Los sueños autonomistas de los años 70 han dado paso a la pesadilla soberanista. Si bien es cierto que el independentismo tiene todavía mucho de fuego de artificio y maneja muy eficazmente el juego de las sombras, no puede ignorarse que la independencia imaginada por las fuerzas nacionalistas es un objetivo viable.
La combinación astuta de la movilización social, la deslealtad institucional y la dejadez de España están dando sus frutos. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), organización convocante de la marcha de ayer, aprobó el 30 de abril de 2012 un documento con sus principios fundacionales. Merece la pena echarle un vistazo porque escalona los pasos a seguir por el movimiento independentista. A través de la movilización social pretende: concienciar a la mayoría de la población de Cataluña de que se puede conseguir la independencia política de Cataluña mediante la constitución de un Estado; formar una mayoría en el Parlamento de Cataluña que encomiende al Gobierno de la Generalitat la convocatoria de un plebiscito de autodeterminación bajo garantías internacionales; tratar con la Unión Europea la permanencia de Cataluña dentro de esa Unión, una vez establecido el Estado catalán y aprobada su Constitución; y gestionar el reconocimiento de Cataluña por las Naciones Unidas.
El primero de los objetivos parece conseguido. En poco tiempo, las asambleas territoriales de la ANC se han desplegado con éxito por toda Cataluña -extensión que hubiera sido imposible si no hubieran contado con el apoyo explícito de las instituciones- mientras que los medios de comunicación y las fuerzas políticas catalanas, a pesar del contexto de crisis económica, tienen como referente informativo prioritario la independencia de Cataluña. En esta fase de concienciación, han trabajado también muy arduamente otras dos entidades nacionalistas como la Asociación de Municipios por la Independencia y Omnium Cultural, a las que las instituciones miman social y económicamente.
Sobre la inminencia del segundo de los pasos, daba pistas el último mensaje institucional del presidente de la Generalitat, Artur Mas: «Nunca como ahora, Cataluña había estado tan cerca en su aspiración y su anhelo de plenitud nacional». La tan cacareada «transición nacional» enfila el rumbo hacía la independencia y no hay que descartar un golpe institucional consistente en que el Parlamento soberanista que se vislumbra para la próxima legislatura dinamite las costuras constitucionales y convoque unilateralmente un referéndum para proclamar la independencia.
El secesionismo catalán puede acabar con España, aprovechando la indignación coyuntural de muchos ciudadanos y la debilidad de las instituciones españolas. El proceso de desestabilización no se limita a Cataluña, pretende alterar muchas fronteras. Este movimiento no renuncia a la unidad de los denominados Países Catalanes, y se compromete a actuar en otros territorios, a saber, Comunidad Valenciana, Baleares, la denominada Franja Oriental de Aragón y la Cataluña norte francesa.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La estrategia del nacionalismo ha ideado muchos frentes de desgaste: rechaza el actual marco constitucional -en esta línea se han de citar la aprobación de declaraciones de muchos municipios catalanes situándose al margen de la Constitución-; deslegitima las instituciones españoles (el Tribunal Constitucional, la Monarquía, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo…) con el aval, incluso, de Miquel Roca, uno de los ponentes de la propia Constitución; denuncia un hipotético proceso de recentralización que quiere acabar con la autonomía catalana; y rentabiliza políticamente el victimismo.
En un contexto de crisis y desorientación económica y política como el actual, con una evidente reducción de los ingresos de la Administración catalana, con cientos de miles de desempleados y un ambiente de desesperación, el nacionalismo ha sabido encontrar el eje idóneo para triunfar. Da por fracasada a España en quien, además, centra el origen de sus males actuales, aminora su responsabilidad -los recortes y la actual situación financiera de la Generalitat son, según ellos, consecuencia del expolio fiscal español- y promete la independencia, que milagrosamente acabará con todos los problemas.
La causa contra España, con su aureola épica, ilusiona equivocadamente a muchos jóvenes y mayores, sin que hasta ahora, haya tenido el más mínimo contrafuerte. Los sucesivos Gobiernos del Estado han hecho dejación de sus obligaciones a pesar de las deslealtades de las instituciones catalanas y, lamentablemente, el tacticismo coyuntural partidista ha prevalecido sobre la defensa de la Constitución española. Ante este enorme desafío, los catalanes que defienden el mantenimiento de Cataluña en España se sienten debilitados y desasistidos por el Gobierno de España y por los grandes partidos políticos nacionales. Desde Cataluña nos vemos en la obligación de apelar al sentido de Estado (español). El soberanismo catalán no ha de minusvalorarse, no se trata de «un lío», tal como lo ha calificado el presidente Rajoy, sino del mayor desafío que ha sufrido España en democracia y que tiene enormes costes sentimentales, económicos y sociales. Es la hora de los grandes acuerdos entre partidos en materia económica y de estructura territorial. También de la claridad. La enigmática y nunca bien explicada profundización federalista de los socialistas no puede consistir en que al tiempo que se descuelgan del proyecto independentista catalán, algunos de sus dirigentes marchen por las calles de Barcelona complacientemente con los soberanistas, o sus concejales den su voto favorable para que los ayuntamientos luzcan la estelada y se opongan a que la bandera de España luzca en sus fachadas.
No hay que engañarse, el escenario es favorable a los independentistas. El grado de desorientación, desconocimiento e inacción de las instituciones, partidos y personalidades españolas respecto a la situación en Cataluña es gigantesco. ¿Acaso existe un plan del Gobierno español o de los principales partidos que trate de reforzar los lazos entre Cataluña y el resto de España? Se van dando bandazos en función de la coyuntura sin una visión de futuro a largo plazo. Es imprescindible articular un movimiento cívico unitario que sostenga y defienda que lo más rentable para Cataluña es permanecer en España y que cuente con el apoyo institucional y económico de aquellos que todavía defienden en toda España el «patriotismo bueno», por utilizar las palabras de Jorge de Esteban.
Sí a racionalizar el Estado autonómico y reestructurar el marco competencial, pero también hay que desactivar el chantaje soberanista y abordar con cabeza la contestación. ¿Por qué no dar la posibilidad de medir la realidad independentista? Los golpes institucionales que están diseñando los secesionistas quedarían desactivados si las Cortes Generales aprobaran, mediante ley, un procedimiento reglado para evaluar el peso de la voluntad independentista e iniciar un proceso de reforma constitucional, sustentado en la soberanía nacional y en el derecho a decidir de todos los españoles, que permita consultar a las provincias que actualmente configuran Cataluña o el País Vasco si quieren caminar solas o no. En puridad democrática, como defiende el abogado Ruíz Soroa, el proceso de secesión sólo afectaría a aquellas provincias que de una manera irrefutable acreditaran una mayoría clara secesionista.
También es hora de recordatorios. El proceso independentista no es gratuito y tiene un enorme coste que puede poner en peligro la cohesión social en Cataluña, y quienes lo inicien tienen que ser conscientes de lo que nos jugamos en una sociedad tan compleja, plural y rica en identidades como la catalana.
José Domingo es presidente de Impulso Ciudadano.