Antonio Sanz Cabello es portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz (EL PAÍS, 08/04/06):
La estampida suele ser provocada por quienes tratan de ocultar, tras su polvareda, la vileza del cuatrero que quiere que nadie se percate de su proceder apropiándose de lo que no es suyo sino que es de otro o es de todos. Contra la estrategia de la estampida no cabe otra cosa que la estrategia de la realidad y de los hechos. Creo que el criminal nunca gana y que la verdad se impone. Para que se abra paso, es necesario precisar hechos contundentes y comprobables, imposibles de deformar por quienes cobran por decir lo que no es o por decir sólo la parte que conviene a la mano que les mece la cuna.
En primer lugar, Gil gobernó Marbella tras las elecciones de 1991. Hasta entonces y desde 1979, todos los alcaldes de Marbella fueron socialistas. Uno de ellos, Alfonso Cañas, pidió a la Fiscalía Anticorrupción que investigara el enriquecimiento de los concejales de las dos primeras corporaciones, incluidos los del PSOE. También denunció al entonces presidente del gobierno, Felipe González, la corrupción que destacados personajes socialistas practicaban en Marbella, pero no fue escuchado. Es más, dijo tener una lista de personalidades relevantes del socialismo español que le habían propuesto operaciones urbanísticas "dudosas", pero ni siquiera la dirección andaluza del PSOE le hizo caso.
De ser cierto el hecho de que los maletines volaban en Marbella, como ha dicho recientemente Chaves, habrá que tener en cuenta que fue el socialista Alfonso Cañas quien dijo alto y claro que existían "corruptelas, sobres y maletines para la concesión de licencias urbanísticas" y que había un triángulo Sevilla-Marbella-Córdoba en el que desaparecía el dinero. Cañas dimitió por no ser capaz de soportar la presión de personajes que esperaban de él una actuación similar a la de su predecesor en el cargo y compañero de partido, José Luís Rodríguez.
Añadiré sólo que otro alcalde socialista, Francisco Parra, que sustituyó a Alfonso Cañas antes de la llegada de Gil, fue fichado por la alcaldesa Yagüe, ahora en prisión, para formar parte de su equipo.
En segundo lugar, hay un sumario judicial que fue archivado porque prescribió -prescripción judicial, que no política ni moral-, en el que fueron imputados altos cargos de la Junta de Andalucía. La historia es bien sencilla y conocida. Para conseguir determinados favores urbanísticos, Jesús Gil tuvo que entregar a determinados personajes socialistas 220 millones de pesetas, luego encogidos misteriosamente hasta 85.
Por esta denuncia, el fiscal, no en tiempos de un Gobierno del PP sino en tiempos de un Gobierno de Felipe González, logró la imputación del consejero de la Junta y militante del PSOE Jaime Montaner y del ex vicepresidente socialista de la Junta, José Miguel Salinas. Aquellos hechos se remontaban a 1986, cuando en Marbella, Andalucía y España gobernaba el PSOE.
En tercer lugar, la teniente de alcalde que está en la cárcel acusada de diversos delitos es Isabel García Marcos, militante socialista desde los años ochenta, íntimamente relacionada con la dirección regional del PSOE y candidata socialista apoyada por Chaves en las elecciones municipales de 2003.
En cuarto lugar, Chaves es presidente de la Junta desde 1990. Parece poco posible que desde entonces hasta noviembre de este año Chaves no haya tenido conocimiento de las graves irregularidades urbanísticas y de todo tipo que se consumaban en Marbella, aunque sólo fuera porque un consejero suyo, Montaner, tuvo que dimitir o ser dimitido de su cargo. Alrededor de este espectacular escándalo y para refrenar el imperioso carácter de Jesús Gil hubo conversaciones de personalidades muy importantes de la Junta y de altas instituciones andaluzas que Chaves, si las conoció, debería revelar cuanto antes.
Además, según el artículo 13 del Estatuto de Autonomía, que es de suponer que conoce y ha leído el presidente andaluz, entre las competencias exclusivas de la Junta de Andalucía está precisamente la ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Es decir, lo que ha pasado en Marbella afecta a una competencia directa y exclusiva de la Junta, que preside Chaves desde hace 16 años.
Sin embargo, sólo en noviembre de 2005 Chaves parece tener conocimiento de lo que ocurre en Marbella y es entonces cuando amenaza con arrebatar las competencias municipales.
En quinto lugar, el Gobierno del PP no disolvió el Ayuntamiento de Marbella porque la principal autoridad de la Junta, Manuel Chaves, nunca lo pidió y porque todos los dictámenes jurídicos que fueron consultados aportaban dos razones en contra: una, los hechos denunciados no eran imputables al Ayuntamiento a disolver, surgido de una moción de censura legal, aunque discutible; y dos, que era una decisión muy grave, como se ha visto ahora, y con pocos precedentes. Por si fuera poco, sólo lo pedía un partido político que, por cierto, no era el Partido Socialista.
Sexto. Varios partidos, entre ellos el Partido Popular, han solicitado desde hace meses la disolución del Ayuntamiento de Marbella a la vista de los hechos alarmantes que tenían lugar y el gobierno de Chaves no sólo no ha hecho nada, sino que ha dilatado el proceso con pereza notoria hasta conseguir que la convocatoria de elecciones anticipadas parezca jurídicamente imposible aunque nunca imposible políticamente si hubiese habido la voluntad democrática necesaria.
Séptimo. Alianzas municipales, como bien sabe Chaves, las hacen todos los partidos, no digamos el suyo, experto en maniobras en Almería, Gibraleón, El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, el País Vasco, Cataluña... para hacer posible la gobernabilidad de Ayuntamientos, Diputaciones e incluso gobiernos nacionales. Tal vez, también, para hacer posible otras operaciones menos nobles. El Partido Popular siempre ha optado por la gobernabilidad institucional porque la estabilidad de las instituciones es necesaria para la consecución del interés general.
Noveno. No son pocos los Ayuntamientos gobernados por socialistas que han firmado convenios urbanísticos con el detenido Juan Antonio Roca. Por ejemplo, ahí está el caso del Consistorio de Jimena de la Frontera, en Cádiz. ¿Significa ello que tales alcaldes son corruptos como Roca? ¿O es que sólo lo son aquellos que no son socialistas? Tal grado de sectarismo es inaceptable.
Sé lo que quieren quienes provocan estas estampidas para enturbiar el ambiente y oscurecer la verdad de los hechos: hacer creer que todos los partidos son iguales. Pero no es cierto y los hechos son contundentes. El Partido Popular quiere que los ciudadanos sensatos y honestos de Marbella, que son la mayoría, tengan la oportunidad que ahora les niega el Partido Socialista de elegir un futuro digno en las urnas libre y democráticamente. Hay otros partidos, pero el Partido Popular, que jamás ha gobernado en Marbella, tiene las manos limpias, absolutamente limpias.