Memoria, dignidad, ley

Es una reflexión de Joxe Mari, el terrorista personaje de Patria, ese gran fresco de la sociedad vasca de las últimas décadas que traza Fernando Aramburu con pluma cruda y certera: "Pedir perdón exige más valentía que disparar un arma o accionar una bomba". En numerosas ocasiones, este Gobierno ha exigido a ETA que desaparezca de manera definitiva, se arrepienta, pida perdón a las víctimas por tanto daño causado, pague las deudas contraídas con ellas y colabore en el esclarecimiento de los asesinatos. Y lo hemos pedido siempre como necesario acto sincero de justicia, no como gesto interesado, porque no cabe contraprestación alguna porque nada le debemos. Ni consiguió nada cuando dejó de matar, tras ser derrotada policial y socialmente, ni tampoco conseguirá nada que no contemple la ley cuando desaparezca. Ante el terrorismo, sólo cabe aplicar la ley y el Estado de derecho, antes, después y siempre.

La derrota de ETA, incontestable porque así lo reconoce la propia organización terrorista, fue el resultado de un logro común de la sociedad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces y fiscales y la colaboración internacional, pero en él desempeñaron un papel insustituible las víctimas del terrorismo y los colectivos que las representan. Y hemos mantenido, mantenemos y mantendremos con las víctimas, héroes y mártires de la democracia, un compromiso firme y permanente bajo los sólidos principios de garantizar, preservar y honrar su memoria, dignidad, verdad y justicia.

Ha tardado demasiado, pero ETA ha asumido al fin que ha sido derrotada, que no ha conseguido sus objetivos ni los va a conseguir nunca y ha decidido renunciar a unas simples siglas vacías y en descomposición. Pero no es lo poco que queda de ella quien fijará su desaparición completa, real y efectiva. Del mismo modo que las Fuerzas de Seguridad fueron determinantes en su derrota, ahora también serán quienes verificarán y certificarán si es cierta. Y, desde luego, seguirán persiguiendo a los terroristas y trabajando para esclarecer los asesinatos que quedan por resolver. Porque nunca se ha dejado de hacer y se ha seguido investigando para ponerlos a disposición de la Justicia y realizando detenciones, llevando de este modo a los restos de ETA hasta la inoperancia más absoluta.

Porque podrán desaparecer las siglas, pero eso en ningún caso borra el inmenso dolor provocado a las víctimas ni, por supuesto, elimina la responsabilidad penal por los asesinatos. Vamos a cumplir la ley y a hacerla cumplir. Como siempre y para siempre. No habrá impunidad porque no puede ni debe haberla. Y porque así se lo debemos a los más de 800 asesinados y 7.000 víctimas y a todos los que sufrieron su chantaje y coacción. Y porque así lo merecen la entereza y el respeto a los principios democráticos y la confianza en las instituciones de sus familiares y seres queridos. Y, también, porque así nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad democrática y como Estado de derecho.

El Gobierno no ha cambiado ni va a cambiar su posición en este asunto. Una posición de firmeza democrática que es una de las razones por las que los rescoldos del terrorismo no han tenido otra opción que anunciar su disolución. Primero quisieron doblegarnos con los asesinatos y la extensión del miedo y no lo consiguieron. Después quisieron obtener beneficios por dejar de matar, y también fracasaron. Más tarde hicieron un supuesto desarme que fue un paripé, como ha demostrado el que hace unos meses se descubriera un zulo y hace unos días hubiera una entrega de armas a Francia. Y, ahora, también les espera únicamente la frustración si confían en obtener algo por el acto anunciado para el 4 de mayo. Porque, como nada les debemos, nada les daremos.

Más allá de escenificaciones, lo único importante es que la marca de ETA desaparezca para siempre de nuestras vidas. El objetivo final siempre ha sido y sigue siendo la desaparición total de la organización terrorista, no hay etapas intermedias. Está operativamente derrotada, con sus dirigentes en prisión y sin futuro. Ésa es la realidad, una realidad que no puede cambiar ni tapar ningún teatro. Al igual que tampoco puede borrar tanto dolor causado ni tanta sangre y lágrimas derramadas.

Precisamente por eso, en estos estertores es más necesario que nunca tener presente a las víctimas del terrorismo, a las que más han sufrido, a aquellas que siguen condenadas a la ausencia eterna de sus seres queridos. No olvidaremos jamás su padecimiento, ni su necesidad de justicia, ni su reivindicación de memoria. Y vamos a seguir estando siempre a su lado.

Ese es nuestro firme compromiso, trabajar día a día, con empeño y convicción para que triunfe el auténtico relato, el único relato justo con la verdad y el sufrimiento de las víctimas, que siempre deben estar en el lugar que se merecen, en el centro. Por eso vamos a seguir mejorando la asistencia a las víctimas, con importantes modificaciones legislativas para aumentar las ayudas, mejorar su protección y fortalecer las políticas de reconocimiento y memoria, como la inclusión de unidades didácticas en los centros educativos y del testimonio en las aulas y proyectos como Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Pero también seguiremos investigando los asesinatos sin resolver, algo para lo que ahora contamos con un enorme archivo de documentos y material que nos ha cedido Francia. Con que sirvan para esclarecer sólo uno de ellos ya habrá merecido la pena.

Y es que la desaparición completa, real y efectiva de ETA tiene que ir acompañada de la plena deslegitimación de los terroristas, para que no se difumine el auténtico relato y que toda la sociedad sea consciente de que no se trata de ningún conflicto, sino que hubo víctimas y verdugos, y por lo tanto no cabe equidistancia alguna. La sociedad tiene con las víctimas una deuda moral que jamás podremos olvidar y su sacrificio y su ejemplo deben guiarnos en este camino. Y éste es un camino en el que no caben los eufemismos para no llamar asesinos a los asesinos, ni las exigencias de algo que no sea el respeto escrupuloso de las leyes democráticas y el Estado de derecho.

En estos días se cumplen 41 años del asesinato del guardia civil Antonio Galán, tiroteado por cuatro etarras en Tolosa. Llevaba tan solo un mes destinado a la Comandancia de Guipúzcoa y en el bolsillo de su chaqueta encontraron dos cartas, una para sus padres y otra para su mujer, que aún vivía en Pontevedra junto a sus tres hijas. También hace 33 años del asesinato en Galdácano del analista químico Jesús Ildefonso García Vadillo, a quien dispararon por la espalda delante de su hija de cinco años, a la que acababa de recoger del colegio, porque los terroristas le confundieron con un policía. Jesús Ildefonso sería, según el indigno mensaje del comunicado, uno de esos «errores» que provocaron "víctimas sin participación directa en el conflicto". Antonio al parecer no merece el perdón, porque vestía un uniforme, como si eso justificara un vil y cruel asesinato.

Pese a asumir públicamente la derrota tras tantos años, estas palabras llegan tarde y mal, ya que pedir un perdón falso y selectivo, repartir las culpas y justificar sus crímenes no parecen los mejores elementos para demostrar arrepentimiento. El perdón no puede ser sólo una palabra, requiere de una actitud sincera, humilde y arrepentida. Y también de mucha valentía.

Juan Ignacio Zoido es ministro del Interior.

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