La primera vez que el abogado de la AVT tomó la palabra para interrogar a uno de los acusados de organizar el atentado del 11-M, lo hizo para preguntar si tenían relación con ETA. ¿Desde cuándo utilizan temporizadores de ETA? ¿Han coincidido con miembros de ETA en los campos de entrenamiento de Afganistán? ¿Alguien les suministró dinamita Tytadine? Más o menos, ése fue el tenor de las preguntas de una acusación no respondida.
Ese abogado ejerce la acusación popular en nombre de una asociación de víctimas, pero bien podría decirse que no busca la condena de los acusados sino la del PSOE como presunto inductor de ese atentado, en supuesta complicidad con ETA. Porque, al incorporar obsesivamente al sumario esa fantasmagórica conexión, siembran de dudas la narración jurídica de la Fiscalía y otorgan objetivamente una línea argumental a las defensas de los acusados. Rápidamente se comprobó que el abogado de uno de los acusados intentó engañar al tribunal aportando una foto de un temporizador que usa ETA, que resultó ser un cuadro electrónico de lavadora.
Realmente no he visto en la vida tanto desprecio a las víctimas del terrorismo. No sé cómo es posible seguir ostentando esa representación cuando se trabaja objetivamente en beneficio de los verdugos. Porque, ¿qué cabe decir y pensar de quienes, en nombre de las víctimas, pretenden condenar a otros y favorecer la absolución de los culpables?
Hasta ahora sabíamos que se había utilizado a las víctimas del terrorismo en defensa de una estrategia política de partido y en articulada ofensiva contra el PSOE, el Gobierno y especialmente contra su presidente. Ahora sabemos también que las víctimas del 11-M les importan un bledo si no contribuyen a su verdadero objetivo. Parece como si las víctimas del 11-M no hubieran sufrido como las víctimas de ETA. Y si sufren y quieren ver en la cárcel para siempre a los terroristas que volaron cuatro trenes matando a 192 personas e hiriendo a centenares o miles, se desprecian esos sentimientos marginándolos del debate mediático.
Ha sido vergonzoso, por ejemplo, ver cómo determinados medios de comunicación, tertulias y demás foros mediáticos seguían hablando de De Juana como el más sanguinario de los seres humanos, sin decir una palabra sobre el odioso crimen del 11-M y sobre la horrible condición asesina de los acusados, fanáticos de la yihad y del asesinato en masa.
Es vergonzoso que el Partido Popular todavía alimente las dudas y las sospechas sobre la autoría y la causa criminal del 11-M. La contundencia de las pruebas está desmontando, desde los inicios del juicio, la debilidad argumental de la conspiración Al-Qaida/ETA del 11-M, convirtiendo precisamente ese intento, en una verdadera conspiración contra la Justicia y el Estado de Derecho. ¿Qué hace el PP en ese charco? ¿Es admisible en nuestro juego democrático que el antiguo portavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, declarara, hace tan sólo unos días, que «España no sólo tiene que saber quién puso las bombas, sino qué grupo terrorista puso a Zapatero en La Moncloa»?
La Policía española ha dado un ejemplo al mundo en la eficacia de su investigación. La Justicia española está mostrando a todo el mundo jurídico la escrupulosa instrucción de este sumario y el ejemplar desarrollo de la vista, impregnadas ambas de garantismo penal y de rigor jurídico. ¿Por qué se empeñan tantos españoles y tan poderosos medios en desprestigiar a policías, fiscales y jueces? ¿Cómo es posible que el partidismo sectario nos lleve a cuestionar tan abiertamente nuestras principales instituciones?
En el mismo terreno de la manipulación se sitúa la reacción del PP al atentado de Barajas. Durante meses hemos visto y oído a sus dirigentes acusar al Gobierno de haberse 'rendido' ante la organización terrorista o de negociar concesiones políticas. Después del comunicado de ETA de primeros de enero 'explicando' el atentado en base a la firme decisión del Gobierno de situar el diálogo para la paz en los límites de la ley, la Constitución y el Estado de Derecho, el PP se las ha arreglado para no acudir a la manifestación de los sindicatos y los ecuatorianos contra ETA, para acabar organizando y protagonizando otra nueva manifestación (y van seis en poco más de una año) no contra ETA, sino contra el Gobierno y su presidente, a quienes poco menos que se les acabó acusando de ser los únicos responsables del atentado. Para muestra, la frase fatídica de Rajoy en el debate del 15 de enero en el Congreso sobre el atentado: «Si usted no cumple, ETA le pondrá bombas, y si no hay bombas, es que habrá cedido».
Manipulación masiva es rastrear la trayectoria personal y profesional de un ministro, recién anunciado su próximo nombramiento y someterle a un acoso inédito en democracia. No es que se haya violado un plazo mínimo de cortesía hacia quien llega a un alto cargo. Es que a las pocas horas de conocerse su futuro nombramiento, los teletipos rebosaban de insultos y descalificaciones contra él.
Manipulación masiva es volver a la calle, en otra manifestación junto a la AVT, contra la sentencia del Supremo en el 'caso De Juana'. Mucho más que manipulación, es gravísima irresponsabilidad de un partido tan importante para la democracia española encabezar manifestaciones contra la sentencia del máximo tribunal penal del país. Es un salto cualitativo en los ataques a la independencia judicial y una falta absoluta de respeto a una de las instituciones mas importantes del país. Viene bien recordar una declaración de Mariano Rajoy en enero pasado que ha sido muy mal entendida por su 'aparato': «Al juez, que tiene la función de aplicar la ley porque alguien tiene que hacerlo en democracia, hay que respetarlo, no se puede ni presionarlo ni chantajearlo». Ocurre sin embargo que esas declaraciones se referían a las manifestaciones del PNV en el 'caso Ibarretxe' y ya se sabe, en política, demasiadas veces, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio.
No acostumbro a utilizar estas páginas para hacer crítica política, aunque esto resulte inevitable en la exposición subjetiva de opiniones y en el análisis de la actualidad. Pero desde el atentado de ETA en la T-4 y ante un horizonte electoral como el que se avecina, el volumen de la oposición nos está llevando a un penoso escenario de conflicto creciente. No es justo que la opinión pública reparta culpas por igual. Denunciar estas manipulaciones masivas me parece obligado, lo mismo que recordar que los máximos dirigentes del PSE-EE están imputados ante los tribunales a instancias de una denuncia del PP, algo que jamás había ocurrido en la experiencia democrática desde la Transición.
Ramón Jáuregui, portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso.