Más allá de la seguridad

Mujeres musulmanas se manifiestan en Ripoll en repulsa por el atentado, el día 20.

Con bastante inmediatez y siempre en el terreno de la seguridad se ha comenzado a sacar lecciones de lo que funcionó y lo que no al producirse los atentados del 17 de agosto en Catalunya. Pero hay muchas otras cuestiones de fondo que necesitan ser revisadas por la relación que guardan con las causas de los atentados y porque en los días de aturdimiento que siguen tras un golpe mortal como el que hemos vivido han sido pasadas por alto.

Se han levantado voces como la de Ignacio Cembrero reclamando una comisión de investigación, a ser posible independiente de las administraciones, tan politizadas como lo están en esta hora, que pudiera inquirir en muchos otros ámbitos, además de en la seguridad. Una comisión que , a nuestro juicio, ayudará también a enfrentar una tarea pendiente, como es la de dotar a las relaciones entre España y nuestro vecino Marruecos del contenido humano y del compromiso por la garantía de los derechos políticos, sociales y culturales de migrantes, transfronterizos y ciudadanos españoles de origen marroquí, de sus hijos e hijas.

Si se habla ahora de comisión de investigación es porque están en el ánimo de la calle muchas preguntas que los atentados de Barcelona y Cambrils han suscitado. ¿Qué se ha hecho en el ámbito de las políticas de  integración de los inmigrantes llegados en las últimas décadas? ¿Dónde y cómo desarrollan sus actividades de culto? ¿Tiene sentido un control securitario de las mezquitas y asociaciones de musulmanes en España? ¿Tiene la Comisión Islámica de España (CIE) atribuciones y medios para dignificar las condiciones en que se ejerce en nuestro país el culto musulmán? ¿Cuál es la capacitación de las personas que lo dirigen?

En un país como el nuestro, que presume de contar con el marco legal más avanzado de Europa para el reconocimiento del pluralismo religioso y se muestra comprometido con retirar los obstáculos que puedan limitar el derecho de libertad religiosa, entre ellos la enseñanza de la religión, inscrita en el currículum escolar, ¿qué se ha hecho para procurar una enseñanza religiosa de buen nivel a los escolares musulmanes en las distintas comunidades autónomas? Marruecos, el país del que proceden más de las tres cuartas partes de los musulmanes en España, ¿debe desempeñar algún papel tanto en la gestión como en las condiciones del culto y de la enseñanza del islam? ¿Qué se ha hecho, qué no se ha hecho y qué se ha decidido dejar de hacer?

Todas estas preguntas no son nuevas. En el 2004 los términos del debate eran muy similares. Dos meses después de los atentados de Atocha, uno de los que suscribe estas líneas escribía  un artículo sobre ‘El Estado y la autorregulación del islam’, en el que propugnaba atribuir responsabilidades efectivas a una CIE que necesitaba, ya entonces, de un ‘aggiornamento’ que todavía no se ha producido.

Tras el 11-M un acercamiento entre la nueva Administración salida de las urnas y los responsables de las federaciones integradas en la CIE lograron un acuerdo tácito por el que asociaciones religiosas y lugares de culto fueron formalizando la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. Esto se consiguió en una atmósfera de acercamiento entre la administración y las confesiones minoritarias, con un nuevo empuje para la comisión asesora de libertad religiosa y con un esfuerzo decidido para desarrollar mecanismos e instituciones para asegurar condiciones más dignas para el ejercicio de los cultos.

Un papel no desdeñable lo desempeñó la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada entonces, que inició un acompañamiento a asociaciones y federaciones de las religiones consideradas minoritarias, incluyendo en el caso del islam programas de formación de imanes que fueron una verdadera escuela de debate interreligioso y de crecimiento de todos los que participaron, desgraciadamente olvidados años más tarde cuando se produjo el cambio de Gobierno.

Uno de los objetivos de los terroristas, de quienes les inspiran y dirigen, es excluir de nuestra sociedad a una parte de ella que son los musulmanes, nacionales e inmigrantes, separarlos del resto, no mediante la meta de que abracen su macabra y excluyente ideología, sino generando temor en los demás, azuzando el miedo y la desconfianza en bloque hacia este colectivo. Expandiendo la idea de que el islam es doblez, engaño, traición, como demuestran los terroristas con sus acciones, consiguen que se abra camino una idea inoculada desgraciadamente desde hace siglos en nuestro subconsciente.

Si el modelo español de gestión de la inmigración y la propia composición de nuestras ciudades no estimuló la ‘guetización’ urbana de los recién llegados -salvo casos muy excepcionales-, los terroristas, sus acciones y los que se obstinan en presentar al islam como religión de odio basándose en las actuaciones de unos pocos, conseguirían, sí, la ‘guetización’ ideológica de los musulmanes estigmatizándolos como minoría inasimilable, reproduciendo algo ya conocido en nuestra historia como fue crear el ambiente antimorisco que preludió aquella trágica expulsión del siglo XVII. Es eso lo que hay que impedir con la inclusión plena y mutuamente respetuosa de los musulmanes en España.

Hemos tenido la oportunidad durante toda la anterior legislatura de convertir a un colectivo numeroso como son los marroquís con residencia legal en España de sujetos pasivos en ciudadanos, otorgándoles el derecho de voto en las elecciones municipales y autonómicas, pero nada se ha hecho desde que en 2011 la nueva Constitución marroquí permitió el voto a los extranjeros residentes en Marruecos, abriendo así la puerta a la reciprocidad que demanda el artículo 13.2 de nuestra Constitución.

El tema, por conveniencias políticas, nunca ha estado en la agenda de las reuniones de alto nivel entre España y Marruecos y, sin duda, habría tenido una no despreciable influencia en las elecciones locales y autonómicas españolas de 2014. Pero la mayor influencia –y quizá por eso temida también- sería la de convertirse en un elemento esencial para gestar un sentimiento de pertenencia de la comunidad musulmana marroquí a la sociedad e instituciones de España. El tiempo va avanzando y la realidad demográfica y legal hace crecer no solo el número de marroquís con residencia permanente en España, sino también el número de españoles de origen marroquí, de sus  hijos e hijas. Ciudadanos que se ven colocados en el punto de mira observados con desconfianza por su condición de musulmanes, sean o no practicantes, y con muy poca capacidad de alzar la voz en términos políticos.

Mucho se ha hablado estos días posteriores a los atentados de la unidad frente a los terroristas. Unidad de los partidos, pero también de los ciudadanos de diferentes orígenes que han decidido vivir y viven en nuestro país.

¿Para cuándo un tema como este en la agenda entre Madrid y Rabat?

Bernabé López García y Ana I. Planet, profesores de Estudios Árabes e Islámicos de la UAM.

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