Viajemos hacia mediados de los 60 del siglo XX. Empezaba en Mallorca el boom turístico tras el parón producido por la guerra del 36 y la posguerra. Los mallorquines se pusieron a construir hoteles como locos en los lugares en los que los operadores turísticos extranjeros querían llevar a los turistas de sol y playa, cerca del mar, en calas, playas y peñascos: se produjo la primera litoralización (balearización), que en menos de una década hizo que la isla tuviera más de 1.000 hoteles. No se anduvieron con remilgos, la ordenación del territorio fue inexistente y se cometieron auténticos disparates que cambiaron el aspecto de paisajes, pueblos de la costa e inmediaciones de Palma.
Mi abuela materna Joana era una ecologista avant la lettre, y cuando veraneaba con ella en el barri del Terreno, en Palma, nos dedicábamos a hacer un memorial de agravios de las destrucciones patrimoniales y territoriales. Y llorábamos lágrimas de sangre por aquella ciudad convertida en hotel apartamento, por aquella cala invadida de cemento, por ese bosque urbanizado. Pasamos de un millón de turistas, en 1965, a casi tres millones en 1975. Joan Miró, que habitaba en una finca virgen, Son Abrines, cerca del núcleo de Cala Major, se vio rodeado de rascacielos, hoteles y apartamentos. Y dijo la célebre frase: los mallorquines son unos bobos.
Sí, algunos mallorquines, los de una nueva clase emergente de hoteleros y constructores, han sido bobos por haber adorado solo al becerro de oro del enriquecimiento abundante y rápido sin pensar en más consecuencias: la destrucción del territorio, del medio ambiente, de la isla. Y así, después de la muerte de Franco, hemos visto cómo crecía el número de turistas, hasta llegar a 13 millones el 2005. Hemos visto cómo una parte de la sociedad se dedicaba al desarrollismo salvaje, a la construcción incontrolada, a la multiplicación de autopistas y a la ampliación del aeropuerto y, también, cómo la sociedad civil y civilizada, la que sabe que tenemos la tierra en usufructo, firmaba manifiestos y se manifestaba por conseguir leyes protectoras del litoral, del paisaje, de los parques naturales, por salvar Mallorca de la asfaltización general.
El gobierno del PP de Gabriel Cañellas, entre 1983 y 1995, fue el reino del dejar hacer mientras no hubiera denuncias ni protestas. Además de producir una estructura económica con muy poca diversificación, no cesó en sus chanchullos. El caso Zeus-Torcal fue el primer escándalo que afectó a Cañellas por ilegalidades de unas empresas constructoras presuntamente vinculadas a él. Le siguió el caso Calvià, intento del PP de comprar el voto de un concejal socialista. El caso túnel de Sóller, cobro de comisiones ilegales destinadas a las arcas del PP, fue el último estallido que hizo caer a la presidencia cañellista.
El presidente Cristòfol Soler fue sustituido en menos de un año por Jaume Matas, que gobernó entre 1996 y 1999. Esos tres años estuvieron surcados por dos grandes escándalos políticos. El caso Bitel de espionaje electrónico desde Presidencia del Govern balear al presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, del PSOE, y el caso Mapau, una trama ilegal de captación de votos de los residentes en el extranjero, diseñada, presuntamente, desde el despacho de Matas. En ambos casos existió la responsabilidad directa de Matas y, entre los implicados, una numerosa relación de cargos del PP. La justicia no llegó a dar ninguna sentencia condenatoria. En el caso túnel de Sóller, Cañellas dimitió con responsabilidad política y, cuando salió la sentencia, el delito había prescrito.
El Pacte de Progrés, presidido por Francesc Antich, del PSOE, durante los convulsos cuatro años siguientes, 1999-2003, con una oposición salvaje de hoteleros y constructores, intentó llegar a un crecimiento sostenible y compatible con el medio ambiente. Frenó la imparable máquina desarrollista y perdió las elecciones, especialmente dañado por la ley de la ecotasa: un necesario impuesto ecológico que se encontró con la oposición brutal, incluso jurídica, de los hoteleros.
El 2003, Matas obtuvo la mayoría absoluta y volvimos a una aceleración de la insostenibilidad, cruzada por una veintena de ayuntamientos del PP en los que hay denuncias y procesos judiciales relacionados con la corrupción urbanística. El caso Son Espases: recalificar una finca rústica en una zona histórica y paisajística para construir un hospital general y, a la vez, dar información privilegiada a un grupo de empresarios para llevar a cabo pelotazos alrededor del hospital. El caso Cavallistes: 11 alcaldes o tenientes de alcalde de varios ayuntamientos del PP firmaron documentos presumiblemente falsos para legalizar una casa del alcalde de Ses Salines. El alcalde de Santa Margalida, del PP, es investigado por unas cintas magnetofónicas en las que trata de presuntas recalificaciones urbanísticas a cambio de euros. El Ayuntamientos de Palma, del PP, ha tolerado desde instalaciones de negocios en suelo rústico a urbanizaciones ilegales, sin olvidar la destrucción de un patrimonio ciudadano: el Pont del Tren.
El caso Andratx es el escándalo absoluto: el alcalde, fichado por el PP, acumula más de 70 denuncias por delitos ambientales y urbanísticos y ahora es imputado por, entre otros delitos, prevaricación, fraude a la hacienda pública, soborno y blanqueo de dinero. El cerebro de Ordenación del Territorio, responsable durante tres décadas del urbanismo en Andratx, ahora trabajaba en recalificaciones urbanísticas y en los planes territoriales de ayuntamientos y consejos. El celador y socio del alcalde es el tercer imputado. Los tres tienen negocios inmobiliarios. El presidente Matas, desde que empezó esta operación Voramar, ya ha mentido más de ocho veces. Este es el panorama. Los defensores de la tierra, del mar y del aire podemos dar las gracias al poder judicial. El caso Andratx es el principio de la regeneración, de la posibilidad de salvar parte de Mallorca.
Biel Mesquida, escritor.