Durante los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado se construyeron millones de viviendas sociales en España para personas pobres y necesitadas. Viviendas humildes pero que dieron confort y estabilidad a muchísimas familias y, además, a precios muy asequibles, lo que constituyó en sí un enérgico trampolín a muchos para dar ese salto a esa clase media tan anhelada. Durante ese periodo no consta que hubiera abusos hacia los moradores de dichas viviendas por parte de las autoridades de la época; de hecho, la tan cacareada «memoria histórica» ni menciona este avance social tan indiscutible.
Esa política social tan acertada se respetó durante las décadas siguientes, una vez se instaló la democracia en España, de tal manera que la vivienda social constituía un patrimonio nacional que permitía el acceso a un hogar a aquellas personas y familias con rentas medias y bajas. Una especie de colchón social que vertebraba al conjunto de la sociedad española. Un orgullo para el conjunto de la nación.
Sin embargo, a comienzos de la actual década en curso se produjo un viraje involucionista en el desarrollo de la vivienda social en España cuando las administraciones públicas vendieron miles y miles de inmuebles destinados a ese uso a los denominados «fondos buitres» sin tener en cuenta los intereses de sus moradores. A continuación, se produjo un fenómeno regresivo en la protección social, pues este tipo de fondos oportunistas se dedicaron a incrementar las rentas de alquiler de dichas viviendas en torno al cien por cien, conminando a los que no podían pagarlas a abandonar sus hogares o a sufrir un desahucio.
Y así llevamos camino de una década donde la desprotección del poseedor de una vivienda social no ha conocido límites en España, así como la inoperancia del poder político en ponerle coto, mientras que el poder judicial, con su crónica lentitud, va poniendo parches que no remedian la situación de desamparo de los que sufren esa situación desenfrenada.
En el Parlamento español no se ha promovido una sola ley para recuperar la protección social de la vivienda de los más desfavorecidos, y cuando se han realizado aproximaciones ha sido por parte de la extrema izquierda y con un fin meramente electoralista y manipulador. Se puede afirmar sin temor a equivocación que carecemos de un horizonte legal que solucione este grave problema.
Es evidente que la política inmobiliaria del actual Gobierno está reducida a conseguir el desahucio de los restos del general Franco de su lugar de descanso, a arrancar las placas de Instituto Nacional de la Vivienda de las viviendas sociales construidas bajo el anterior régimen y a retirarle la propiedad del Pazo de Meirás a los descendientes del mencionado, pero se ha olvidado de la protección de la vivienda social de los españoles más vulnerables.
Mientras tanto, las rentas de los alquileres no dejan de subir, la creación de una nueva burbuja inmobiliaria es ya una realidad y, como es obvio, las viviendas sociales han sido adquiridas por los «fondos buitre»,que no respetan los derechos de los inquilinos.
Nuestro presidente del Gobierno anunció hace ya muchos meses que pondría a la Abogacía del Estado a trabajar intensamente en la reversión de las propiedades que habían adquirido los «fondos buitre», pero al final todo ha sido un fuego de artificio más. Mientras tanto, la ONU ha denunciado que en España no se respeta el derecho humano a la vivienda, lo que es una prueba más de la anomalía crónica que padecemos, y la Comisión Europea va recopilando antecedentes de estos hechos.
La sociedad civil debe exigir a los poderes públicos la adopción de medidas efectivas que solucionen este drama social; es precisa una ley que ponga coto a los abusos padecidos, como se hizo a comienzos del siglo pasado con la ley de la represión de la usura, así como una reforma judicial que permita tribunales especializados en este asunto que por medio de procedimientos ejecutivos y sumarios resuelvan los conflictos surgidos.
La memoria histórica debería aplicarse en sentido inverso a circunstancias como estas, pues de lo contrario más parece que estaríamos ante una excusa para encubrir y justificar todos los excesos del presente.
Guillermo Rocafort, historiador.