Quizás uno de los problemas europeos para abordar el conflicto de Mali sea el de calibrar la importancia real de la situación y actuar con una visión a largo plazo. El centro de atención gira en torno a la acción de Francia, a los intereses que han movido a este Estado o a los que pudieran movilizar a los demás tratando de justificar una nueva intervención internacional. Sin embargo, al margen de estos intereses hay una razón principal por encima del resto, como es la preservación de los derechos humanos. La instalación en el Sahel de grupos terroristas que se valen de la yihad para expandir el pánico y la miseria entre las poblaciones debería ser argumento suficiente para plantear la necesidad y urgencia de esta intervención. La aplicación rigorista de la sharia por los islamistas supone agresiones físicas y atentados contra los derechos más elementales que no pueden ser tolerados. Además, estos hechos agravan la situación humanitaria regional, provocando migraciones forzosas en las que se ocasionan nuevamente condiciones propicias para su transgresión.
Actualmente el término «coherencia internacional» ocupa un lugar preferente en las líneas que orientan la acción de las organizaciones internacionales, lo cual debe considerarse al afrontar el terrorismo como la mayor amenaza del siglo XXI. En concreto, desde hace más de dos décadas, el terrorismo islamista ha puesto en jaque a la comunidad internacional tanto en el mundo árabe musulmán como fuera de él. En los 90, mientras el interés europeo se centraba en los Balcanes, los afganos, olvidados a su suerte, impusieron un gobierno talibán cuyo régimen ha sido el más radical y misógino de la Historia. Fue a raíz del 11-S cuando la comunidad internacional reparó en aquella teocracia islamista en la que Al Qaeda encontró protección y el ámbito apropiado para su consolidación. Desde entonces se han destinado enormes recursos para luchar contra aquella amenaza al orden mundial. En 2014 las tropas internacionales reducirán su presencia en Afganistán. A partir de ahí será su propio gobierno el que deba garantizar la estabilidad, atento a un yihadismo latente y diversificado.
La posguerra de Libia ha sido la ocasión para vigorizar un terrorismo global que no entiende de fronteras. Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) ha salido fortalecida y se ha aprovechado de un escenario caracterizado por los tráficos ilícitos y el crimen organizado. AQMI, a pesar de actuar de forma independiente y de carecer de cohesión interna, comparte la ideología y las tácticas de la Al Qaeda global, lo mismo que el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO). Por ello no es difícil encontrar argumentos para considerar esta amenaza similar a la que ya movilizó a la comunidad internacional en 2002.
La diferencia entre entonces y ahora no es sólo geográfica. La proximidad del foco de la amenaza a la Unión Europea es un factor sustancial, pero no único. El contexto político y de seguridad ha cambiado notablemente en el mundo y más concretamente en el Mediterráneo. Las revueltas árabes infundieron unas esperanzas a las sociedades norteafricanas de las que progresivamente se adueñan actores radicales, que por vía doctrinal arrebatan las aspiraciones de quienes protagonizaron aquellos levantamientos.
El contexto de reformas y transición política de los países árabes no sólo se encuentra en riesgo de retroceso desde el interior, sino que además, a ello se suma la influencia externa de quienes apoyan el salafismo. En estas circunstancias, los sectores seculares asisten perplejos al ascenso de dichas influencias y se resisten a su posible consolidación. En este clima de difícil orden interno, la amenaza terrorista incide en los factores que pudieran conducir al fracaso de las aspiraciones de la Primavera Árabe, lo que suscita enorme inquietud en el Magreb y Egipto.
El yihadismo en el Sahel puede desestabilizar esta región y la mediterránea, y puede reverdecer aquello contra lo que se luchó en Afganistán. La UE no puede quedar concentrada en sus asuntos, ni siquiera en estos tiempos de crisis, pues ya tuvo su lección de los 90. Igualmente hay otras enseñanzas que deben servir para evitar errores: la presencia de las fuerzas armadas occidentales en un territorio ajeno a su idiosincrasia y el concepto de la gestión de crisis y definición de la misión internacional.
En estos puntos es en los que entra en cuestión la posición de Francia, incluso en el caso de que, más allá de su interés como antigua potencia colonial, hubiese actuado con la visión estratégica que en estos momentos se necesita. La intervención francesa no queda exenta de elogios ni de recriminaciones. Francia se ha anticipado a lo que ha evaluado como una amenaza inminente. Si no lo hubiera hecho, la tardanza en la respuesta hubiese favorecido a los terroristas, cuyas ambiciones no se limitan a Mali, sino que se amplían al Sahel. Ahora bien, su acción unilateral delata el afán de un protagonismo que no parece estar dispuesto a secundar la UE. Las Naciones Unidas han declinado la responsabilidad de promover la intervención de una fuerza, AFISMA, integrada por los ejércitos de los países de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental. Paralelamente, la UE ha aprobado una misión destinada al adiestramiento, asesoramiento y apoyo de inteligencia para AFISMA. Esta decisión no responde a un intento de soslayar la amenaza, sino a lo aprendido en otros teatros como el de Afganistán o el de Somalia. Además, no procede obviar el rechazo de los Estados africanos a la presencia de tropas occidentales. La soberanía de los Estados tiene un valor, pero Francia no es capaz de superar su percepción colonial de África. Los otros posibles Estados afectados por o desde el Sahel acabarán reclamando su parcela de reconocimiento y dignidad.
Por otro lado, más allá de la operación militar, queda por definir el concepto de la misión. Las consecuencias de la guerra de Libia -que ha dejado a la región expuesta al rearme y a la acción de grupos insurgentes- parecen ser una lección ignorada por El Elíseo. La gestión de esta crisis sólo podrá dar resultados si se hace de modo integral, lo que es tan fundamental como complejo. Considerando que la situación económica internacional ya ha influido en la decisión de la retirada de Afganistán, el panorama que se puede esperar en esta ocasión no puede ser más incierto. Sin embargo, la lucha contra el terrorismo en Mali, como en el resto de la región, pasa por un programa completo y coordinado de cooperación internacional.
Mientras no haya fortalecimiento de la gobernanza, defensa de los derechos humanos y prosperidad económica, los yihadistas contarán con un entorno en el que fácilmente pueden valerse de fidelidades. Bajo esta premisa, en cuanto a la posición española, la cuestión a resolver no se limita al deber de actuar, sino en cómo ha de hacerse. Tanto el imperativo geográfico como los intereses de España en el Magreb y el Sahel están fuera de toda discusión. Valga la ocasión para recordar lo ajena que se muestra la sociedad española a las amenazas a su seguridad. Ya veremos los recortes en Defensa hasta dónde permiten posicionarse al Gobierno español. Y es que las enseñanzas no deben reducirse a las de la comunidad internacional, sino que también se deben aprender en el interior de nuestro país.
María Dolores Algora Weber es profesora de Relaciones Internacionales e Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo.