El pasado 4 de abril tuvo lugar en Zaragoza la mayor manifestación en muchos años a favor de la libertad educativa y en contra de la anunciada supresión de varios conciertos en Aragón. Al día siguiente, el Gobierno regional PSOE-CHA, apoyado por Podemos e IU, decretó el cierre de trece aulas de educación concertada que los tribunales han suspendido cautelarmente. Parece que la izquierda aragonesa desconoce profundamente el sistema educativo español consagrado en la Constitución, la legislación vigente y la jurisprudencia. Para su ilustración, repasamos a continuación muy someramente algunos de sus principios básicos.
Varias sentencias del Tribunal Supremo indican que cuando se deniega o no se concede un concierto educativo debe justificarse con razones acreditadas, como podrían ser la inexistencia de necesidades de escolarización o la insuficiencia de crédito presupuestario. Para ello no cabe recurrir a fórmulas estereotipadas o juicios de valor, como el "no existe necesidad de escolarización" de nuestra curiosa Consejería, aplicado incluso a la zona sur de Zaragoza, donde las necesidades son tan perentorias como obvias. Motivo por el cual, entre otros, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha sentenciado a la DGA a concertar el colegio Montearagón-Sansueña, cosa que nuestro Gobierno regional ha recurrido con escasas posibilidades de ganar.
El régimen de conciertos está íntimamente vinculado con el derecho a la educación. La legislación vigente reconoce que los padres tienen derecho a escoger centro docente tanto público como concertado. Ni la ley ni la jurisprudencia defienden en absoluto el principio de subsidiariedad al revés, por el que solo se harían conciertos cuando no haya plazas en los centros públicos. Más bien al contrario, consagran el principio de enseñanza dual, por el que la Administración debe apoyar la existencia tanto de centros públicos como concertados de todo tipo de inspiración moral, política o religiosa. La subsidiariedad jamás funciona a favor de la Administración, sino de la sociedad civil. Solo manteniendo este sistema dual pueden hacerse efectivos los derechos constitucionales a la educación, a la libertad de enseñanza, a recibir formación religiosa y moral y a la creación de centros docentes. La enseñanza obligatoria se presta tanto en régimen de gestión directa (centros públicos) como de gestión indirecta (centros concertados). Pero mientras la DGA cierra aulas concertadas, abre otras públicas. ¿Acaso la crisis demográfica y el menor número de niños afecta solo a la concertada? Los datos indican lo contrario: la mitad de las familias eligen concertada, pero solo el 30% obtienen la plaza elegida. Después de lo jurídico, vayamos a lo político. Que la consejera Mayte Pérez declare que se siente maniatada por los tribunales o, peor todavía, que el presidente Javier Lambán diga que aspira a eliminar la educación concertada les sitúa directamente fuera de la legalidad y de la Constitución española de 1978. Para mayor caos, dicen esto después de haber firmado hace cinco meses un pacto educativo que acaban de dinamitar. Son síntomas inequívocos del desconcierto en que está sumido este Gobierno de Aragón, aquejado de una enfermedad política llamada sectarismo (o aversión a la diversidad) en su fase aguda de ‘podemitis’. Cuando Podemos opta por una postura radical, el PSOE, CHA e IU no pueden ser menos y abrazan el mismo extremismo.
Las fuerzas de izquierda no han percibido el regalo electoral que les están haciendo al PP, al PAR y a Ciudadanos para las elecciones autonómicas de 2019. La manifestación del 4 de abril ha sido el punto de inflexión de esta legislatura. La oposición necesitaba una causa visible contra este Gobierno. Ya la tiene y encima agrupa a nada menos que 50.000 alumnos, 4.000 profesores y 35.000 familias de la educación concertada. Han hecho un pan como unas tortas.
Juan Pablo Artero, doctor en Comunicación y profesor de Periodismo de la Universidad de Zaragoza.