Menos aplausos, más eficacia

La frivolidad de los aplausos con los que la semana pasada fue ovacionado el presidente del Gobierno al llegar al Consejo de Ministros, y que recuerdan más a un torneo deportivo que al inicio de una reunión gubernamental en plena crisis sanitaria, económica y social, representan a la perfección la actitud con la que el Ejecutivo gestiona la pandemia. De cara a la galería, el aparato de marketing fabrica eslóganes, ideas fuerza y propaganda, una política de grandes gestos en la que el presidente, sus ministros y hasta el director del Centro de Emergencias Sanitarias aparecen caracterizados como héroes, negociadores natos que vuelven triunfantes de Europa o incluso moteros cuyos rostros ilustran camisetas y productos de consumo. En la práctica, lejos de los focos y los fuegos de artificio de La Moncloa, los retrasos, las negligencias de gestión y los proyectos inacabados se acumulan en los más de 20 departamentos ministeriales del Gobierno más sobredimensionado desde los años setenta.

Uno de los ejemplos del contraste entre la fantasía y los hechos es el del desarrollo e implementación de una aplicación móvil que permita la detección temprana de contagios para identificar y aislar con rapidez a los potenciales infectados, frenando así la expansión descontrolada del virus.

El debate público sobre las denominadas apps de trazabilidad arrancó a finales de marzo en varios países europeos y en las instituciones comunitarias. Desde el Parlamento europeo pusimos en marcha distintas iniciativas, recabando opiniones de epidemiólogos e informáticos para impulsar criterios comunes que permitiesen el desarrollo de aplicaciones nacionales compatibles entre sí y que cumpliesen con las garantías que exigen las leyes de privacidad.

En abril, con la epidemia en su apogeo, este debate tuvo sus frutos y la Comisión Europea facilitó a los Estados miembros, incluyendo por supuesto a España, unas detalladas recomendaciones para el desarrollo de estas aplicaciones por los gobiernos que, a la postre, son quienes tienen las competencias en materia sanitaria.

Entre mayo y junio, distintos Gobiernos, especialmente los más afectados por la epidemia, han ido lanzando sus propias aplicaciones móviles, que ya funcionan (con sus virtudes y defectos) en sus territorios. Partiendo de investigaciones públicas o privadas, con mayor o menor colaboración con los principales proveedores de software móvil, Italia, Francia y Dinamarca cuentan ya con millones de usuarios que han descargado y están usando las respectivas aplicaciones. Alemania lanzó su aplicación con gran éxito de descargas en las primeras 24 horas. Irlanda ha testado y puesto en funcionamiento una aplicación que está dando resultados satisfactorios y cuyo código será compartido en abierto, lo que implica que cualquier otro desarrollador podría utilizarlo.

En este contexto, ¿dónde está España, uno de los países más afectados por el virus y para el que todas las herramientas y ayudas son pocas para combatir una pandemia que, además de tener terribles consecuencias sanitarias, ha paralizado su sector turístico, del que depende en gran medida el grueso de la economía nacional? ¿Dónde está el aplaudido Gobierno de los gestos y las grandes declaraciones en relación con la implementación urgente de una aplicación de trazabilidad de contagios?

Lamentablemente, la respuesta es desalentadora y nos reconduce a lo que caracteriza la práctica totalidad de la acción gubernamental: grandiosas intenciones, pocos o nulos resultados. Y es que, si bien la Secretaría de Estado de Digitalización ha presentado un proyecto para el desarrollo de una aplicación, a las puertas de agosto –cinco meses después del inicio de este debate, cuatro meses después de las recomendaciones de la Comisión, tres meses después de que otros países actuasen– la iniciativa se encuentra todavía en fase de pruebas en la isla de La Gomera. Por lo que sabemos, que es poco, la puesta en marcha de la herramienta podría demorarse, en el escenario más optimista, hasta otoño.

Es razonable la prudencia y la preparación, en forma de test y pruebas, pero el Gobierno se ha permitido el lujo de esperar demasiado sin tener en cuenta un factor fundamental: que el virus ya ha demostrado que no espera ni esperará. No esperó a que el Ejecutivo admitiera la gravedad de la situación el 8 de marzo, ni a que consiguiera material sanitario suficiente para nuestros hospitales. No va a esperar ahora a que transcurra el verano antes de volver en forma de brotes que, de descontrolarse, pueden llegar a convertirse en segundas olas de la epidemia que nos devuelvan al escenario de marzo a mayo. Lo ocurrido en Aragón y Cataluña es buen ejemplo de ello.

Si bien medidas como el confinamiento y el distanciamiento físico –ya aplicadas en pandemias anteriores como en la mal llamada gripe española de 1918– se han revelado útiles, limitarnos a ellas y prescindir de las posibilidades tecnológicas actuales implica un mayor riesgo y un potencial coste para la economía, que difícilmente puede permitirse volver a un confinamiento estricto.

No disponer todavía de una aplicación, ya bien entrado el verano, es especialmente dañino para una potencia turística. El turismo nos aporta en torno a un 15% del PIB. El retraso pone a nuestro sector en franca desventaja competitiva respecto a otros destinos turísticos europeos. No es difícil concluir que los turistas alemanes, que ya cuentan con una aplicación de este estilo, podrían encontrar una mayor seguridad organizando sus vacaciones en Italia, donde tienen la posibilidad de identificar posibles focos de contagio, que en España, donde no pueden hacerlo.

Con los retrasos acumulados, hemos dejado pasar la oportunidad de utilizar el talento de los científicos para liderar la implementación de las apps en Europa. Perdido ese tren, es imprescindible no perder también el de la activación de la aplicación con carácter inmediato. La disponibilidad de códigos abiertos como el irlandés debe hacernos reflexionar sobre la conveniencia de utilizarlos para que un sistema de este tipo esté disponible en España este mismo verano. El Ejecutivo debe tomar conciencia de su responsabilidad y poner una solución factible e inmediata encima de la mesa. Para eso, primero tiene que reconocer la gravedad de la situación y dejar de aplaudirse a sí mismo.

Adrián Vázquez Lázara es eurodiputado de Ciudadanos en el Parlamento europeo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *