Mayoría, acuerdos y mayorías

A tenor de mucho de lo que escuchamos y leemos estos días parecería que una sombra tenebrosa se cierne sobre España: la sombra de los acuerdos. Buena parte de los creadores de opinión, de los medios de comunicación, y dirigentes de algunas fuerzas políticas, se han unido en santa cruzada para acosarla y combatirla.

La sorpresa es que esa sombra ha aparecido de repente: sólo se ha manifestado, a ojos de quienes lo ven y lo temen, tras los resultados de las elecciones del 24 de mayo, pese a que esos resultados se venían cantando y, en alguno de sus aspectos, auspiciando por esos mismos medios de opinión.

Durante muchos meses, en efecto, una y otra vez se repetía que el mapa político se iba a ver sustancialmente alterado por la irrupción arrolladora de dos nuevos partidos «emergentes» que trastocarían por completo el itinerario representativo seguido por los españoles a lo largo de más de 35 años pues, incluso, se auguraba el primer lugar de los resultados a favor de uno de ellos o, en otras versiones, el empate virtual entre todos.

Mayoría, acuerdos y mayoríasEran unos vaticinios que no sólo preveían un futuro de hecho sino que, además, incorporaban el deseo de que así fuese efectivamente o, si se quiere, un juicio de valor positivo sobre la incidencia que ese resultado tendría en la vida política española. Era, se decía, la oportunidad de sustituir un sistema de mayorías absolutas (o de minorías muy mayoritarias) por otro en el que el rumbo político no estuviese en la mano de un solo partido sino que fuese el fruto del diálogo, de la negociación, del pacto.

Y, sin embargo, cuando los resultados reales permiten y exigen el diálogo, la negociación, el pacto, buena parte de sus defensores se han echado las manos a la cabeza. Donde había cánticos a la pluralidad de actores, hoy hay añoranza de mayorías claras y uniformes; donde había alabanzas a la inteligencia de los electores, hoy hay advertencias sobre la inestabilidad política derivada de su voto y sus consecuencias sobre el bienestar de los ciudadanos; donde había afán por reducir el peso de los partidos llamados tradicionales, hoy hay amenazas de desgobierno y de crisis institucional.

Alguna explicación debe tener todo esto.

¿Qué tiene este momento para que ahora haya tanto escándalo? Porque lo cierto es que, desde 1979 hasta hoy, la experiencia de gobiernos minoritarios se ha mantenido durante, exactamente, la mitad del tiempo transcurrido: 18 años de los 36 frente a otros 18 años de mayoría absoluta. Eso significa que durante esos 18 años ha habido necesidad de alcanzar acuerdos de apoyo al partido más votado (expreso o indirecto en la investidura; puntual y con geometría variable en el ejercicio) aunque no se haya producido nunca en su modalidad de coalición de Gobierno… salvo en ayuntamientos y, en menor medida, en CCAA. O sea, práctica de acuerdos, la ha habido a nivel del Gobierno de la nación.

Y en lo que se refiere a los ayuntamientos y las comunidades autónomas, desde 1979 hasta ahora mismo una parte de ellos, incluidos, durante años, algunos de los más importantes de España, fueron gobernados no sólo con acuerdos sino con coaliciones del PSOE con el Partido Comunista de España, primero, y con Izquierda Unida, después, y nadie tembló: ni siquiera algunos que, alentando aquella solución en la época, hoy se alarman ante la posibilidad de que los acuerdos arrebaten el gobierno de municipios y comunidades a quien ahora, como entonces, había ganado las elecciones a título de minoría más votada.

La explicación parece sencilla. Esos acuerdos se pueden producir, se deben producir y se van a producir porque el partido que sustenta a un Gobierno con mayoría absoluta muy rotunda ha sufrido un batacazo de enorme alcance que, es verdad, le mantiene como lista más votada en muchas circunscripciones pero experimentando una caída tan espectacular que, incluso en aquellos sitios en que mejores resultados ha obtenido, se queda a muy corta distancia de otras fuerzas políticas y muy lejos de la mayoría absoluta que le permita gobernar por sí sólo. Con un agravante más: durante esta legislatura, el Partido Popular ha cultivado un ejercicio del poder en solitario con tanta soberbia que ha sido incapaz de tejer las relaciones que le permitan, con carácter general, buscar los acuerdos que hoy le asegurarían alcaldías y presidencias de comunidad que ven que se les escapan.

Y algo más: esos acuerdos se van a producir, se deben producir y se van a producir porque el Partido Socialista se ha consolidado como alternativa real al Partido Popular con el que en este momento nos encontramos prácticamente en situación de empate técnico.

He dicho que los acuerdos se deben producir y me reafirmo en ello. Sostener lo contrario es sólo una forma de reclamar, sin decirlo, que debe seguir gobernando municipios y comunidades el Partido Popular pese a que haya perdido el apoyo mayoritario de los ciudadanos, sin que se le exija ninguna otra condición. Es una propuesta que explica bien el intento que, hace ahora casi un año, hizo el Gobierno de modificar el régimen electoral para otorgar a la lista más votada la mayoría absoluta de concejales aunque no hubiese obtenido los votos necesarios para reconocérsela y a la que tuvo que renunciar cuando denunciamos el propósito de ganar por la ley lo que le negarían los ciudadanos.

Lista más votada no es sinónimo de mayoría. En el mundo conocido, no hay más democracia que la representativa, es decir, aquella que establece y reconoce el sometimiento y respeto a la Constitución y a la ley, la actuación conforme a reglas de procedimiento predeterminadas y el imperio de la mayoría. Un criterio, este último, que responde a una fórmula simple: triunfa la propuesta que recibe más apoyos… de quienes constituyen el órgano encargado de tomar decisiones que, no se olvide, representan, cada uno de ellos, al conjunto de los ciudadanos.

Siendo esto así, estoy de acuerdo en que el Partido Popular gobierne ayuntamientos y comunidades si obtiene, vía pacto, los apoyos suficientes para sumar la mayoría que por sí sólo no aporta. Nada que reprochar a esa hipótesis que, seguro, se va a producir en distintos lugares del territorio. Como tampoco tendré nada que objetar a un Ayuntamiento gobernado por el PP a título de lista más votada si los resultados electorales son tan fragmentados que impiden una alternativa viable o si el ansia de poder de algunos minoritarios les lleva a no permitir un pacto de otro signo al exigir un nivel de representación y de gobierno que las urnas les han negado.

Se me podrá decir que hay una posibilidad distinta: la búsqueda de grandes acuerdos entre los partidos mayoritarios. Pero ya Dahrendorf nos enseñó que una democracia sana es la que busca el consenso en torno a las reglas esenciales de convivencia –es decir, en torno a la Constitución– y el disenso en torno a las políticas concretas pues sólo así se permite en términos reales la condición de fondo de la democracia que no es otra que la alternancia en el poder.

ESO ES LO QUE HA llevado al Partido Socialista a no buscar acuerdos con el Partido Popular. Uno y otro –y así lo han vuelto a reflejar las urnas hace veinte días– son las fuerzas hegemónicas de las dos partes que tradicionalmente se identifican en todos los estados avanzados con la fórmula de la izquierda y la derecha. Una fórmula que, con todas sus limitaciones, permite distinguir diferencias en la concepción de la sociedad, en los objetivos para la misma, en los valores que respectivamente las identifican. Pactar con el PP es quitar a los ciudadanos el derecho a la alternancia. Y así ha sido durante todo el período democrático: no el caldo gordo de la Restauración de Cánovas/Sagasta sino competencia, confrontación, alternancia.Y eso, alternancia, es lo que han vuelto a reclamar los ciudadanos cuando han votado cambio: cambio para llevar a cabo otras políticas, distintas y aun contrapuestas a las del Partido Popular.

En estos días, se está concretando un mapa políticamente distinto al existente hasta hace unas semanas. Es un mapa que dará lugar a nuevos gobiernos que tendrán que actuar con diálogo, negociación y pacto. El PSOE propiciará mayorías suficientes para que, en verdad y no sólo con retórica interesada, haya una alternativa a los gobiernos de la derecha. Lo hará con quienes asuman un programa que no traicione nuestras propuestas, nuestros valores y nuestro compromiso con la Constitución y la Ley. Y, con esos acuerdos, encabezará el Gobierno donde haya sido la opción más votada de entre quienes los suscriban y, salvo supuestos excepcionales, se quedará al margen donde no sea así.

En esto consiste la «centralidad política» que todos, hasta el PP, nos reconocen en España. Una centralidad –que no espacio de centro– que confirma que el PSOE es el partido que mejor sustancia el ser y el sentirse de los españoles. Una centralidad que nos permite pactar con distintos actores políticos en función de los diversos resultados y las diferentes realidades. Una centralidad que asegura nuestra contribución a la estabilidad política y al ejercicio del poder en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Una centralidad que se asienta sobre nuestro compromiso con un sistema institucional que necesita con urgencia algunas modernizaciones pero que, en todo caso, permite, con normalidad, la consolidación de nuevos protagonistas. Una centralidad, en fin, que, nos sitúa en condiciones de afrontar con éxito las próximas elecciones generales.

Pedro Sánchez es secretario general del PSOE.

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