Aunque bien es cierto que España tiene numerosas cualidades a nivel social, científico o empresarial, así como una importante variedad y riqueza de culturas, lenguas, razas e incluso confesiones religiosas, nuestro país sigue adoleciendo de un importante déficit, como es la calidad de nuestro sistema político, especialmente en lo relativo a los partidos, tanto en cuanto a su nivel de transparencia social y rendición de cuentas, como en cuanto a su credibilidad y cercanía a los ciudadanos.
Este problema se acentúa cuando se acercan los comicios electorales, ante los cuales los partidos en lugar de informar hacen una vasta propaganda y un postureo político que no hace sino indignar a los ciudadanos. Un botón de muestra: hace cuatro años, cada uno de los 12 partidos políticos más importantes se comprometieron con Transparencia Internacional a introducir en los distintos niveles educativos materias y contenidos éticos, de valores y contra la corrupción. Ni unos ni otros han hecho nada por cumplir este importante compromiso, lo que es una muestra de ese postureo electoral que denunciamos desde hace tiempo.
Se hace tan necesario como urgente un cambio radical en el nivel de transparencia y de claridad en la comunicación de los partidos, y es fundamental que cale la necesidad de un verdadero control social, tanto previo como posterior, de los procesos electorales y del cumplimiento de las promesas de los partidos ante las urnas. La transparencia debería hacerse extensiva a todas las fases del proceso electoral, tanto en cuanto a las candidaturas que vayan a presentar los partidos como a los propios programas electorales, al proceso de las campañas y eventos asociados y, cómo no, al control por la sociedad del cumplimiento de las promesas por los ganadores de las elecciones.
Los partidos deberían ser transparentes como mínimo en las siguientes cuestiones: de forma previa a las campañas deberían publicar: a) Su código ético y las medidas contempladas contra la corrupción; b) Sus cuentas anuales y presupuestos, así como las subvenciones y donaciones recibidas; c) Una declaración expresa de la inexistencia en las listas electorales de investigados judicialmente o procesados por corrupción; d) El compromiso de asumir un sistema de control y chequeo periódico del cumplimiento de las medidas recogidas en los programas electorales, y e) La publicación del currículum de los candidatos.
Respecto a los programas electorales los partidos deberían al menos: a) Publicar digitalmente una versión completa y una versión ejecutiva o simplificada (máximo 5 páginas) del programa, claramente ordenada por temas o áreas; b) Evaluar y publicar el coste económico de las medidas electorales, así como los recursos con los que las financiarían. c) Explicar de forma clara las posibles alianzas poselectorales con otros partidos, y las condiciones en las que se llevarían a cabo, y ello porque el ciudadano tiene derecho a saber a quién vota realmente en el caso de no alcanzar su partido mayoría absoluta. d) Velar por la equidad intergeneracional de las medidas, para preservar social y económicamente a nuestros hijos y nietos.
Aparte de los anteriores temas, de contenido esencialmente electoral, los partidos deberían recoger en sus programas otras importantes medidas en aras de la transparencia y la lucha contra la corrupción. En lo relativo a la justicia, deberían comprometerse a mejorar la escasez actual de recursos judiciales, ya que aunque se va evidenciando que la justicia es bastante efectiva, todavía sigue siendo demasiado lenta. También deberían contemplar en los programas una significativa limitación del número de aforados actualmente existente (España es de largo el país que mayor número de aforados tiene en Europa), así como a prohibir legalmente la concesión de indultos por delitos de corrupción.
Igualmente deberían comprometerse a implementar un plan integral contra la corrupción, en el que participasen de forma activa los muy distintos estamentos relacionados con esta materia, tales como jueces y fiscales, fuerzas de seguridad (UCO de la Guardia Civil y UDEF de la policía), así como instituciones como los registradores y los notarios, lo mismo que la sociedad civil, cuyas organizaciones están/estamos cada vez más comprometidas con la lucha contra la corrupción.
Además, y aparte de los programas electorales, los partidos deberían hacer público su compromiso a llegar a pactos de Estado con las demás formaciones sobre temas realmente fundamentales para la sociedad, tales como: educación, medio ambiente o lucha contra la corrupción.
En resumen, a los partidos políticos les va quedando poco crédito con la sociedad, y tienen ahora una nueva oportunidad para reducir el importante distanciamiento y desafección de los ciudadanos, y mejorar con ello el nivel de calidad política y democrática de este país.
Jesús Lizcano Álvarez es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y cofundador de Transparencia Internacional España.