De manera nada subrepticia, aprovechando la coyuntura, la extrema izquierda, con el silencio de la izquierda democrática y la colaboración del independentismo, pone en marcha otra campaña contra la monarquía. Una acometida que oculta el proyecto de deconstrucción de la idea de la España inclusiva, democrática y constitucional en que vivimos.
Un par de axiomas sustentarían -más allá de hechos puntuales- la crítica de la monarquía. Primero: no hay democracia sin república. Segundo: la democracia es incompatible con el privilegio. Dicho lo cual, hay que afirmar que los críticos de la monarquía son víctimas de su propia ideología -irrefutable por definición, dicen- e incapaces de aceptar la realidad. Vayamos a los hechos.
Si consultamos el Democracy Index, elaborado por The Economist Intelligence Unit, observamos que entre las 22 full democracies, o democracias completas, se encuentran todas las monarquías europeas con la excepción de Bélgica. Si hacemos lo propio con el Freedom in the World, de Freedom House, veremos que entre los 83 Estados free se encuentran todos las monarquías europeas. Cosa que también sucede con el Rule of Law Index (entre los 23 Estados respetuosos con el Estado de derecho se encuentran todas las monarquías europeas), con el The Gobal State of Democracy (entre los 14 Estados que cumplen con los patrones democráticos se encuentran todas las monarquías europeas) y con el Varieties of Democracy del V-Dem Institute (entre los 35 Estados considerados como democracias liberales se encuentran todas las monarquías europeas).
Vale decir que estas instituciones valoran la naturaleza y características de la democracia con distintos indicadores -Democracy Index utiliza 60 indicadores en cinco categorías distintas- como, entre otros, el respeto a los derechos fundamentales, la calidad del gobierno representativo, el control del gobierno, la imparcialidad de la Administración, la participación política, el proceso electoral, la cultura política, la lucha contra la corrupción, el orden y la seguridad o la Justicia ya sea civil o criminal. Sacando a colación a Karl Popper, puede decirse que nadie puede refutar -mientras no se aporten pruebas de lo contrario, diría el filósofo- la compatibilidad entre democracia y monarquía. Los hechos son los hechos. Cosa que, teniendo en cuenta los índices reseñados, a tenor de los datos que ofrece la realidad, no puede decirse de la mayoría de las repúblicas.
De un axioma refutado -no hay democracia sin república- que, por tanto, deja de serlo, a otro axioma que admite igualmente la refutación. ¿Es compatible la democracia con el privilegio del que goza la monarquía? No se discute el privilegio en sí, sino el hecho de que sea compatible o no con la democracia. Veamos. ¿Es compatible con la democracia una monarquía constitucional y parlamentaria, recogida en una Constitución democrática, propia del Estado de derecho, que ha sido refrendada por la mayoría de la ciudadanía en una consulta con todas las garantías democráticas? Afirmativo.
Siendo esa la realidad, los críticos bienintencionados de la monarquía, así como la izquierda y el independentismo, alegarán que la pregunta o la cuestión es otra. Dirán que lo que está en liza no es el «privilegio», sino el «privilegio heredado». O lo que es lo mismo, afirmarán que la monarquía ha de ser votada por la ciudadanía. Y quien replique que la monarquía -en España- ya fue votada en su día cuando se sometió a referéndum junto a/junto con la Constitución, recibirá una contrarréplica que apela al principio democrático. ¿Votar -por separado- la monarquía más allá de lo que establece la Constitución? ¿Por qué no hacer lo propio con otros Títulos de la Constitución?
Llegados a este punto, conviene recuperar a Max Weber. Según el sociólogo alemán, existen tres tipos puros de dominación legítima: tradicional, carismático y legal-racional (Tipos de dominación en Economía y Sociedad, 1921). El primero descansa en lo sagrado o en las tradiciones y costumbres. El segundo en la ejemplaridad o el heroísmo. El tercero en la legalidad.
Los críticos, bienintencionados o no de la monarquía, aducen que la legitimidad de la misma debería descansar en el tercer tipo weberiano que exigiría someterse periódicamente a la práctica democrática del sufragio o el referéndum. Cosa que equivaldría, de facto, a identificar monarquía y república. Pero, la monarquía no es una república. Por eso, la legitimidad de la monarquía, en ningún estado monárquico y democrático, descansa en el sufragio, sino en el principio hereditario.
La legitimidad monárquica es dinástica y la legitimidad republicana es sufragista. A tipos de Estado diferentes, legitimidades distintas. La monarquía descansaría en el tipo tradicional formulado por Max Weber. Pero -hoy-, la legitimidad monárquica no descansa en la tradición del derecho divino, sino en una tradición secularizada hereditaria -la monarquía, por decirlo a la manera de Ramón Pérez-Maura, deviene la Institución Real- acorde con las revoluciones liberales. De ahí, surge la tradición de las monarquías constitucionales que superan el absolutismo monárquico y se incardinan de pleno en los regímenes democráticos. Y lo hacen exhibiendo una alta calidad democrática.
Al respecto, siguiendo los tipos ideales de monarquías en Estados territoriales, caracterizados por Alfred Stepan, Juan J. Linz y Juli F. Minoves (Monarquías Democráticas Parlamentarias, 2016), la Institución Real transitaría de la monarquía gobernante a la monarquía constitucional y de esta a una monarquía democrática parlamentaria que, por decirlo sintéticamente, sacando a colación a los politólogos citados, se «rige según la ley» y «reina, pero no gobierna». El tipo weberiano renovado de la autoridad tradicional, conceptualiza una monarquía democrática parlamentaria que, volviendo a Alfred Stepan, Juan J. Linz y Juli F. Minoves, nos invita a «prestar más atención al papel que han desempeñado las monarquías en la evolución de la democracia».
Si nos detenemos en España, el papel de la monarquía ha sido el de estabilizar y consolidar la democracia. Historia y saber hacer. La historia de una monarquía que, de Martínez de la Rosa a Adolfo Suárez pasando por Cánovas del Castillo, ha sido el lugar de encuentro de los demócratas frente a un republicanismo de escaso relieve y dudosa credibilidad democrática. El saber hacer de una monarquía -Felipe VI como el ejemplo- que vertebra una identidad histórica, que simboliza la unidad nacional, que respeta la legalidad democrática y el Estado de derecho, que muestra su independencia frente a los partidos políticos, que sabe reinar sin gobernar. Y algo más: representa un espacio que comparte unos valores -derechos individuales, identidad privada, deberes, bien común, deliberación, decisiones compartidas- que conforman la res publica.
Así las cosas, surge la pregunta: ¿para qué -ahora- una república cuando muchos de los valores republicanos -y más- se desarrollan en un estado monárquico respetuoso con la Constitución? Vuelvo al principio: para proceder a la deconstrucción de la idea de España inclusiva, democrática y constitucional en que vivimos. Tristan Garel-Jones: «Algunos países hemos tenido la suerte de llegar (a base de trompicones) al siglo XXI con monarquías constitucionales que ni dividen políticamente, ni son una «sombra» que no se nota, sino que son un reflejo vivo de nuestra historia, de nuestro presente y nuestro futuro» (Monarquía: un debate fácil de ganar, ABC, 11/3/2012).
Miquel Porta Perales es articulista y escritor.