Maragall y el socialismo español

Por Gabriel Elorriaga Pisarik, secretario de Estado de Organización Territorial y coordinador de Estudios y Formación del Partido Popular (EL MUNDO, 10/11/03):

«Los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña afirman su determinación de intervenir en todas las decisiones políticas que afecten a sus derechos y a sus intereses; se declaran titulares del derecho al autogobierno que les confiere una voluntad nacional expresada repetidamente a través de su historia; declaran que Cataluña es una nación;...»

Con estas inequívocas declaraciones comienza la propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña presentada el pasado mes de marzo por el PSC-PSOE. Culminaba así una estrategia política, iniciada tras su fracaso en las elecciones autonómicas de 1999, que ha situado en el centro del debate político catalán una reforma del Estatuto que, en los veinte años anteriores, CiU nunca había planteado.

Se rompía así con una línea política que, desde la aprobación de la Constitución, había mantenido al PSOE en la defensa de un modelo de Estado por todos compartido. Los acuerdos autonómicos de 1981, alcanzados entre el Gobierno y el PSOE, entonces en la oposición, impulsaron la generalización y la homogeneización de los estatutos de autonomía, respetando los hechos diferenciales.Fruto de aquel acuerdo, apenas recién llegado el Partido Socialista al Gobierno, en febrero de 1983, las 17 comunidades autónomas tenían ya aprobados sus estatutos.

Tras una década de despliegue del modelo, los acuerdos autonómicos de 1992 suscritos con el Partido Popular, pretendieron igualar los techos competenciales y así «ultimar, de acuerdo con las previsiones constitucionales, la definición concreta del desarrollo del Título VIII de la Constitución, de manera que se afiance un funcionamiento integrado y estable del Estado autonómico en su conjunto». Esta es la tarea a la que se ha dirigido la acción del Gobierno en los últimos ocho años.

Tras la victoria electoral del Partido Popular en 1996, Felipe González centró su crítica durante el debate de investidura en la denuncia de los acuerdos suscritos con los nacionalistas catalanes, canarios y vascos. A pesar de que estos acuerdos fueron hechos públicos en toda su extensión -a diferencia de lo ocurrido en 1993-, González volvió una y otra vez a cuestionar el coste del nuevo modelo de financiación cuyos elementos centrales se recogían en el acuerdo con CiU -y en el propio programa electoral del PP, dicho sea de paso-. Fue el comienzo de una línea de oposición que tomó como eje central el nuevo «desorden autonómico», en palabras pronunciadas entonces por González y luego repetidas en múltiples intervenciones y documentos del Partido Socialista.Resumiendo con claridad su planteamiento político, el PSOE aprobó en 1998 el documento titulado La estructura del Estado. El reproche por las concesiones excesivas a los grupos nacionalistas era el centro de la crítica: «La historia política vivida nos ha mostrado una escalada de agravios comparativos y de ejercicios de autoafirmación que han fomentado, en general, el particularismo como moda política», se destacaba entonces.

«Las propuestas en favor de un nuevo pacto fiscal para Cataluña -se afirma en otro momento- sólo unos meses después de haberse firmado el acuerdo de financiación, o las reiteraciones hacia fórmulas de corte confederal, reivindicando modelos de soberanía compartida o abiertamente autodeterministas, constituyen una muestra de la falta de sentido general y de correspondencia a los pactos que rigen la gobernabilidad española y la política autonómica en general (...)». Como muestra del desorden autonómico alcanzado se denuncia una «(... )cierta desvertebración o indefensión del Estado para asegurar unos mínimos educativos comunes (Humanidades) o para desarrollar proyectos conjuntos del país (Plan Hidrológico y otros)». Esa era, literalmente, la crítica del PSOE en 1998.

El documento socialista continúa con una línea inequívoca. «La Constitución ya establece el modelo final [del marco jurídico-político] y sus artículos fundamentales, junto a los Estatutos respectivos, fijan los niveles para cada Autonomía y para el Gobierno de la Nación». «El artículo 150.2 CE debe interpretarse como un instrumento para la perfección del sistema, pero nunca como una puerta abierta al infinito o como mecanismo de alteración a la asignación competencial básica que establece el 149 CE». «Los socialistas defendemos la estabilidad del modelo considerando que el reparto competencial está básicamente fijado en la Constitución y en los estatutos de autonomía y que tal reparto no debe ser sustancialmente alterado».

En el manifiesto electoral para las elecciones autonómicas de mayo de 1999, «Estabilizar el modelo» fue uno de los lemas; la financiación autonómica, el eje de la crítica. Propugnaron los socialistas «una política orientada a restablecer el prestigio del proyecto estatal». Y se volvió a proclamar: «no somos partidarios de reformas profundas en el bloque constitucional, excepto en lo que se refiere a la configuración del Senado».

Los pobres resultados electorales del Partido Socialista en esas elecciones trataron de ser compensados con dos acuerdos de gobierno en Baleares y Aragón que le unieron con diversas fuerzas nacionalistas.Por otro lado, la inesperada derrota de Maragall en las elecciones catalanas llevó al PSC, sin duda, a un replanteamiento de su estrategia política.

Pocos meses más tarde, la coalición de partidos de izquierda nacionalista con la que el PSC-PSOE concurrió al Senado tuvo mejor suerte que su equivalente en el resto de España, la coalición PSOE-IU. Tal vez por ello, y quizás también por el respaldo del PSC a Zapatero en el inmediato Congreso que le llevó a la Secretaría General, el documento presentado por los partidos integrantes de la ENTESA -PSC, ERC e IC-EV-, en la Comisión de estudio para la profundización del autogobierno, a finales de 2001, introdujo novedades importantes.

Ante el Parlamento de Cataluña se afirmó que «las circunstancias socioeconómicas, políticas, tecnológicas y culturales del último cuarto de siglo han modificado de manera sustantiva el contexto en que Cataluña tiene que ejercer su capacidad política». Los partidos que suscribieron el documento consideraron «que las interpretaciones extensivas del bloque de constitucionalidad y la concepción expansiva de la legislación básica y de las leyes orgánicas han alterado el reparto competencial previsto en los textos de la Constitución y del Estatuto, y han producido una reducción de las potencialidades del autogobierno contenidas en los textos mencionados».

Se propuso la delegación de competencias exclusivas del Estado en materia de Justicia, infraestructuras de interés general, inmigración y régimen local. Además, se propugnó la utilización del artículo 150.2 de la Constitución para «promover la unificación de la atención administrativa al ciudadano (transferir progresivamente las funciones ejecutivas del Estado en el territorio de Cataluña a la Generalidad, para convertirse en la única Administración responsable de las competencias autonómicas y estatales, actuando en este último caso como administradora de tareas comunes)».El tradicional federalismo socialista se sustituyó por la necesidad de «reforzar los mecanismos de relación ordinaria entre la Generalidad y el Estado de carácter bilateral». Se propusieron, por otro lado, modificaciones en los Títulos III y VIII de la Constitución.No se descartó, por último, «explorar la vía de la Disposición Adicional 1ª de la Constitución Española y, una vez agotadas todas las vías anteriores, considerar la eventualidad de la revisión de las disposiciones estatutarias y constitucionales en materia competencial».

El impacto en la opinión pública del documento impulsado por el PSC obligó al PSOE a aprobar con rapidez otro que pretendió aclarar su posición sobre el Estado de las Autonomías. Una ciudadanía plena, aprobado en febrero de 2002, estaba en buena parte copiado, textualmente, del documento de 1998, pero con omisiones y algunos cambios significativos. Había ya que superar la «visión esclerótica» de los estatutos y «resulta absurdo plantearse una suerte de fundamentalismo o integrismo constitucional. La Norma Fundamental no puede quedarse atrás de la realidad política. Hemos de ser capaces de adaptarla a los nuevos tiempos».

El nuevo planteamiento quedó aclarado por el PSC un año más tarde con sus bases para un nuevo Estatuto de Autonomía. El texto con que da comienzo este artículo va seguido de un documento impreciso en casi toda su extensión y deliberadamente confuso en muchos aspectos. Por si quedara alguna duda sobre su estrategia de mimetizar su discurso con el de los nacionalistas catalanes, Maragall afirma poco después que «la nueva financiación autonómica es un desastre para las regiones más ricas», y semanas más tarde proclama que la Constitución española de 1978 debe entenderse como una «gran disposición transitoria». Afirmación política de la identidad nacional catalana, reivindicación competencial y reclamación financiera, los tres ejes del discurso nacionalista, quedan integrados en el ideario socialista catalán, al que se añade un escepticismo constitucional al que, curiosamente, los nacionalistas catalanes aún no se han sumado.

Del documento aprobado por el Consejo Territorial del PSOE a finales de agosto en Santillana del Mar poco cabe decir, porque no dice nada. La imposibilidad de conciliar la diversidad de planteamientos les llevó a navegar sobre un mar de contradicciones.La evolución desde los Acuerdos autonómicos de 1981 y 1992 al discurso del «desorden» de 1996, y la «regresión» autonómica de hoy no responde a la realidad ni obedece a reflexión ideológica alguna, al menos explícita; es la consecuencia de un cúmulo de circunstancias derivadas de la debilidad política del proyecto socialista tras la marcha de González. Una propuesta incongruente con los pactos sucesivamente alcanzados por el PSOE desde 1978, inconsecuente con su acción de gobierno e incoherente con su pretendido afán igualitario y su discurso de solidaridad interterritorial.Este es el resultado de la influencia de Maragall en el socialismo español.