Se prevé un terremoto electoral en Italia el 25 de septiembre. Por primera vez desde 2008, es probable que una coalición de derechas gane las elecciones generales. Debido a que los partidos de izquierda compiten por separado y gracias a una ley electoral que atribuye un tercio de los escaños disponibles a través de un sistema de mayoría simple, la derecha se encamina a una mayoría parlamentaria aplastante. Con el partido nacionalista de extrema derecha Hermanos de Italia superando el 25% de los votos nacionales, se espera que su líder Giorgia Meloni se convierta en la próxima primera ministra italiana.
En Italia y en otros países se especula sobre las consecuencias políticas de este resultado electoral. Pero en un país en el que el PIB real per capita en 2019 seguía estando por debajo de su nivel de 2000, también es fundamental explorar las consecuencias económicas de un futuro Gobierno de Meloni.
A primera vista, el programa económico de la coalición de derechas aparece como una colección de propuestas bienintencionadas, como promover una “transición energética sostenible” o gastar el dinero público de forma más eficiente. En cuanto a las propuestas políticas concretas, no difiere mucho de un programa económico liberal-conservador típico.
El programa hace hincapié en la reducción de la presión fiscal sobre las empresas y los hogares, mientras que la reforma fiscal más controvertida, centrada en la introducción de un costoso y regresivo “impuesto plano” —el mismo tipo impositivo sobre la remuneración de los empleados, independientemente de su salario—, ha sido desechada. El programa también prevé reforzar el sistema de subvenciones concedidas a las empresas, sin especificar ninguna orientación de la inversión pública hacia sectores y tecnologías estratégicas. Por el contrario, se hace hincapié en el apoyo al turismo y en la promoción estereotipada de la comida italiana y de los productos made in Italy.
Hay que señalar que Meloni ha expresado y mantenido una postura más “intervencionista” en relación con los expedientes industriales estratégicos, especialmente cuando se trata de actores extranjeros. Por ejemplo, se opone a la privatización de la antigua compañía aérea de bandera (ITA) en favor de Air France. También quiere poner la red nacional de telecomunicaciones bajo control público, a través del banco estatal CDP (Cassa Depositi e Prestiti).
Al contrario que Matteo Salvini, cuando gobernaba con el Movimiento 5 Estrellas en 2018, Meloni siempre ha apoyado el equilibrio de los Presupuestos del Estado, independientemente del ciclo económico (no se opuso a la aprobación de la enmienda constitucional de equilibrio presupuestario en 2012). Esta promesa podría respetarse mediante una combinación de recortes en los programas sociales (sobre todo, la popular política de renta básica Reddito di Cittadinanza) y una reducción de la ya crónicamente baja proporción de trabajadores del sector público (13% del total de empleados italianos, frente al 18% de media en la UE).
Este conservadurismo fiscal encaja bien con un giro de 180 grados en los asuntos europeos. Meloni ya no quiere el Italexit. De su llamamiento a abandonar la unión monetaria en 2014, pasó a aceptar el euro y un “enfoque confederal” de la integración europea. El programa de la coalición avala la “plena adhesión a la integración europea” e invoca una revisión genérica de su gobernanza económica (como hacen la mayoría de los partidos italianos).
En circunstancias económicas normales, lo más probable es que un Gobierno de Meloni lleve a cabo una política económica continuista con las dos últimas décadas (salvo los dos Gobiernos de Giuseppe Conte en los años 2018-2020). Melonomics no molestaría al establishment económico italiano, como lo confirma la cálida acogida de Meloni en el Encuentro de Cernobbio, la reunión anual de la comunidad empresarial italiana. Por cierto, el primer ministro Mario Draghi ha deseado recientemente que el próximo Ejecutivo cuente con un ministro de Economía tan competente como Daniele Franco (el actual), insinuando una posible confirmación en su cargo. Una opción que sería recibida con satisfacción por el presidente de la República, las instituciones europeas y la muy influyente tecnoestructura del Ministerio de Economía y Hacienda.
Sin embargo, sean cuales sean las intenciones de Meloni, a corto y medio plazo la crisis energética que se avecina va a dominar la agenda económica. El 40% del consumo energético de Italia depende del gas, del que más del 45% se importa de Rusia (cuya dependencia está lejos de ser erradicada). Meloni ha respaldado recientemente un tope europeo al precio del gas. Aunque esto podría reducir el coste de la energía, bien podría disminuir la ya reducida cantidad de gas disponible, lo que llevaría a un racionamiento forzado y, eventualmente, a un compromiso diplomático no deseado con Rusia, a cambio de mantener un flujo suficiente durante el invierno.
Con una recesión prevista para 2023, impulsada por unos costes de producción insoportables y una inflación que erosiona el poder adquisitivo, la reducción de los impuestos a las rentas más altas y la adopción de una disciplina fiscal mediante recortes del gasto social podrían no ser opciones viables. Italia también necesitará que el Banco Central Europeo (BCE) continúe con su programa de compra de bonos (más del 25% de la deuda pública italiana está ahora en manos del Banco Central), que también mantiene los costes de endeudamiento a largo plazo del Gobierno en niveles sostenibles.
En Italia, más que en cualquier otro país de la UE, las decisiones económicas están y seguirán estando influidas por factores externos y limitaciones institucionales. Las duras condiciones económicas podrían obligar a un Gobierno de Meloni, en perspectiva, a renegar de su programa económico liberal-conservador en favor de uno más intervencionista y de orientación social, que iría en contra de su genética ideológica y de sus intereses creados.
En última instancia, la popularidad del próximo Gobierno depende de cómo afronte la gravedad de la próxima crisis económica inducida por la energía. El conservadurismo social de Meloni y sus duras ideas en materia de inmigración no podrán ofuscar este iceberg económico que se avecina. El creciente consenso electoral que la coalición de derechas ha acumulado en más de 10 años mientras estaba en la oposición podría desvanecerse en unos meses si no aborda rápidamente las preocupaciones económicas materiales de los ciudadanos italianos.
Simone Gasperin es economista del UCL Institute for Innovation and Public Purpose de Londres y colaborador de Agenda Pública.