La apremiante necesidad del Gobierno de Sánchez e Iglesias de pasar la ominosa página de su gestión de la pandemia le ha llevado a anunciar la presentación de una nueva ley de memoria histórica. La cuestión es resituar en el eje de nuestra vida política, con la intención de ahondar en la división de los españoles, un conflicto que estalló hace hoy 84 años con un golpe militar y cuyos últimos supervivientes han sido, lamentablemente, los que más han sufrido la devastación del coronavirus.
Nada más lejos de la voluntad de tender puentes hacia el futuro que legislar con la intención totalitaria de imponer una visión monolítica de nuestro pasado. Amenazar con la excomunión de la fe democrática a quien se atreva a desafiar al Ministerio de la Verdad es una garantía de confrontación, como los hechos han venido demostrando desde que Rodríguez Zapatero diera cuerpo de ley en 2007 al uso de la Guerra Civil como arma política para deslegitimar las opciones ideológicas que no fueran de izquierdas o nacionalistas.
Para ser expulsado de esta iglesia de la verdad histórica revelada basta con no comulgar con ruedas de molino tales como que los milicianos sudorosos que violaban monjas, tan celebrados en algún artículo periodístico, fueron paladines de los derechos humanos, especialmente los de la mujer.
Ni siquiera Clara Campoamor, que tuvo que huir del Madrid revolucionario por temor a ser asesinada por quienes no le perdonaban la liberalidad de defender el voto femenino en las Cortes republicanas, fue capaz de aceptar entonces tales falsificaciones. Así lo demostró al denunciar el terror de los «chequistas» en su libro «La revolución española vista por una republicana»:
«Los ciudadanos pacíficos comprendieron el peligro que suponía para ellos ese terror ejercido por una chusma rencorosa envenenada por una odiosa propaganda de clase. Los terroristas han trabajado en favor de los alzados tanto o más que sus propios partidarios. Disfrutan de una vida de ensueño, provistos de dinero, saqueando, organizando matanzas y saciando su sed de venganza y sus más bajos instintos».
Colocar a los asesinos señalados por Campoamor en el santoral de la nueva «memoria democrática» será razón bastante para devolver a los corrales cualquier proyecto de ley que presente el Gobierno con esta carga de sectarismo. Pero más aún si, como propuso el PSOE en 2017, a los efectos de la nueva norma se considera víctimas exclusivamente a quienes hubieran sufrido violaciones a los derechos humanos «por su lucha por los derechos y libertades fundamentales del pueblo español», como ya hacen las leyes autonómicas de Andalucía, Aragón y Asturias.
Dejemos de lado la pregunta sobre cómo decidir quiénes, entre los defensores de la dictadura del proletariado que poblaban el Frente Popular, podrían ser considerados luchadores por la libertad. Lo más retorcido de esta definición de víctima es que elimina el reconocimiento de nuestra democracia a quienes sufrieron la represión en la retaguardia republicana, aunque defendieran la libertad desde opciones centristas, liberales o conservadoras, motivo por el cual fueron precisamente asesinados.
Parece un criterio muy poco democrático excluir a unas víctimas atendiendo sólo al color del uniforme de sus verdugos. Pero lo es más aún cuando se justifica con la cantinela de que ya tuvieron el reconocimiento de la dictadura durante casi cuarenta años, como si nuestra democracia tuviera que resignarse a legitimar y reproducir la actuación del franquismo al dividir entre víctimas de primera y de segunda.
También es llamativo que estas leyes de «memoria democrática» manden siempre al limbo a las víctimas de la represión frentepopulista contra sus propios correligionarios. Además de las luchas intestinas como los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, son incontables los ajusticiamientos por razones ideológicas en las filas del Ejército Popular, denunciados por la CNT al Gobierno de Negrín. Todas estas víctimas desmontan la manipulación que supone identificar a los españoles muertos en la guerra con un simple «ellos» y «nosotros». Como lo hace también el hecho de que en ambos bandos combatieron soldados a la fuerza que pensaban lo contrario de lo que eran obligados a defender con las armas.
Legislar para imponer una verdad reduccionista y maniquea sobre un pasado tan complejo, con tantos intrincados vericuetos como protagonistas lo vivieron, es un ataque a la voluntad manifiesta de la sociedad española de dejar atrás un pasado superado, más allá de la necesaria respuesta a cuantos agravios o injusticias queden aún pendientes, como es resolver definitivamente la asignatura de las exhumaciones.
He conocido en vivo la emoción de familiares ante la posible recuperación de los restos de sus seres queridos de las fosas. También la de descendientes de españoles republicanos asesinados en el campo nazi de Mathausen ante el homenaje a su memoria. Incluso el legítimo anhelo de quienes desean dar sepultura junto a los suyos a un familiar enterrado en el Valle de los Caídos. Y pienso en todos ellos con afecto y con tristeza al pensar cómo sus dignas aspiraciones son a veces manipuladas para servir, no sólo como cortina de humo para tapar la incompetencia del Gobierno, sino también como parte de una estrategia de demolición de la España constitucional que implica desacreditar el pacto de reconciliación que fundamentó el paso de la dictadura a la democracia.
En el aniversario del comienzo de nuestra guerra fratricida hay que decir alto y claro que la mejor ley de memoria y de historia que los españoles nos hemos dado nunca ha sido la Constitución de 1978. Entre quienes la refrendaron figuran en buena parte los españoles que protagonizaron y sufrieron la contienda civil. Hoy, cuando las páginas de sus vidas se están cerrando para siempre, le debemos a esta generación de compatriotas que está a punto de entrar en la Historia el homenaje de nuestra admiración y gratitud por dejarnos el mayor legado que jamás pueda recibir una Nación: el de la paz, la libertad y la concordia.
Pedro Corral es periodista y escritor.