La injusticia tiene múltiples rostros, explica Judith Shklar. Determinadas decisiones políticas que pueden ser o parecer legales también son absolutamente injustas, como el indulto a los independentistas condenados por sedición y malversación que el Tribunal Supremo rechaza. Tan grave injusticia tiene precedentes: el final del terrorismo etarra que indultó al nacionalismo vasco. Muchos subestiman ese final sucio presentándolo como idílico y ocultando sus enormes costes. Entre ellos, la adulterada naturalización democrática del brazo político de ETA, así como la exoneración del PNV por su responsabilidad en la legitimación de la violencia y por su rentabilización del terror nacionalista. Como escribía Vicente de la Quintana en estas páginas, «se exportan a Cataluña conceptos y metodología». Lógico que así sea si se ensalzan como modélicas las injustas transacciones que permitieron indultar políticamente a los criminales nacionalistas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la ilegalización de Batasuna concluyendo: «La legitimación de las acciones terroristas o la exculpación o minimización de su significado antidemocrático y de la violación de los derechos fundamentales puede llevarse a cabo de modo implícito». Normalizar a Bildu como demócrata pese a justificar el terrorismo confirma esa exculpación derivada de la negociación entre el Gobierno Zapatero y los terroristas. La Fundación para la Libertad denunció la negociación como «una flagrante violación de los principios y reglas del juego democrático, definidas por la Constitución y el Estatuto de Autonomía». Asumía la falacia de ETA como «expresión de un antiguo conflicto motivado por la insatisfactoria integración de los vascos en España». Se negoció impunemente con quienes aterrorizaron y ahora, aprovechando el precedente, con quienes violaron la Constitución en Cataluña. Siempre ocultando los negativos efectos de esa legitimación de la coacción nacionalista que se retroalimenta.
El profesor Rafael Aguirre advirtió en 2008 sobre el peligro de que «la causa en cuyo nombre se mató y aterrorizó salga impune». Otro académico vasco, Víctor Urrutia, alertó: «Hasta que no se haga una crítica profunda del nacionalismo vasco tendremos un problema irresoluble, o irresuelto. Pero claro, en este momento plantear una crítica al nacionalismo vasco no es políticamente correcto». Sucesivos gobiernos han eludido esa imprescindible crítica. La actual justificación de los indultos es consecuencia de esta dejación. La corrección política que indulta al nacionalismo también se aprecia en una historiografía que pretende dar respaldo intelectual al falso pragmatismo de las élites responsables del defectuoso final de ETA convertido en modelo para Cataluña. Antonio Elorza define el reciente libro de Fernández Soldevilla sobre el terrorismo en España como «parcial historia del terror, sin adscribirlo a su origen, común con el PNV, que explicaría la mezcla de distanciamiento y complicidad que caracterizó sus relaciones con ETA». Elorza ha dado la voz de alarma sobre un enfoque que indulta a Sabino Arana e «impide entender cómo la sociedad vasca nacionalista generó a ETA y en buena medida la acompañó». Un referente intelectual como Elorza critica que Soldevilla y su entorno institucional, el Memorial de Víctimas, rehúyen de plano «el debate habitual en la historiografía: si alguien piensa lo contrario, es refutado de modo sumario y supresso nomine». El libro cancela autores y episodios esenciales para comprender el final de ETA utilizado ahora para defender los indultos.
Canceladas las excelentes investigaciones de Ángeles Escrivá y Fernando Lázaro, borrando la negociación con ETA de Zapatero y sus implicaciones políticas y sociales que nacionalistas vascos y catalanes explotan hoy. Cancelado el exhaustivo trabajo de constitucionalistas como Tajadura y Fernández de Casadevante evidenciando la erosión del Estado de derecho que supuso legalizar a Bildu fruto de esa negociación, al contradecir el Tribunal Constitucional su doctrina que exige la condena inequívoca del terrorismo. Canceladas las minuciosas publicaciones de Mikel Buesa demostrando que gran parte de la financiación terrorista provenía de subvenciones públicas del Gobierno vasco del PNV y los ayuntamientos controlados por el brazo político de ETA. Cancelado el estudio de Reinares sobre la ideología nacionalista de los etarras; y los de Joseba Arregi sobre el significado político de las víctimas que obliga a defender lo que el nacionalismo atacó: la Constitución y el Estatuto. Y los de Aurelio Arteta denunciando que las doctrinas y fines nacionalistas compartidos por PNV y ETA propiciaron los medios terroristas. El ineludible corolario es relevante para Cataluña: «Proclamar que ‘sin violencia todos los proyectos políticos son legítimos’ significa que, en cuanto deje de matar, la doctrina etnicista de ETA se vuelve intachablemente democrática. Sería de reír si no fuera de llorar».
El Memorial financiado por el Gobierno y algunos historiadores promueven una memoria políticamente correcta que condena lo obvio –el terror– mientras elude las complicidades del PNV y embellece al PSOE que Josemari Múgica abandonó por legitimar a ETA. «Solo unos cuantos se atreven hoy a justificar el terrorismo pero se aceptan los efectos de domesticación: lo que puede decirse y lo que no, los representantes con pedigrí aceptable», advierte Savater. También ha sido cancelado por Soldevilla, que atribuye a «la progresiva politización» del discurso del movimiento cívico su pérdida de apoyo. Como si debiera evitarse la denuncia de la ideología nacionalista que motivó y amparó la violencia política. La sociedad civil sumisa ante el nacionalismo, este sí politizado, como en Cataluña. Teo Uriarte ofrece una explicación distinta en una obra también cancelada por quien ignora la negociación del PSOE con ETA: la desmoralización del movimiento cívico al romper Zapatero el Pacto por las Libertades y ratificar la validez del terrorismo legalizando a Bildu. Buesa, comprometido activista cívico y ejemplar académico, denuncia la historiografía que se presenta a favor de las víctimas y que, en cambio, acomoda los hechos a intereses políticos: «La falsedad se trastoca en relato canónico». Así se oculta que indultar a ETA fue, para el nacionalismo, un triunfo que ahora emula el independentismo.
Con aquiescencia de diferentes gobiernos, el nacionalismo vasco y catalán no ha dejado de despreciar a los ciudadanos no nacionalistas y los símbolos políticos institucionales. Se acepta la inflación simbólica del nacionalismo y su discurso trucado. El que transforma la justicia en venganza, ahora con los indultos pero antes al excarcelar injustamente a De Juana Chaos y a Bolinaga para no incomodar a ETA y al PNV. O el discurso trucado apelando a «la normalización» para excusar la impunidad y la desigualdad entre ciudadanos, ahora con los indultos, antes negociando con ETA y sus testaferros, reforzándoles y blanqueándoles. Todo ello junto a la peligrosa instrumentalización del Rey, cuya presencia en Cataluña y País Vasco es fundamental pero insuficiente sin una estrategia de Estado que contrarreste el desafío político e ideológico del nacionalismo. Lo evidenciaba el equilibrismo entre los desplantes del independentismo catalán y sus ilusorios «gestos de deshielo». Lo ilustraba igualmente la inauguración del Memorial de Víctimas. Su Majestad fue recibido con un aurresku, no con el himno nacional, símbolo de la Nación española y de la Constitución que ETA atacó y que el PNV sigue deslegitimando. Como si honrar a las víctimas no exigiera recordar que fueron víctimas del terror nacionalista.
La memoria sesgada del terrorismo nacionalista vasco favorece el apaciguamiento del nacionalismo catalán. Al cancelar la memoria real de lo sucedido se indultan las mentiras que legitiman la injusticia del indulto a nacionalismos profundamente injustos. Por ello, recordemos a Félix Ovejero en Secesionismo y democracia: «La resignación no es un argumento moral».
Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política en la URJC y autor de La derrota del vencedor (Alianza).