Más dinero para el campo, mejor para todos

El gran reto de la financiación autonómica es, y ha sido siempre, conjugar las diferencias territoriales del Estado Español evitando desequilibrios. Debemos pensar en este contexto, si es razonable, abordar el debate basándonos en diferencias sustanciadas en hechos históricos de difícil justificación en estos momentos. Parece más importante buscar fórmulas para que la financiación garantice realmente la igualdad de acceso a los servicios esenciales en todos los territorios, considerando sus diferencias, y permita avanzar en soluciones para activar la economía en dichos territorios. De este modo se podría, además, responder al gran reto de la despoblación que se cierne sobre el medio rural.

Garantizar la igualdad en la prestación de los servicios esenciales tiene costes bien diferentes en una ciudad que en alguno de los 1.319 municipios españoles con menos de cien habitantes. La Comunidad de Castilla y León, una de las más extensas de Europa, tiene en su territorio prácticamente el 50% de estos municipios y prestar servicios a los ciudadanos supone un mayor coste y exige un esfuerzo adicional para garantizar su calidad. No se trata de justificar dispendios por estos condicionantes territoriales, sino que el modelo contemple suficiencia financiera para sufragar estos servicios y poder prestárselos a los ciudadanos en igualdad de condiciones.

De poco servirá replantearse la prestación de servicios, si no nos aseguramos de que habrá personas a quien prestárselos. Incluso a menor coste si la población aumenta y la economía se recupera. No podemos hacer oídos sordos a la realidad del medio rural, ni desaprovechar la oportunidad que supone el nuevo modelo de financiación para intentar revertir la situación poblacional.

El riesgo de extinción es un escenario al que se asoman más de 4.000 municipios, la mitad de los que hay en España. A pesar de la recuperación económica y el aumento de afiliados a la Seguridad Social, la sangría demográfica es brutal. Por eso, es fundamental dinamizar la Estrategia Nacional acordada en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos.

Hasta ahora, apenas ha tenido recorrido y debería ir totalmente unida al desarrollo del modelo de financiación, marcar las prioridades para el territorio rural, es decir, establecer los mecanismos para mantener la actividad en más de la mitad del país y ofrecer recursos que generen empleo y valor añadido para frenar la despoblación y favorecer la fijación de habitantes y atraer a nuevos. Una Estrategia que permita que el presupuesto y la financiación se orienten más a generar actividad económica y menos a políticas de subsidios.

La agricultura cobra especial relevancia en este escenario si tenemos en cuenta la importancia de la actividad agraria para la expansión de la economía global. Algunos datos recogidos por la FAO en su documento sobre «Política de Desarrollo Agrícola» así lo corroboran. Está demostrada la relación directa entre inversión en el campo, población, actividad económica y aprovechamiento del entorno rural. Allí dónde se invierte en política agraria, dónde se ha conseguido profesionalizar y modernizar el campo, hay un 40% más de población, la incorporación de jóvenes es un 50% superior, la inversión privada se incrementa un 36%, al instalarse industrias agroalimentarias, y surgen empresas de servicios para atender a esta población.

Por tanto, sería razonable pensar que la nueva financiación autonómica contemplara un mecanismo que permita aprovechar el potencial que para la economía tiene la agricultura y, con ello, plantear no solo un nuevo fondo interterritorial para el desarrollo rural, sino además arbitrar un paquete de medidas económicas y fiscales que lo apoyen y hagan más atractivo vivir en el entorno rural.

El momento es propicio, debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda el debate europeo actual, por un lado con la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) y, por otro, con la preocupación por el envejecimiento de la población y la necesidad de fondos para políticas pasivas si no se revierte la tendencia.

El primer documento presentado por la Comisión Europea sobre la nueva reforma de la PAC apunta en este sentido, dirigiendo el sector agrario hacia la profesionalización, el desarrollo tecnológico, la innovación y el rejuvenecimiento, la actividad agraria orientada a mercados y buscando la eficiencia en el uso de los fondos para captar nuevos profesionales. Mantener la financiación y la unidad de acción en los órdenes nacional y europeo es el gran reto, solo así seremos capaces de aprovechar las posibilidades que el campo ofrece frente a la despoblación y generar actividad económica, aunque para ello haya que adoptar decisiones valientes.

Desoír la realidad, mantener las áreas rurales sin actividad económica, sin revertir la tendencia y sin contemplar el medio rural como fuente de empleo supondrá no sólo perder la oportunidad que nos brinda el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica, sino cometer un error social y político quizá irreversible.

Milagros Marcos, portavoz y consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

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