Tras seis años de ajuste y un empobrecimiento generalizado, los indicadores económicos que nos anuncian una escuálida recuperación de las magnitudes macroeconómicas nos indican también que bajar a tasas europeas el 26% de paro actual nos llevará más una década. En los últimos 200 años, las crisis económicas cíclicas y los excedentes de mano de obra que la economía española se muestra incapaz de resolver, se resolvieron mediante las devaluaciones de la moneda y la emigración: primero a América y más recientemente a Europa o a las pocas regiones españolas que acometieron un proceso de industrialización o con una brutal contracción de la natalidad que nos ha convertido en la sociedad que más rápidamente envejece del planeta. Curiosamente asistimos de nuevo al mismo fenómeno emigratorio, sólo que ahora compuesto por universitarios y por españoles de adopción que retornan a América.
Sin dejar de reconocer que ésta es una crisis diferente y que estamos asistiendo a un cambio radical de las relaciones económicas y productivas en el mundo, deben existir algunas particularidades en el caso español que contribuyan a explicar nuestra calamitosa situación de desempleo. Una de estas especificidades es la situación de nuestro sistema educativo. Con una tasa de abandono escolar del 23%, con sólo un 20% de adultos entre los 18 y los 65 años con conocimiento superior de la lengua inglesa y una caída sostenida en los últimos 10 años en el nivel de conocimientos científicos, tecnológicos y de la salud, estamos muy por debajo de la media de los países de la OCDE. Desde 1970, se han sucedido 8 reformas educativas de las enseñanzas medias y 2 reformas parciales de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, sin que ninguno de los modelos alternativos surgidos de ellas haya conseguido cuajar. No tenemos ninguna universidad ni pública ni privada entre las 200 mejores del mundo y los fracasos empresariales lejos de servir de experiencia para afrontar nuevos proyectos son estigmatizados socialmente, mientras que en abierto contraste, conductas empresariales o financieras, delictivas o inmorales continúan sin estar suficientemente penalizadas, ni legal ni socialmente.
De los cuatro pilares del Estado del Bienestar, sólo la sanidad pública española es capaz de competir de manera muy digna con la de otros países desarrollados. Con una inversión per cápita inferior a la de casi todos ellos, nuestra sanidad pública ha abordado con éxito los retos de la medicina moderna, con un alto grado de satisfacción de sus usuarios. En clara contraposición, en la educación pública española, mientras los indicadores independientes no dejan de empeorar en términos comparativos, la respuesta socorrida de los agentes implicados suele ser atribuir la causa de esta situación a una insuficiente inversión del Estado. Resulta patético escuchar ante la publicación de informes internacionales sobre la calidad de nuestra enseñanza que una medida útil sería acelerar las jubilaciones anticipadas del profesorado o reducir (aún más) el número de alumnos por aula o justificaciones aún más pintorescas, como la que hacía un sindicalista que achacaba los pobres resultados del sistema educativo español a la mayor exigencia para aprobar en España. A la hora de explicar algunos de los resultados diferenciales habría que considerar el diferente proceso de formación de los profesionales de uno y otro sector. El profesional sanitario español que trabaja en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se selecciona a partir de una nota media de Bachillerato Técnico alta o muy alta; más de 12/14 en el caso de los médicos y más de 10/14 para la enfermería. En el caso de los médicos, tras 6 años de formación de grado, son nuevamente recalificados en una prueba nacional de contenidos y tras otro periplo formativo teórico y práctico de otros 4-5 años, aún deberán superar una prueba de acceso para su ingreso como personal estatutario en la función pública.
La nota de ingreso en las escuelas de formación del profesorado es más baja (en torno a 8/14) y tras un período formativo genérico, más corto y con poco contenido práctico, ingresan en el cuerpo funcionarial del profesorado a través de una OPE donde la antigüedad como interinos tiene un peso a veces decisivo frente a los saberes concretos de su futura función docente. Sólo así se puede explicar que, por ejemplo, nos podamos encontrar con un profesor de lengua extranjera que no acredita un suficiente dominio de la misma o con un profesor de ciencias sin especial competencia en la materia. La especialización, presente en la mayoría de facetas de la vida y en la propia universidad, se abre paso con dificultad en las aulas de las enseñanzas de la ESO y el Bachillerato. Mientras que en el sistema sanitario la mayoría de profesionales se examina cada día y con cada paciente, y debe estar renovando continuadamente su capacitación para ponerse al nivel que la evolución del campo y la propia sociedad le exigen, el sistema educativo español es un sistema cerrado, cuya evaluación es sólo interna y sólo cuando algunos procedimientos externos de acreditación ponen el dedo en la llaga, ve agitadas temporalmente sus estancadas aguas. Muchos ciudadanos y no pocos profesores echamos de menos una autocrítica desde dentro de un sistema que podría y debería tener mejores resultados.
La educación no mejorará (solamente) ni con la reforma Wert, ni con las que estén por venir, si no se hace un esfuerzo en mejorar la calidad del profesorado actual y futuro, facilitándole, en primer lugar, las herramientas para ello, pero siendo también mucho más exigente en los procesos de incorporación al sistema educativo y de reacreditación que deberían extenderse a toda la función pública. El acceso a la función de educador en la enseñanza pública no puede ser posible desde trayectorias académicas mediocres y la acreditación de una capacitación académica y docente debe ser mucho más exigente. Articular un programa de postgrado de formación del profesorado similar al MIR, al que se accedería tras una prueba nacional con un período de especialización previo a la obtención de la condición de profesor, podría ser una medida a considerar.
Siendo importante cambiar los requisitos de acceso a la profesión educativa no termina con ello la tarea de refundar el sistema educativo español. Habría que reformular el propio proceso educativo, que debe estar mucho más basado en estimular en los estudiantes las habilidades de análisis, de capacidad de búsqueda de información, el aprendizaje basado en la resolución de tareas, la comunicación en público y el conocimiento de idiomas. La asunción acrítica de los contenidos de un texto debe dejar paso a un tipo de enseñanza mucho más exploradora y experimental que doctrinal y mucho más pegada a las necesidades del país.
Si España no quiere volver a perder el tren de la modernidad o resignarse a viajar en último vagón, antes de reformar las leyes que rigen el sistema educativo debe alcanzar previamente un consenso respecto a estos y otros aspectos de la educación, y trasladar, mejor hoy que mañana, las experiencias de éxito en otros países. Seguir peloteando de derecha a izquierda, sin entrar en el fondo de la cuestión, podrá ser rentable electoralmente, pero si nos volvemos a equivocar, como llevamos haciendo desde los albores de la Revolución Industrial, nuestros socios europeos ya nos han dejado claro cuáles son los límites de su ayuda y podemos acabar convertidos en un parque de atracciones turístico-folclóricas para el resto de Europa.
Adolfo López de Munain es neurólogo del Hospital Donostia y profesor del Departamento de Neurociencias de la Universidad del País Vasco.