Próximos a la celebración de unas elecciones autonómicas y locales, son muchas las necesidades que deben ser atendidas por los poderes públicos, especialmente en dicho ámbito territorial: mejora de la sanidad y la educación; lucha contra la pobreza; lucha contra la violencia, especialmente hacia las mujeres, niños y ancianos, y otros colectivos sociales vulnerables y podríamos seguir poniendo ejemplos de lo que pueden y deben hacer los responsables políticos. Pero los recursos son escasos y el equilibrio presupuestario es una exigencia recogida en la Constitución y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que dichos responsables están obligados a garantizar.
No hay recursos para todo, por lo que los distintos partidos políticos deberán mostrarnos sus prioridades y las medidas para atenderlas, lo que permitirá a los ciudadanos diferenciar los verdaderos intereses de cada uno de ellos y facilitará la orientación de nuestro voto.
Es habitual que traten de convencernos de que una prioridad de sus propuestas es la defensa de las llamadas «políticas sociales» que configuran nuestro actual estado de bienestar, con el objetivo de mejorar su protección y hacerlo sostenible: mejora de las pensiones, de los servicios públicos, la sanidad; pero también es frecuente que algunos de ellos olviden que para hacerlo viable resulta imprescindible contar con la familia. Entre otras razones porque el estado nunca podría asumir en términos económicos todo el apoyo y los cuidados que ésta, de manera «gratuita», ofrece a sus miembros y por tanto a la sociedad. Esto exige que los partidos prioricen políticamente el apoyo a la maternidad y la paternidad. Existen muchas razones para ello, pero señalemos algunas:
1. Por la valoración y la defensa de la vida que este apoyo implica. Si se protege la maternidad y la paternidad, se protege la vida, que es un derecho fundamental y primario, porque sin ella no tendría sentido ningún derecho, ni siquiera los sociales. Si no hay vida, no hay derechos.
2. Para avanzar en la resolución del reto demográfico en el que nos encontramos. España envejece, nuestra esperanza de vida -afortunadamente- ha crecido mucho, a la vez que la tasa de natalidad ha caído a los niveles más bajos de la historia. Si continuamos perdiendo población, nuestra actividad económica se resentirá y el crecimiento económico se verá afectado. Así mismo la pérdida de población dañará a ciertas comunidades autónomas más envejecidas y despobladas y algunos ayuntamientos que están quedando vacíos, y por qué no, también a nivel de la UE y del mundo, España perderá poder político.
3. Si queremos una sociedad verdaderamente libre -no libertaria- tenemos que permitir que los jóvenes puedan formar sus propias familias, desarrollar su proyecto de vida y tener los hijos que manifiestan desear. Todas las encuestas muestran que los hijos forman parte del proyecto vital de los jóvenes y que querrían tenerlos, pero existen barreras que se lo impiden o les hacen aplazar mucho la maternidad, siendo dicho aplazamiento, junto al apoyo que les ofrecen los abuelos, el principal instrumento para la conciliación.
4. Por razones de igualdad. Si queremos lograr una verdadera igualdad tendremos que proteger la maternidad y también la paternidad, ampliando la mirada de las políticas de igualdad, y comenzar a trabajar para lograr la protección de las diferencias. O lo que es lo mismo, tendremos que proteger ciertas desigualdades que tienen su origen en el hecho de ser madre. Esta última razón es la más desconocida.
Un reciente estudio de Acción Familiar, en colaboración con la Universidad Complutense, ha analizado las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral desde una perspectiva de familia, y detectando diferencias significativas incluso entre las propias mujeres con hijos y sin hijos. Los datos demuestran que la brecha salarial, principal indicador utilizado para analizarlas puede explicarse, al menos parcialmente, por el hecho de ser madre y no tanto por el de ser mujer. Las mujeres se enfrentan a una doble desigualdad que se puede convertir en una discriminación por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser madre, con efectos sobre ellas y también sobre la sociedad que construimos entre todos. Estos datos ayudan a entender por qué las mujeres retrasan tanto el nacimiento de su primer hijo, con las consecuencias que este retraso conlleva -menor número de hijos, mayor riesgo en los embarazos, menor fertilidad-, entre otras.
Pero la puesta en marcha de políticas que corrijan estas desigualdades deberá respetar las preferencias de las madres y los padres a la hora de tomar decisiones en relación a su vida personal y laboral. Decisiones que pueden implicar una pérdida de salario, pero también mejora de su calidad de vida -medida más allá de sus ingresos- al proporcionar más flexibilidad y disponibilidad de tiempo. Respetar las preferencias y proteger las diferencias que tienen su origen en la maternidad es un reto para las políticas de familia, de apoyo a la maternidad y también para las de igualdad. Esperemos que los partidos políticos las sitúen entre sus prioridades para las próximas elecciones y pongan en marcha aquellas que no traten de sustituir a la familia, sino que la ayuden en el desarrollo de sus funciones, que sólo ella podrá desempeñar eficazmente. Las actuaciones en materia de familia no deben estatalizar las relaciones familiares, más bien lo contrario, deben permitir «familiarizar» el estado, o lo que es casi lo mismo, ayudar a hacerlo más humano.
Pero no olvidemos que priorizar la ayuda a la maternidad supone también ofrecer apoyo a las mujeres embarazadas en situaciones de especial vulnerabilidad. Mujeres que por su situación familiar, económica o social, se ven imposibilitadas para llevar adelante su embarazo.
Todo ello exige el impulso desde los poderes públicos, la colaboración de los empresarios, agentes sociales, así como de la sociedad civil. Y resulta imprescindible que hombres y mujeres trabajemos juntos, en la misma dirección, entre otras razones porque también está en juego la paternidad. Ya que cuando se reconozca su verdadero y pleno valor habremos dado un paso de gigante en la valoración de la maternidad y por tanto de la igualdad y la defensa de la vida.
Para lograrlo son necesarios además gestos concretos de dichos poderes públicos hacia las asociaciones que trabajan con las familias; los empresarios, que son quienes mejor pueden ayudarles a compatibilizar el empleo con los hijos y hacia los interlocutores sociales y hacia las propias familias.
No hay duda de que los partidos que así lo hagan recibirán el agradecimiento de todas las personas que las forman y también, no lo olviden, se lo agradecerán los votantes.
María Teresa López López es Profesora honorífica de la Universidad Complutense de Madrid.