El pasado 4 de abril, el Parlamento vasco aprobó instar al Gobierno español a modificar la actual regulación relativa a la remuneración compensatoria por copia privada, llamado canon digital. La propuesta apremiaba al ejecutivo español a explorar «otras fórmulas que garanticen el legítimo derecho de los autores a una retribución justa, acorde con las nuevas tecnologías de la información, los nuevos hábitos de uso de los ciudadanos, que contribuya al desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, y a la defensa de los consumidores».
Ante las múltiples imprecisiones que un día sí y otro también vemos publicadas en los medios de comunicación y que terminan socabando la imagen de la SGAE y otras entidades dedicadas a la gestión de los derechos de autor, nos hemos visto obligados a enviar una carta a los distintos órganos que conforman el Parlamento vasco en la que, como no puede ser de otra forma, la SGAE deja claro su respeto absoluto por cualquier decisión adoptada allí donde reside la voluntad soberana de la sociedad vasca. Del mismo modo, valoramos positivamente la propuesta aprobada, aún considerando que no existen fórmulas mágicas para compensar lo que los autores dejan de ganar en el Estado español sólo como consecuencia de las descargas audiovisuales que vía Internet se realizan de forma ilegal, y que tanto perjuicio económico causan en este sector.
La necesidad de compensar a los autores por los efectos de la copia privada sigue en entredicho. Es preocupante el cuestionamiento del salario de los autores, situación inédita en otros colectivos de trabajadores cuya retribución nadie osa objetar. La industria tecnológica es sin duda la gran beneficiaria del proceso de manipulación de la opinión pública al que asistimos. Bastaría ver los resultados económicos de las grandes empresas tecnológicas para saber exactamente de qué estamos hablando. El monopolio que ejercen del mercado, condena a los consumidores a pagar la arbitrariedad de unos precios similares en buena parte de Europa, independientemente de que haya o no retribución compensatoria (canon) a los autores.
También quisiera matizar afirmaciones como las realizadas en esta tribuna de opinión el pasado 30 de abril por la parlamentaria de EAJ-PNV Leire Corrales Goti. En el artículo titulado Canon digital: equilibrio entre artista y consumidor, la representante jeltzale plantea asuntos muy interesantes sobre los cuales estamos de acuerdo, aunque sostiene que la «defensa de los derechos de los creadores, de los artistas, no repercute directamente en ellos, sino que va engordar las cuentas de las sociedades de gestión, que, siendo necesarias para la gestión de todos esos derechos, deberían estar más controladas...».
Se agradece el reconocimiento por su parte a la necesidad de la existencia de entidades como la SGAE. Sin embargo, con el máximo respeto hacia un cargo electo por la sociedad vasca, quisiera aclarar que:
1. Ya está bien de tópicos. La SGAE, y así todas las entidades de gestión colectiva, es una asociación de autores necesariamente transparente. Primero, porque es una organización que ejerce su actividad en el cumplimiento estricto de los requisitos que exige una autorización administrativa. Segundo, porque sus cuentas son públicas y están permanentemente controladas por la auditoría general de cuentas, de cuya revisión depende su actividad en el Estado español. Tercero, porque engloba a 90.000 creadores a los que se exige darles cuenta. Cuarto, porque no hay quien nos gane no sólo en transparencia, sino en efectividad a la hora de repartir derechos entre nuestros asociados, ya que somos expertos en la materia. Resulta curioso que no sean nuestros socios quienes critiquen la supuesta falta de transparencia de la SGAE, sino aquellos grupos (plataforma anti-canon, etcétera) interesados en el incumplimiento de la propiedad intelectual y cuyas cuentas pedimos se pongan a disposición de auditorías iguales a las nuestras.
2. Respecto a la compensación por copia privada, el mal llamado canon digital, debe saberse que existe desde 1987, se aplica en la práctica totalidad de la UE siguiendo directrices comunitarias, y tiene por objeto compensar a los autores por el perjuicio que producen las copias en el ámbito privado y sin ánimo de lucro a las que tienen derecho los consumidores. Según la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en 2006, es la industria del sector audiovisual, en sus vertientes de producción e importación, quien debe compensar a los autores de obras explotadas públicamente. Nunca el consumidor.
3. En lo que respecta al reparto específico de lo recaudado por compensación de copia privada, el 74,4% va a parar a los autores en función de sondeos estimados sobre descargas en Internet, ventas de discos y utilización de repertorio musical en emisoras de radio; el 20% se destina a actividades de promoción de los propios repertorios; y un 5,6% final a gastos de administración de esta entidad. Y para que la opinión pública conozca el verdadero alcance económico de lo que estamos abordando, unos ejemplos:
- La Ley exime del pago de la compensación a las líneas de ADSL o a las cámaras de fotos digitales.
- Un equipo de música de salón lleva pagando 0,6 euros, es decir medio café, desde 1994.
- Cien DVD vírgenes, que permiten grabar 100 películas cuyo precio en el mercado puede alcanzar los 2.000 euros, pagan 44 euros de compensación.
- Doscientos CD vírgenes, que a la mayoría de los consumidores les permiten grabar 24.000 canciones en MP3 y cuyo valor en mercado sería de 28.000 euros, pagan 34 euros de compensación en aplicación de la normativa existente.
- Se calcula que frente a los 1.200 millones de euros anuales que los autores dejan de ganar en el Estado español sólo como consecuencia de las descargas, el canon logra compensar algo más de 120 millones cuya distribución acometen ocho entidades de gestión. En el caso de la SGAE, en 2007 la recaudación para los autores por copia privada ha sido de 20 millones de euros, a pesar de que el presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas se encargó de difundir que ésta iba a ser estratosférica.
Si han de explorarse nuevas fórmulas para compensar posibles desajustes en la normativa existente hágase, pero por favor, desde el rigor, la seriedad y el respeto a los autores. Lo contrario perjudica gravemente la creación, merma el enorme potencial creador de los autores vascos, garantes de nuestra producción cultural, y pone en serio peligro la diversidad cultural. Un último dato para terminar: este año, por primera vez desde los últimos quince, ha crecido la utilización de música anglosajona respecto a la música en lenguas oficiales del Estado español. La falta de producción de nuevos músicos ha sido muy beneficiosa para las grandes multinacionales.
Ignacio Casado