En Europa, todos los días, las mujeres son víctimas de la violencia. Se estima que una de cada cinco mujeres ha sufrido algún tipo de violencia al menos una vez a lo largo de su vida. Lamentablemente, la forma más común de violencia física es la causada por una persona próxima a la mujer, a menudo su pareja. Ya se trate de violencia en el ámbito doméstico, en la calle o en cualquier otro lugar, las mujeres deben contar con la protección y el apoyo adecuados. Las mujeres tienen también las mismas necesidades básicas que las víctimas de delitos: respeto, dignidad y acceso a la justicia y una indemnización. Las leyes vigentes en el conjunto de la UE son a veces incompletas y no siempre responden a estas necesidades. Hay personas que no consultan a ningún asesor jurídico tras una agresión y otras a las que no se les facilita un traductor al declarar contra un agresor en otro país. ¿A quién deben dirigirse las víctimas para obtener protección o ayuda? ¿Cuáles son sus derechos en cada país?
El año pasado, la UE acordó adoptar una normativa fundamental para proteger los derechos de las víctimas que establece unas disposiciones mínimas comunes a escala europea que garantizan a las víctimas la obtención de ayuda, apoyo y protección en cualquier lugar de la UE. Estas nuevas normas implican que los ciudadanos pueden disfrutar de un nivel similar de derechos básicos y confiar en el sistema judicial dondequiera que estén, ya sea en Roma o Madrid. Es un logro histórico y un mensaje claro de que Europa garantiza los derechos de los ciudadanos.
Esta semana, el Parlamento Europeo ha votado una iniciativa propuesta por la Comisión dirigida a proteger a las víctimas de la violencia: el certificado europeo de la orden de protección de Derecho civil. Los afectados podrán acogerse a una orden de alejamiento obtenida en su país de origen en cualquier lugar de la Unión en que se encuentren. Por ejemplo, una mujer agredida en Alemania podrá contar con la misma protección al viajar por cualquier país de la Unión. No estará obligada a permanecer en el mismo lugar por temor a que su agresor la persiga si viaja al extranjero. Seguirá disfrutando de protección gracias a esta normativa europea.
Queremos construir una Europa en la que los ciudadanos sientan que hay respuestas a sus problemas. La falta de asistencia o protección adecuada a las víctimas genera un coste para nuestra sociedad. Las víctimas deben recibir apoyo práctico y psicológico, información, protección y asesoramiento que les ayuden a superar las consecuencias a menudo traumáticas del delito, a fin de continuar con sus vidas. Las víctimas, especialmente las más vulnerables, como las víctimas de violencia doméstica, deben ser protegidas contra nuevos daños causados por el sistema, la intromisión de los medios de comunicación o la intimidación del delincuente. No deben ser victimizadas una y otra vez.
La nueva normativa allana la vía hacia una mejora tangible de la situación de las víctimas de delitos en la Unión. Es un hito que muestra la capacidad de la UE para ayudar a las víctimas a rehacer sus vidas. También ejemplifica la capacidad de la UE para hacer que su política en materia de Justicia esté centrada en los ciudadanos y en la necesidad de disponer de instrumentos concretos para reforzar sus derechos.
Viviane Reding es vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia y Antonio López-Istúriz es eurodiputado y secretario general del PPE.