Matar al mensajero

El requerimiento de la jueza de instrucción n°25 de Barcelona a varios medios, entre ellos EL PERIÓDICO, para que se abstengan de publicar cualquier extremo relacionado con el caso de la muchacha asesinada presuntamente por su empleadora en unos apartamentos de la calle de Camprodon de Barcelona, nos retrotrae a épocas pasadas y produce un estupor indescriptible. Se vista como se vista, tal medida es un acto de censura previa. Pavor produce que el garante último de los derechos, el juez, los lamine de forma tan ilícita. Es sabido --o se debería saber por sus titulares-- que cualquier actuación de los poderes públicos debe estar prevista por la ley.

Ciertamente, la ley regula el secreto del sumario en sus dos versiones, es decir, tanto a la hora de impedir el acceso a las actuaciones de quienes no sean parte en el proceso, como cuando el juez en determinados momentos declara secretas las actuaciones para las partes personadas; en esos casos, solo él y el fiscal tienen acceso a lo que se esté tramitando. De entrada, si ha habido alguna fuga y los hechos han llegado a manos de la prensa, la investigación es fácil, dado que tiene solo dos frentes: el del juzgado y el de la fiscalía. Pese a ello, la juez emisora del requerimiento pretende silenciar al mensajero y le ha exigido saber sus fuentes. Pero la periodista de esta casa ha ejercido su derecho constitucional --que es la garantía ciudadana de acceso a la información veraz-- y se ha negado a revelarlas.

Se mire como se mire, en nuestro ordenamiento jurídico no encontramos prohibición de divulgar información secreta, si no se ha accedido a ella ilegítimamente. El legislador español, fuera de la ley de secretos oficiales, no ha construido ningún otro impedimento al acceso a la información veraz en tiempos de normalidad institucional.

Ello es así porque en nuestro sistema la censura previa está abolida por el artículo 20.2 de la Constitución. Lo que tiene como consecuencia, tal como ya decretó inequívocamente el Tribunal Constitucional en su sentencia 13/1985 --¡hace 23 años largos!--, que el secreto del sumario no significa que quepa sustraer uno o varios elementos de la realidad social --aquí un hecho noticioso-- a la libertad de información, en el doble sentido de derecho a informarse y derecho a informar, con el único argumento de que sobre aquellos elementos están en curso unas determinadas diligencias sumariales. De ese modo, "el mal entendido secreto del sumario equivaldría a crear una atípica e ilegítima materia reservada sobre los hechos mismos acerca de los cuales investiga y realiza la oportuna instrucción el órgano judicial". En idéntico sentido se expresa el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

En fin, se podría decir que los datos divulgados por la prensa han sido obtenidos de modo ilegítimo. Pues bien, dejando de lado que habría que probar que el periodista ha cometido un ilícito penal para apoderarse de los datos que difunde, la información ilícitamente obtenida no deja por ello de ser veraz. De nuevo, el Constitucional en su sentencia 24/2004, anulando otra errónea del Tribunal Supremo, recuerda que lo que prohíbe la Constitución es la difusión de informaciones falsas. Lo torcido es equiparar, como hacía la jurisdicción ordinaria, información de origen ilícito o ilícitamente obtenida con información no veraz: el contenido cierto de unos datos no se convierte en mentira porque su origen no sea recomendable. De ahí la incomprensible resolución judicial, que no parece haberse basado en la única norma posible: la norma legal interpretada conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional.

Pero, es más: el legislador, tan amante en ocasiones de acudir al BOE, no podría alegremente penalizar difusiones como la que la jueza barcelonesa ha intentado congelar. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 10.2, establece que el ejercicio de los derechos de información "no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos". Evidentemente, no es este el caso, pues ninguno de esos vitales derechos o intereses está en juego, ni la norma procesal española los prevé. Además, no hay que olvidar que, en gran medida, el sumario, como lo concibe la vigente ley de enjuiciamiento criminal con todos los parches y reinterpretaciones constitucionales que se quiera, destila elementos del antiguo régimen, es decir, del sistema inquisitorial, en el que el juez investigaba y condenaba en el más hermético secretismo y donde el imputado carecería de cualquier derecho.

Coletazos como el que reseñamos son muy preocupantes a los casi 30 años de entrar en vigor la Constitución. Y esta Constitución, la de los derechos y garantías de los ciudadanos, es la que ha de preservarse contra viento y marea. Consentir la más mínima vulneración supone entregar la soga con la que nos hayan de ahorcar.

Joan-Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal de la UB.