Marruecos, Sáhara y autonomía

Los recientes hechos del desmantelamiento por la fuerza del campamento de Agdaym Izik revelan hasta qué punto los gobernantes marroquíes se han mostrado incapaces de comprender el sentido de las reclamaciones de sus organizadores, que pedían, junto a las reivindicaciones sociales de trabajo y techo dignos, el control de los recursos de su tierra. Y el fin de las corruptelas favorecidas durante 35 años por el “enemigo común”, la Administración marroquí local o central, en palabras del valiente editorial del semanario marroquí Tel Quel,el único que no ha cerrado filas con sus colegas de la prensa en Marruecos.

Obsesionados con la amenaza de lo que consideran la integridad territorial, convertida en el pilar fundamentalista del Estado, los gobernantes marroquíes no han sabido aprovechar esta ocasión que les brindaban los acampados para ir sentando, mediante la negociación, las bases de un futuro estatuto de autonomía que el propio discurso oficial pregona. No es que la negociación de las reivindicaciones concretas con los líderes del campamento hubiera desembocado en una salida definitiva a un problema que dura más de tres décadas, pero hubiera permitido enlazar con las negociaciones que sólo horas más tarde se abrían en Nueva York entre Marruecos y el Frente Polisario.

El discurso oficial de Marruecos se condensa en la Iniciativa para la negociación de un estatuto de autonomía en el Sáhara que Marruecos propuso en las Naciones Unidas en el 2007. Dicho documento prometía a las poblaciones del Sáhara la gestión democrática de sus propios asuntos a través de órganos legislativo, ejecutivo y judicial con competencias exclusivas. Se especificaban competencias sobre administración y policía local, jurisdicciones de la región, hábitat, educación, salud, patrimonio, control sobre sus recursos financieros, incluidas las rentas de explotación de los recursos naturales de la región. Todo ello, naturalmente, eran palabras que deberían ser objeto de negociaciones entre las partes y de ello podría haberse tratado en Nueva York, aunque desde que se planteó la iniciativa, hace tres años y medio, el Polisario se ha negado a tomar como punto de partida este proyecto, pues implicaba el reconocimiento de los atributos de soberanía de Marruecos: la bandera, el himno nacional, la moneda y la jefatura del Estado en la persona del monarca alauí.

Con mucha dificultad, Christopher Ross, el representante del secretario general de la ONU, había logrado que Marruecos y el Polisario se reunieran después de dos años de desencuentros, para continuar negociando. Poco nuevo parecía que iba a haber sobre la mesa, pues entre otras cosas, la Comisión Consultiva para la Regionalización que Mohamed VI nombró en enero pasado, aún no ha presentado sus conclusiones. Esta comisión deberá presentar un informe con propuestas para la descentralización de la gobernanza en Marruecos y para el diseño de un modelo de regionalización que contemple la región como una institución representativa capaz de la gestión de sus asuntos. Su tarea era también convertir el Sáhara en beneficiario de lo que el monarca llamaba la “regionalización avanzada”, lo que se entendía como la concretización de una suerte de autonomía con amplias competencias, en línea con la citada iniciativa.

Novedosa había resultado la propuesta presentada ante esta comisión por el Partido de la Autenticidad y de la Modernidad (PAM), conocido como el partido del amigo del rey, Fuad Ali el Himma, referida al tratamiento que dar al Sáhara. Contra lo políticamente correcto en Marruecos, se proponía denominar a la futura región Sáhara Occidental o Saguia el Hamra y Wadi ed Dahab (Río de Oro), todo un tabú en el reino. Pedía dotar a la región de un porcentaje de sus recursos naturales, concretamente de la pesca y los fosfatos, reforzando la participación de la población de la región en las instituciones locales y de seguridad, llegando hasta proponer – algo prohibido por la ley marroquí-la posibilidad de crear partidos regionales.

Si todo esto no era más que palabrería, sólo había que dejar pasar el tiempo para que las palabras se las llevara la próxima tormenta de arena. No hacía falta, desde luego, provocar la verdadera tormenta de violencia que ha desatado el desmantelamiento del campamento la madrugada anterior a las negociaciones de Nueva York. ¿Suscitaban temor entre los sectores del búnker estas conversaciones y hacía falta impedirlas?

¿Por qué precisamente el desalojo en ese momento? La versión que el ministro del Interior marroquí ha dado a la prensa es que un grupo de extremistas violentos había secuestrado a los acampados de Agdaym Izik, lo que obligó a las fuerzas del orden a liberarlos. Si eso era así, ¿cómo justificar entonces que las fuerzas del orden entraran al campamento sin armas? Si la tesis marroquí es cierta, ¿no corría el riesgo de enviar a la policía desarmada a un posible matadero? Como así fue. Diez gendarmes han perdido la vida, lo que nunca ocurrió en las cíclicas revueltas de Casablanca en 1981, Nador en 1984, Fez en 1990 o Ifni en el 2009.

Por el contrario, la violencia desatada entre los acampados contra quienes les obligaban por la fuerza a desalojar el campamento, ¿no sería más bien una reacción – excesiva, nadie puede negarlo, en razón de las víctimas entre los desalojadores-ante el pánico provocado por la irrupción perentoria e inesperada de la policía? Pues según otras versiones, parece una realidad establecida que las negociaciones con los acampados se mantenían cuando el campamento fue asaltado de madrugada y obligado forzadamente al desalojo.

Ahí está el meollo de la cuestión por la que se debe pedir una investigación al Gobierno marroquí: quién – y por qué-tomó la decisión del desalojo, con los riesgos previsibles, cuando había una vía abierta de negociación en el interior del campamento y pocas horas más tarde se iba a abrir una nueva ronda de negociaciones entre las partes, auspiciada por la ONU. Porque parece que fue una medida así la que provocó pánico, desconcierto, ira, impotencia, miedo y violencia. Sin duda desbordada, de un lado y de otro. Porque una cosa fue lo ocurrido en el campamento y otra bien distinta la que sucedió más tarde en la ciudad de El Aaiún, donde según han denunciado saharauis nada sospechosos de colusión con el Polisario, se produjo una auténtica “caza al saharaui”, convertido en sospechoso en bloque, con sus viviendas, negocios y almacenes saqueados por la población marroquí de la ciudad. Si el Gobierno marroquí quiere restablecer la maltrecha confianza entre los dos grupos humanos que conviven en el Sáhara Occidental debe también investigar la naturaleza y causantes de dichos desmanes. Que tienen también, como causa primera, el desalojo por la fuerza del campamento.

Esta decisión errónea no puede haber venido más que de quienes están contra la descentralización y la autonomía, los obsesionados con la desintegración nacional. He recordado en más de una ocasión la frase del historiador marroquí Abdallah Laroui en su epílogo a la edición española de su Historia del Magreb:”Sigo pensando, al leer la historia magrebí, que el comportamiento democrático no se convertirá en algo natural entre gobernantes y gobernados hasta que aquellos dejen de obsesionarse con el miedo a la desintegración nacional. Creer o hacer creer que el Estado está siempre en un tris de verse sumergido por la marejada desbordante de la barbarie es el mejor medio para que nunca surja entre la población una conciencia civil responsable”.

Tras lo sucedido, Marruecos ha tirado piedras sobre sus propios argumentos y se ha enajenado a la gran mayoría de cuantos saharauis creían en la vía autonómica. Las heridas abiertas ese lunes negro tardarán en restañarse si es que lo permite la nueva dimensión en la que ha entrado el problema.

Bernabé López García, catedrático de Historia Contemporánea del Islam en la UAM y miembro del Comité Averroes Hispano-Marroquí.