades, claro está, hay episodios de corrupción. Algunos tan escandalosos como el de la Rey Juan Carlos, de Madrid, creada sin fundamento por un Gobierno popular y que por lo visto ha servido para contratar a decenas de parientes de sus responsables. Nada muy distinto de lo ocurrido en el Tribunal de Cuentas. Seguro que aparecen más casos que confirman el reinado del nepotismo y las prácticas clientelares en instituciones faltas de control. Para calibrar los males universitarios basta con repasar los informes encargados por el Ministerio de Educación, que creó una comisión de expertos a la que ha ninguneado. El ministro se apresura a provocar un monumental embrollo con la convivencia de los grados vigentes de cuatro años con otros nuevos de tres. Pero, a efectos de una verdadera reforma, la legislatura que se acaba ha sido tiempo perdido.

Los principales diagnósticos coinciden en señalar los defectos de nuestras universidades. El primero es la falta de fondos: nadie puede pensar que la escasez es una receta adecuada para triunfar en el ranking de Shanghái. Por poner un ejemplo, en mi universidad no se puede invitar a un especialista foráneo para juzgar una tesis doctoral o una contratación porque no hay dinero para pagarle el viaje. Pero luego asoman otras cuestiones, como la gobernanza, que da un tremendo poder a los intereses corporativos; el exceso de titulaciones; o los métodos docentes, que pese a las continuas quejas contra el novedoso modelo de Bolonia siguen siendo los tradicionales en muchas facultades, con profesores que dictan apuntes desde la tarima y estudiantes que tratan de reproducir sus palabras en los exámenes. Y, sobre todo, la clave de cualquier proyecto universitario: el reclutamiento del profesorado.

Y ahí entra en juego la endogamia, palabra que se emplea casi en exclusiva para los estudios sobre parentesco —en tribus lejanas o en la aristocracia— y para la universidad. En este aspecto, algo hemos avanzado desde los tiempos en que los catedráticos reinaban como sátrapas y colocaban a quienes les llevaban los bártulos. Un célebre académico solía decir que, en unas oposiciones, él votaría a su candidato aunque se limitara a rebuznar. Hoy, para conseguir una plaza universitaria, es preciso superar previamente un proceso de acreditación en el que se valoran los méritos investigadores, docentes y de gestión, y enfrentarse más tarde a pruebas específicas. Es decir, se exige mucho más que hace 30 años. Tal vez habría que cambiar estas normas, o ponderar de otra manera los currículos, pero resulta muy difícil que alguien que rebuzne, aunque sea con pericia, ocupe un puesto.

En cualquier caso, la maldita endogamia subsiste y origina situaciones sangrantes, porque desincentiva la competencia e impide la movilidad. Es un enorme obstáculo para captar el talento que nos hace falta. Su hegemonía procede, por una parte, de la contradictoria mezcla entre los concursos abiertos y la promoción legítima de los buenos profesores de la casa. Nace, por otra, de una cultura muy arraigada, capaz de torcer cualquier norma con tal de imponer la costumbre de favorecer a la clientela, al amigo o al compañero de despacho. Cuando se crearon grandes comisiones nacionales para la habilitación del profesorado, algunas se transformaron en zocos: tú votas al mío y yo voto al tuyo. Desde luego, las acreditaciones supusieron un avance.

Por tanto, se precisan tanto una mayor inversión como un cambio en las reglas de juego que vincule autonomía y rendición de cuentas, en un momento en que se acerca el retiro de un porcentaje considerable de la plantilla y su rejuvenecimiento parece imprescindible. Contamos con alguna ventaja, como la disponibilidad de estupendos investigadores y profesores, formados gracias a las becas —no regaladas sino ganadas a pulso— que se concedieron durante años. Programas como el Ramón y Cajal, que logró atraer a numerosos científicos, podrían servir de ejemplo. A la vez, la única forma de combatir la perniciosa cultura clientelar consistiría en adjudicar los presupuestos de acuerdo con evaluaciones periódicas, dando una relevancia crucial a la actividad investigadora, y en facilitar el despido de quien no cumpla con sus obligaciones: así, las universidades procurarían seducir a los mejores, a los que habría que proporcionar salarios decentes. El debate está servido: sólo falta que nuestros políticos, los asentados y los que llegan, presten atención.

Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid.

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