Recientemente se ha producido la renovación del Tribunal Constitucional, correspondiente al tercio de nombramientos que han de proponer al Rey el Gobierno de la nación y el Consejo General del Poder Judicial y aunque dicha renovación ha sido un tanto azarosa y con un retraso de varios meses sobre la fecha prevista, todo ello por causas ajenas al propio Tribunal, no está de más formular ahora algunas reflexiones.
En primer lugar, hay que señalar que el retraso en la renovación de la composición del órgano no ha sido la única producida a lo largo de su historia, ni la más dilatada. Hay que recordar que entre los años 2007 y 2010, la renovación del tercio correspondiente al Senado permaneció durante esos 3 años sin producirse por falta de acuerdo en la Cámara Alta y nadie entonces denunció el retraso como insoportable para la estructura institucional de España.
Por otra parte, la propuesta de los dos Magistrados que corresponden al CGPJ, sufrió las consecuencias de una legislación, de dudosa constitucionalidad y políticamente sesgada, que primero cerró la posibilidad de que el órgano de gobierno de la Judicatura hiciera nombramientos mientras no fuera también renovado (en la Ley Orgánica 4/2021 de 29 de marzo) y después se modificó (en la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio) para devolver solo parcialmente dicha facultad, en cuanto a los dos Magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de nombramiento, lo que revela un componente de arbitrariedad que solo es achacable a la heterogénea mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno, precisamente en las medidas menos razonables. Sin embargo, al final, lo que no habían conseguido los políticos, lo hicieron los Vocales del Consejo para ponerse de acuerdo y hacer los nombramientos por unanimidad.
En cuanto a los nombramientos del Gobierno, la designación de un reciente exministro de Justicia y de una jurista directamente relacionada igualmente con el Gobierno, encontró la contestación crítica, no solo en el ámbito político, sino también en el estrictamente jurídico.
Constituido el Tribunal, tras la toma de posesión de los cuatro nuevos Magistrados, se produjo la elección del Presidente para los próximos 3 años, conforme establece el artículo 160 CE, lo que ha de considerarse dentro de la normalidad institucional y también se eligió una Magistrada para la vicepresidencia, prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que recayó en Inmaculada Montalbán Huertas, que apenas lleva un año en el Órgano, faltando a la norma no escrita, pero casi siempre observada, de elegir miembros del Tribunal que estén en el tercio de renovación próxima, y eso se ha hecho, como he tenido ya ocasión de decir públicamente, postergando el brillante currículum de otro Magistrado que sí cumplía ese requisito temporal, Ricardo Enrique Sancho.
En la precedente reflexión omito intencionadamente la referencia a la condición de «conservadores» o «progresistas» de unos u otros miembros del Tribunal, que nunca se debió consentir sin la protesta que exigía esa adscripción ideológica, que pone a unos al borde del carácter reaccionario y a otros en el elogio más que en la definición y sobre todo, siembra la duda sobre la independencia de todos, con evidente desprestigio para las personas y la institución.
Al comenzar su andadura la nueva composición del Tribunal Constitucional, se han producido algunos hechos que también requieren comentario. Nada más tomar posesión de su cargo, el presidente Conde Pumpido hizo unas declaraciones contundentes negando la posibilidad de secesión de una parte del territorio nacional, ni de referéndum de autodenominación, afirmación que no es más que releer el artículo segundo de la Constitución, que con la misma energía proclama «La unidad indivisible de la nación española» y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y sin cuya modificación sometida al complejo sistema previsto en el artículo 168 de la Constitución, no pueden soslayarse los obstáculos que impiden tal cosa. Esperemos que a nadie se le ocurra crear la confusión con una consulta popular no vinculante, que tampoco sería constitucionalmente viable, aunque sobre ese tema valdrá la pena hacer otro artículo.
A continuación, se ha anunciado que se va a lleva al Pleno la deliberación de los recursos de inconstitucionalidad más retrasados, comenzando por el referido a la segunda Ley del aborto, que sufre una demora de 13 años.
No faltará quien diga que tal medida va dirigida a liberar de obstáculos la política del Gobierno, pero entiendo que esa presunción es inadmisible y como ya dije, en declaraciones en este mismo foro que hoy me acoge, a los Magistrados del Tribunal Constitucional hay que juzgarlos por sus hechos, por su conducta y no por su ideología real o supuesta o por anteriores declaraciones más o menos inconvenientes. La crítica, que siempre es libre, aunque dentro del respeto al Tribunal, podrá venir cuando se dicte la resolución y no haciendo una suerte de «juicio paralelo». Lo cierto es que la puesta al día de los retrasos del Tribunal es una noticia que no puede merecer crítica.
Por último, cabe advertir que bien recientemente, la Magistrada Laura Díez Bueso, que había tenido una intervención directa en el asunto referente a la utilización del castellano en la enseñanza en Cataluña, ha formulado su abstención, sin dar lugar a la que, sin duda, hubiera sido inevitable recusación, y aunque su intervención en el asunto no puede considerarse decisiva, es una medida acertada y prudente, a la que tampoco hay que escatimar elogios.
Habrá quien me tache de hacerme ilusiones, pero creo que hay que dar oportunidad al Tribunal Constitucional de trabajar por nuestra estabilidad y por salir de la crisis institucional, y por ello, conceder un margen de confianza para dar ocasión a que los malos augurios puedan disiparse con resoluciones dictadas de manera razonable y razonada, que guarden el equilibrio que se corresponde a cualquier Democracia. Abramos el futuro a la esperanza.
Ramón Rodríguez Arribas fue vicepresidente del Tribunal Constitucional.