La mortalidad causada por la covid-19 en las residencias para mayores ha puesto de manifiesto las carencias del modelo de atención a la dependencia en España. No se trata de un problema exclusivamente español —las cifras son similares en los países de nuestro entorno—, pero pone de manifiesto las debilidades de un sistema caracterizado por niveles de gasto, dotaciones de personal y tasas de cobertura inferiores a lo habitual en esos países.
¿Qué razones explican el impacto de la covid-19 en las residencias? Es evidente que una enfermedad contagiosa, que afecta especialmente a personas mayores con patologías previas, impacta principalmente en los entornos en los que estas personas se concentran y conviven. Es también obvio que las residencias no estaban preparadas —como no lo estaba el sistema de salud— para prevenir una epidemia de este tipo y que las respuestas fueron a menudo tardías e insuficientes.
En todo caso, algunas de las causas de esta situación son estructurales y estaban presentes ya antes de la epidemia. Tienen que ver, por una parte, con el propio diseño de las residencias, basadas en grandes equipamientos en los que conviven estrechamente decenas, a veces cientos, de personas. Tienen que ver también con un modelo que —particularmente en ciertas comunidades autónomas— se ha basado más en la reducción de costes que en la calidad de la atención, con salarios y ratios de personal, precios de concertación y sistemas de inspección manifiestamente insuficientes.
Más allá del retraso en la aplicación de medidas de aislamiento, las dificultades para mantener las dotaciones de personal o las limitaciones en el acceso a pruebas diagnósticas y material de protección, una de las claves que explica el impacto de la covid-19 en las residencias se refiere a la atención sanitaria que sus usuarios reciben. La pandemia ha reavivado el debate sobre la muy desigual asistencia sanitaria que se presta en estos centros y sobre la necesidad de avanzar hacia una mayor integración sociosanitaria. Las residencias, en cualquier caso, no deben medicalizarse ni convertirse en hospitales de media estancia. Las residencias son —han de ser— lugares para vivir, el hogar de las personas que allí residen. Y es responsabilidad de la Administración sanitaria ofrecer a estas personas, como al conjunto de la población, la atención que precisan, en el momento y en el lugar en el que la precisan.
El reto ahora es doble: a corto plazo, es esencial identificar los factores que se relacionan con una mayor mortalidad, auditar las medidas adoptadas y sistematizar los aprendizajes que ofrece esta larga crisis, a partir de la evidencia científica ya disponible. A medio plazo, es esencial reflexionar sobre el modelo de atención a la dependencia y sobre los recursos que se le destinan. Es necesario replantearse el diseño y la organización de las residencias, y tender hacia fórmulas más pequeñas, más hogareñas, más personalizadas y mejor conectadas a la comunidad. Son necesarios más recursos —más profesionales, más formación, mejores salarios…—, pero el mero incremento de los recursos tendrá escaso impacto si no se avanza paralelamente hacia nuevos modelos residenciales y de atención en la comunidad.
Joseba Zalakain es director del Centro de Documentación y Estudios SIIS. Fundación Eguía Careaga.