Medir la corrupción

Acabamos de saber que España repitió en el 2016 su peor resultado histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), situándose en el puesto 41 sobre 167 países, entre Costa Rica y Georgia. Recientemente, fruto de la colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la propia TI ha visto la luz un ranking con el número de acusados ​​y/o procesados, el de procedimientos judiciales y sentencias recaídas en casos de corrupción que afectan a políticos y funcionarios públicos: prevaricación urbanística y administrativa, cohecho, tráfico de influencias o despilfarro de recursos públicos. Los datos de este repositorio se extraen de los órganos judiciales y del Registro de Penados y del número de presos preventivos. Catalunya ostenta el dudoso honor de liderar la lista: entre el 1 de julio del 2015 y el 30 de septiembre del 2016 se juzgaron o procesaron aquí hasta 303 personas, duplicando a Madrid (147 personas) o Andalucía (153).

Como la mayoría de actividades ilícitas, la corrupción es una práctica opaca y difícil de medir. Como había advirtido el Consejo de Europa, en el caso español estaba el problema añadido de la falta de indicadores oficiales sobre el fenómeno. Hasta ahora, los investigadores nos habíamos basado en las denuncias y requerimientos del ministerio público o de los jueces de instrucción. También en las encuestas a inversores nacionales y extranjeros, expertos o ciudadanos en general interrogados por su experiencia en el pago de sobornos a funcionarios o políticos (encuestas de victimización). Por su parte, los estudios de opinión (CIS, CEO o el índice de TI) ponen de relieve periódicamente el nivel de percepción subjetiva y el grado de preocupación ciudadana. En la actualidad hay una veintena de instrumentos de medición, globales o regionales, muchos de ellos muy sofisticados (UNDP o Global Integrity).

El hecho de disponer ahora de datos objetivos constituye un avance innegable. Ya ahora la explotación de los datos de las Memorias de la Fiscalía, teniendo en cuenta que a menudo anotan como delictivos hechos que posteriormente no lo son, nos permite dibujar un retrato-robot realista y desmitificador. Por ejemplo, sabemos que la corrupción más extendida se localiza en los municipios de costa, ligada a la discrecionalidad de los convenios urbanísticos, y que por cada 10 políticos corruptos solo hay un funcionario implicado de media. Poco que ver con el cliché que proyectan los casos de más notoriedad mediática.

Este tipo de datos deben permitir encarar las reformas legales (contratación pública, urbanismo, etcétera), si bien no hay que sacralizarlas. Que Catalunya aparezca como la campeona de la corrupción puede querer decir que el volumen del sector público es mayor de acuerdo con la población, que hay más celo en denunciar, que el aparato policial y judicial es más diligente, etcétera La medición de la corrupción es, pues, un reto complejo. Como ilícito que es comporta clandestinidad y a menudo no hay víctimas o se descubren menos casos de los existentes. Tampoco estamos seguros de que estas mediciones cuantifiquen la calidad del sistema judicial, la voluntad política de combatir la corrupción o su nivel real. Por otra parte, la existencia de una causa abierta no implica que haya condena, ni siquiera procesamiento. La misma Fiscalía reconoció que es probable que un 10% de los casos lleguen a convertirse en acusaciones. No hay que olvidar que los que reportan casos de corrupción pueden ser opositores políticos del acusado con motivos para desacreditarlo.

Sea como sea, España es, junto a Italia, el país en el que más ha aumentado el número de encuestados que consideran importante el problema. A ello ha contribuido el hecho de que se haya incrementado el contingente de políticos involucrados. Pero también puede significar que se está combatiendo más la corrupción, no necesariamente que hay más. Hay, pues, un problema de retraso en los efectos después de años de indulgencia social en tiempos de bonanza y exuberancia irracional. En efecto, los casos que han irrumpido en los últimos tiempos provienen de los años en que la percepción era más optimista y los expertos estimaban que se estaba en la buena dirección. es decir, el estallido de nuevos casos es la expresión de una voluntad inequívoca y positiva de lucha contra el problema –demostrable, entre muchos otros factores, por la potenciación de la Fiscalía Anticorrupción, las unidades policiales especializadas o la creación de la Oficina Antifrau–. Finalmente, la mayoría de los casos están estrechamente vinculados al boom de la construcción, felizmente periclitado en el 2007. Felicitémonos, pues.

Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona.

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