Medidas para modernizar la Justicia

Si alguna ventaja tienen las épocas de crisis es que gracias a ellas somos capaces de replantearnos situaciones y cuestiones que de otra manera seríamos incapaces de cuestionarnos, y así adoptar medidas que remuevan estructuras anquilosadas que impiden un adecuado funcionamiento de instituciones u organismos.

La crisis ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestro sistema administrativo y la corresponsabilidad de las decisiones y actuaciones de un sector respecto de otro. Así, la tardanza en resolver los litigios por parte de la Administración de Justicia no está ayudando a salir de la grave situación económica a las empresas, a los trabajadores, a los ciudadanos… Por ello, llegado es el momento de replantearnos determinadas cuestiones sobre nuestra Justicia. Debemos detenernos; analizar la situación actual; reflexionar sobre los avances obtenidos; aprender de los errores cometidos en el pasado y adoptar nuevas y valientes medidas que nos permitan, de una vez por todas, corregir las deficiencias que nuestro sistema judicial padece endémicamente, removiendo, si es preciso, sus estructuras.

Soy de los que opinan que la situación actual de la Justicia española deriva de la descoordinación entre las distintas administraciones con competencias en la materia, consecuencia de la ausencia de un claro liderazgo que venga a coordinar las actuaciones que se deben acometer para mantener una verdadera Justicia única en toda España.

Porque, pese a que entiendo que la transferencia de las competencias sobre la Administración de Justicia a las comunidades autónomas fue un acierto y constituye una realidad que no debe tener marcha atrás, tampoco debemos olvidar que la Justicia es uno de los poderes del Estado y, por tanto, debe existir una Justicia única e igual para todos los ciudadanos. No podemos, vía transferencia de la gestión de los medios materiales y humanos al servicio de la misma, desligar al Estado de este Poder y mantener la situación actual en la que, dependiendo de dónde se tenga fijada la residencia, el ciudadano disfruta de una Justicia más o menos rápida, ágil y eficaz.

Para corregir esta disfunción debemos servirnos de las nuevas tecnologías, cuya utilización ha de permitir al ciudadano acceder a los servicios que la Administración le debe facilitar, de una manera mucho más ágil, sin importar dónde resida. Por ello, al igual que ocurre con la Agencia Tributaria, es inaplazable dotar a la Justicia española de un sistema informático único, en el que todos los órganos judiciales, con independencia de su ubicación, tramiten los procesos bajo una misma plataforma y que les permita estar interconectados a tiempo real, entre ellos y entre el resto de organismos, ya sean nacionales o internacionales, que a diario colaboran con los mismos.

Y el momento es ahora, aprovechando que la nueva Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia impone a las administraciones con competencias la obligación de dotar a las oficinas judiciales de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos, pues muchos de los sistemas existentes en la actualidad no soportan otra evolución que les permita alcanzar este objetivo.

Es triste ver cómo se alardea de haber invertido cientos de millones de euros en modernizar la Justicia y luego visitar los juzgados y comprobar que nada o muy poco ha cambiado: los montones de expedientes en papel siguen encima de las mesas y ocultan hasta los ordenadores. Además, cuando se habla de la ejecución de un plan para modernizar la Justicia, no podemos olvidar que el Ministerio del ramo únicamente se refiere a los órganos judiciales radicados en un determinado territorio, no habiendo involucrado en el proceso de modernización al resto de administraciones autonómicas, con lo que los beneficios del mismo no alcanzan a todos los ciudadanos, ampliándose la brecha digital.

No me cansaré de repetir que la Justicia es un servicio público esencial y, como tal, debemos dotar a su Administración de una estabilidad presupuestaria que permita a las administraciones autonómicas invertir lo necesario para garantizar su prestación en los parámetros de calidad que el ciudadano se merece. Y para ello, entiendo que no es necesario acudir a fórmulas de financiación como el denominado copago, que en la práctica supone gravar doblemente al ciudadano que acude a los órganos judiciales a solventar controversias.

Se deben adoptar nuevas fórmulas de financiación estables. La participación de las comunidades autónomas en los intereses generados por la cuenta de consignaciones judiciales puede ser una. Todo ello sin olvidar la necesaria adopción de políticas de racionalización del gasto y la imprescindible concienciación del verdadero coste que supone la puesta en marcha de la maquinaria judicial.

En este mismo sentido, debemos plantearnos si el actual nivel de la prestación del servicio de Justicia gratuita es el adecuado y, lo que es más importante, si es sostenible económicamente a corto plazo. Efectivamente, la evolución presupuestaria de este capítulo en todas las administraciones con competencias en la materia muestra un crecimiento exponencial imposible de mantener y, lo que es peor, es harto complicado realizar cualquier previsión sobre su incremento. Así, conviene reseñar que el total gastado por todas las administraciones pasó de 218 millones en 2009 a casi 240 millones en 2010. El presupuesto de la Generalitat catalana para Justicia gratuita, por ejemplo, sufrió un aumento del 23,3 % en el ejercicio 2009 respecto al de 2010.

Habida cuenta de la escasez de recursos disponibles hoy en día, es necesario abrir un debate sobre la prestación del derecho de los ciudadanos a la Justicia gratuita en España, reflexionando sobre nuevas fórmulas que permitan la necesaria racionalización del gasto, la optimización de los recursos disponibles y que vengan a garantizar su acceso a las personas que realmente carezcan de recursos con independencia de dónde residan, evitando los abusos que se dan en la actualidad.

Fórmulas hay varias, pero me inclino a pensar que la mejor podría ser la de crear una agencia estatal dependiente de la Administración central, que gestione de forma única la Justicia gratuita de manera que se garantice una prestación uniforme de este derecho en toda España, bajo las premisas antes apuntadas.

Igualmente debemos poner en marcha reformas que reduzcan el número de asuntos que anualmente entran en el sistema judicial español. Para ello debemos potenciar al máximo la mediación, el arbitraje y la conciliación, derivando a estas formas de resolución alternativa de conflictos determinadas cuestiones que en otros países no tienen acceso al sistema judicial. A modo de ejemplo cabe indicar que frente a los casi 10 millones de asuntos que anualmente entran en los juzgados españoles, en Francia, con 60 millones de habitantes, sus tribunales únicamente conocen de seis millones.

Acompañando a todas estas medidas se debe acometer una profunda reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, replanteándonos la propia existencia del concepto de partido judicial como fundamento básico de la estructura judicial española. Gracias a los avances tecnológicos ya no es necesario que cada ciudadano tenga un juzgado en su puerta, por lo que podemos agrupar en grandes sedes a los jueces y poner a disposición de los ciudadanos las nuevas tecnologías (internet, videoconferencias, etc.) para que éstos se puedan comunicar con los juzgados y no tengan que desplazarse a los mismos.

Sé que es duro decir esto, pero si esta crisis sirve para que por fin nos atrevamos a remover las estructuras de nuestra Justicia, bienvenida sea.

Por Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial.

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