La muy necesaria, y nada fácil, transición de la economía española hacia una economía de productividad alta tendrá lugar tan sólo si de forma más o menos deliberada este objetivo reúne los esfuerzos concentrados y concertados de muchos y distintos sectores e instituciones de nuestra sociedad. Sentado esto, es también evidente que podemos, y debemos, preguntarnos cuáles son, en esta dimensión, las responsabilidades centrales del sector público. Una de ellas es todo lo que concierne a la política de incentivos fiscales y de apoyo a la investigación empresarial. Pero ahí el papel del sector público es de estímulo, un papel importante, sin duda, pero sólo parcialmente responsable del resultado final, que, en cambio, dependerá decisivamente del comportamiento empresarial. Hay, sin embargo, dos tareas que son esenciales y en que la administración pública es responsable prácticamente en exclusiva: o las hace el sector público o no se hacen. Y si no se hacen, o no se hacen bien, nos lo estamos poniendo muy difícil.
La primera de estas tareas corresponde a una obligación activa: asegurar que el país disponga de talento muy bien formado. La segunda es facilitadora, pero aun así crucial: desburocratizar las estructuras administrativas que prevalecen en los entornos ricos en conocimiento y que parecen diseñadas para restar atractivo a la iniciativa empresarial. Ambas tareas inciden sobre ámbitos organizativos que son de responsabilidad pública: la universidad (más generalmente: la educación) y la investigación pública. En este artículo me concentraré en la universidad (véase el artículo que acompaña en esta misma página para una visión más global). Una observación preliminar: no toda la innovación tiene una base tecnológica o científica, pero para un país en el estadio de desarrollo económico en que se encuentra España, y vista la experiencia y el contexto internacional, renunciar a poner las bases para que la innovación de base tecnológica o científica sea posible, es decir, subvalorar la importancia de la universidad y la investigación pública, sería simplemente una locura. Sería como lanzarse a correr sin una pierna. Y la carrera, dicho sea de paso, es de fondo. No estamos resolviendo un problema para este año, por más que nos gustase hacerlo. Afortunadamente, en los últimos tiempos hemos estado corriendo la carrera con las dos piernas (la científico-tecnológica y la de innovación no particularmente intensa en contenido tecnológico) y acelerando. Cuando llueve y la carrera se pone difícil, no es momento de prescindir de una de ellas.
Lo que sigue se basa en un trabajo publicado por Bruegel, un think tank europeo de estudios económicos con sede en Bruselas (véase Aghion et. al.). En él un grupo de cinco economistas analizamos la situación de la universidad europea y, desde la perspectiva de impulsar la competitividad de la economía del continente, planteamos un programa de reforma para la misma. Añado que España no queda en nuestro estudio particularmente bien situada en el marco europeo. De ahí se sigue que si entre nuestras ambiciones se cuenta no aceptar esta posición comparativamente baja entonces nuestras conclusiones se aplican con aún más fuerza al caso español.
No es este el lugar para resumir nuestro análisis (basado en un examen del famoso ranking de Shanghai, en una encuesta entre universidades europeas y en un estudio empírico con datos de Estados Unidos), pero sí quisiera presentar nuestras recomendaciones. Esencialmente estas son dos:
1. De media, Europa debería aumentar en un 1% de su PIB su gasto (que debemos pensar como inversión) en educación superior. Por supuesto, con gradualidad. En nuestro trabajo somos totalmente agnósticos sobre la proporción de estos fondos adicionales que deberían ser de origen público o privado. Muchas consideraciones, de naturaleza política o fiscal, van a influir sobre esa composición, que por otra parte variará entre países europeos, pero nuestro mensaje es claro: o aumenta en gasto en educación superior o la calidad de esta se verá seriamente limitada, con repercusiones significativas sobre la competitividad de Europa.
2. El gasto no lo es todo. Las variables organizativas son también fundamentales. De hecho, y con una cuantificación precisa de distintas variables, podemos alcanzar la siguiente conclusión: para la productividad de la economía la interacción del gasto en educación superior y de las variables organizativas es multiplicativa. Ello significa que cuanto más gastamos en educación superior más rentables son las reformas flexibilizadoras de la universidad (autonomía universitaria, buena governanza, capacidad de contratación y de fijación de salarios...). Y aun si no gastásemos más (un error) el retorno de las reformas organizativas en muchos de los países europeos (incluido España) sería notablemente positivo.
Andreu Mas-Colell, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y presidente de Barcelona GSE.