Mantener Internet libre de impuestos

Cuando se desencadena una de las mayores protestas en Europa del Este después de la caída del comunismo, sin duda se ha logrado convulsionar al electorado. Y eso es exactamente lo que hizo el gobierno húngaro al intentar establecer recientemente un impuesto sobre Internet de .50 euros (0,62 dólares) por gigabyte. Encolerizados por lo que esta medida representa en el plano político y por su real impacto económico, más de 100 mil manifestantes se reunieron en Budapest, y con ello lograron que el gobierno del primer ministro Viktor Orbán diera rápidamente marcha atrás.

El impuesto que el gobierno húngaro intentaba establecer era absurdo, similar a fijar una cuota por la lectura de libros o a cobrar a la gente por mantener conversaciones con sus amigos. Si bien la medida ha sido suspendida (aun cuando Orbán ha dejado entrever la posibilidad de reintroducirla pero de otra forma), la preocupación persiste porque es parte de un patrón inquietante. Un gran número de países ha introducido impuestos y aranceles que dificultan la adopción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En total, 31 países, entre ellos Turquía, Brasil y Grecia, adicionan un 5% o más al impuesto normal sobre el valor agregado.

En Hungría, el impuesto sobre Internet habría resultado particularmente pernicioso porque habría aumentado el costo del tráfico de datos entre un 5 % y 15%, y afectado aún más a las personas suscritas a banda ancha fija, sobre todo a los jóvenes y a los pobres, a quienes representaría una carga significativa. El tope de 2.30 euros por persona, sugerido a la ligera después de las primeras protestas públicas, y antes de que la iniciativa fuera retirada, habría ayudado en poco a aliviar la carga a los usuarios de Internet de bajos recursos, y sin embargo reduciría de forma drástica los ingresos totales del programa.

Como los manifestantes en Budapest señalaban, el impuesto no es conveniente para Hungría ni para otros países. Los gobiernos con problemas de liquidez adoptan esta clase de impuestos porque los bienes y servicios de las TIC son un blanco fácil para las autoridades fiscales. Además, se les suele identificar erróneamente como productos de lujo, sin tener en cuenta la importancia central que ha adquirido Internet en la vida de los ciudadanos.

En definitiva, estas políticas resultan contraproducentes. El consiguiente aumento de los precios dificulta la adopción y el uso de las TIC, lo que genera una disminución de los ingresos fiscales por la compra de bienes y servicios. Además, los estudios muestran un efecto indirecto aún más importante: restringir la adopción de las TIC frena el crecimiento y en última instancia tiene un efecto negativo sobre la recaudación fiscal total, y con ello se contrarresta cualquier ingreso derivado de los precios por el uso de Internet. En India, por ejemplo, un estudio demostró que por cada dólar recaudado mediante los aranceles sobre las importaciones de productos TIC importados, la menor productividad provocaba una pérdida económica de 1.30 dólares.

Gravar las TIC equivaldría hoy en día a consumir las reservas para la próxima siembra. La adopción de las TIC impulsa un cambio tecnológico fundamental que podría transformar una amplia gama de industrias y la vida cotidiana de los ciudadanos. En las empresas, las TIC pueden incrementar la eficiencia y facilitar la coordinación; en los hogares, aumentar los ingresos y hacer más práctica la vida diaria.

Los beneficios generados por los bienes y servicios de las TIC crecen de manera significativa a medida que aumenta el número de empresas y consumidores que comienzan a utilizarlos. Las políticas gubernamentales inteligentes como los subsidios o exenciones fiscales para la compra de las TIC impulsan su adopción al beneficiar a los usuarios que de otro modo no tendrían la posibilidad de pagarlos. Un gravamen sobre Internet, al igual que otros impuestos y aranceles sobre bienes y servicios de las TIC, tienen el efecto contrario.

El impuesto propuesto por el gobierno húngaro era particularmente pernicioso debido a las deficiencias en su concepción. Como era una tarifa fija de 0,50 euros por gigabyte, su porcentaje en el gasto total de las TIC habría aumentado a medida que disminuyera el costo del gigabyte, como probablemente ocurrirá. Fijar un tope a un impuesto de esta clase impediría el incremento de la tasa, pero la mayor demanda de anchos de banda provocaría que la mayoría de los usuarios alcanzara rápidamente el límite máximo, lo que afectaría no sólo a los consumidores más pobres, sino también a las nuevas y pequeñas empresas. Imposibilitar el acceso a Internet de los sectores más pobres y emprendedores no es la manera de financiar un gobierno.

Los países se beneficiarían más con políticas de promoción de las TIC, como la eliminación de impuestos y aranceles sobre sus productos y servicios, la eliminación de las barreras no arancelarias como las impuestas en los servicios de almacenamiento local de datos, y el fomento de la innovación y la transformación digital en sectores económicos mediante reformas de la normativa y del régimen de adquisiciones. El aumento de la productividad, la competitividad y el crecimiento económico brindarían una base mucho más estable y favorable para incrementar los ingresos fiscales.

La Unión Europea en su conjunto ha hecho un buen trabajo para mantener bajos los impuestos y aranceles sobre las TIC, a pesar de las considerables dificultades fiscales que enfrentan muchos países. De hecho, la aplicación general del régimen fiscal no discriminatorio ha ayudado en gran medida a la adopción de las TIC. Por su parte, la comisaria europea de Agenda Digital se pronunció enérgicamente contra el impuesto propuesto por Hungría, calificándolo como "una idea particularmente mala." El único país de la UE con impuestos considerables sobre los productos y servicios de las TIC (aproximadamente un 9%) es Grecia, tal vez un caso especial en Europa.

Las recientes actuaciones de los responsables del diseño de políticas húngaros demuestran que ningún país está exento de malas ideas políticas. Los gobiernos necesitan ingresos, pero la manera de generarlos moldea las economías de sus países según se fomente un tipo de transacción y desalienten otro. Las políticas que impulsan la adopción de las TIC son una la vía adecuada para el crecimiento económico inclusivo y de largo plazo. Como quedó demostrado con el caso de Hungría, en última instancia les corresponde a los ciudadanos pedir cuentas a sus gobiernos y asegurarse de que las políticas fiscales y arancelarias redunden en beneficios para todos.

Robert D. Atkinson is the founder and president of the Information Technology and Innovation Foundation. Ben Miller is a policy analyst at the Information Technology and Innovation Foundation.

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