Por Fernando Arias-Salgado. Embajador de España (ABC, 28/01/06):
La integridad territorial de un Estado es un concepto jurídico que describe el espacio terrestre, marítimo y aéreo en el que se ejerce su soberanía de conformidad con el Derecho Internacional. El corolario práctico es la existencia de fronteras internacionalmente reconocidas que definen, erga omnes, los límites territoriales del haz de competencias en que se concreta el ejercicio de la soberanía del Estado.
Cuando la delimitación es imprecisa o contestada por uno o varios Estados vecinos al no existir los correspondientes tratados internacionales de límites, los incidentes fronterizos, terrestres, marítimos o aéreos enturbian las relaciones de «buena vecindad» con mayor o menor intensidad según la gravedad de los mismos. España firmó con Marruecos en julio de 1991 un Tratado de Amistad Cooperación y Buena Vecindad en el que ambos países se reconocían su integridad territorial en esa fecha. En ese contexto jurídico internacional no cabía ninguna duda, desde mi punto de vista, de que la integridad territorial española incluía las ciudades de Ceuta y Melilla, así como las islas y peñones adyacentes de soberanía española.
No obstante, de facto, la situación de las fronteras terrestres españolas con Marruecos, así como las marítimas y aéreas están contestadas al mantenerse una reivindicación territorial, en mi opinión contraria al espíritu y a la letra del citado Tratado, que se activa según las conveniencias políticas de la Monarquía marroquí. Esta reivindicación territorial ha sido, es y seguirá siendo, desde mi punto de vista, mientras Marruecos la mantenga, el obstáculo esencial que impedirá no sólo el pleno desarrollo de las relaciones de amistad, cooperación y buena vecindad reguladas en ese Tratado, sino también la concesión por la UE de un estatuto privilegiado a Marruecos, siguiendo el modelo turco.
Con estos antecedentes históricos, me parece esencial para la credibilidad de la política exterior española fijar frente a Marruecos una posición de Estado en favor de los derechos soberanos de España en el norte de África (Ceuta y Melilla) y en el noroeste (Islas Canarias), todo ello, como es lógico, de conformidad con el Derecho Internacional. Por otra parte, se plantea en nuestras relaciones con Marruecos la cuestión esencial del respeto de los derechos humanos. La tragedia de las «avalanchas» de subsaharianos en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla y las «oleadas» de pateras que siguen llegando a las costas españolas de Canarias y Andalucía no deberían ser consentidas, por razones humanitarias, por ninguna «civilización», sea ésta islámica u occidental. En este terreno, España y la Unión Europea pueden y deben ser un ejemplo del respeto debido a los derechos humanos.
La necesaria cooperación marroquí en esta delicada cuestión deriva de sus obligaciones internacionales como Estado soberano y en ningún caso debería existir contrapartidas políticas que implicaran concesiones, de facto, en el control de las zonas fronterizas existentes, cuyo trazado deriva de los tratados internacionales en vigor entre ambos países.
En este contexto, el futuro de estas dos ciudades autónomas españolas en el norte de África debería basarse en el desarrollo de la cooperación transfronteriza con su entorno geográfico marroquí en beneficio de sus respectivas poblaciones. Ceuta y Melilla deberían ser consideradas en la nueva política mediterránea de la UE (Wider Europe) como motores del desarrollo regional circundante con economías abiertas y complementarias que promuevan la prosperidad y la convivencia entre españoles y marroquíes. La inmigración ilegal, la droga y el contrabando con el corolario de fraude fiscal masivo no puede ser a medio y largo plazo garantía del desarrollo y de la estabilidad de la región circundante. Por el contrario, serán, inevitablemente, fuente de conflictos políticos y sociales que oscurecerán el futuro de convivencia en libertad y democracia, objetivo que la UE puede garantizar si cuenta con la plena cooperación marroquí.
Si aceptamos como cierta la frase acuñada por el Rey Hassan II «España y Marruecos están condenados a entenderse» es esencial explicar a la opinión pública española, para que no haya ambigüedad ninguna al respecto, que el buen entendimiento con Marruecos ha dependido hasta ahora de que España haya tolerado con paciencia la expresión pública y continuada de la reivindicación territorial marroquí sobre Ceuta y Melilla. Recientemente, en una reunión de la UE en el marco del Tratado de Asociación vigente, las autoridades marroquíes han calificado una vez más a las dos ciudades autónomas españolas como «ciudades marroquíes ocupadas». La anunciada visita oficial del presidente del Gobierno a Ceuta y Melilla debería servir para reiterar sin ambigüedades que la soberanía española ni es ni será nunca negociable.
La Monarquía marroquí debería aceptar que, para que pueda existir una relación bilateral durable de amistad, cooperación y buena vecindad, debidamente enraizada en la historia, en la geografía y en el Derecho Internacional, es esencial el respeto a la integridad territorial de España. También lo sería, desde mi punto de vista, para cualquier proyecto de relación privilegiada de Marruecos con la UE.
España puede colaborar con gran generosidad y eficacia a la estabilidad de la Monarquía contribuyendo al desarrollo económico y social de Marruecos, como lo demuestran las Cumbres hispanomarroquíes de Marraquech (2003) y Sevilla (2005). A cambio, desde mi punto de vista, España sólo necesita de Marruecos garantías adecuadas para su integridad territorial y para la seguridad de sus fronteras, de conformidad con el Derecho Internacional. Nada más, pero tampoco nada menos.