El debate sobre la política fiscal es especialmente interesante cuando en una situación de crisis, como la actual, los gobiernos, los agentes sociales, los medios de comunicación y toda la sociedad en general se esfuerzan por encontrar soluciones rápidas y eficaces. Aquella conocida reflexión de Franklin, sobre que en esta vida sólo hay dos cosas seguras: «la muerte y los impuestos», es ahora más válida que nunca. Al final, quedan dos grandes preguntas: ante los males que nos aquejan, es oportuno, a) subir la presión fiscal para conseguir equilibrar las cuentas públicas y hacer frente al déficit o b) reducir el gasto público y bajar los impuestos para devolver confianza y recursos a los consumidores, reactivar la economía, favorecer la inversión y contribuir al crecimiento económico y, por consiguiente, a la creación de empleo.
Los empresarios estamos plenamente convencidos de que la segunda opción es la correcta y que una sensata rebaja fiscal es una reforma eficaz y oportuna en la situación actual. Una subida de impuestos perjudica directamente a la competitividad de nuestras empresas y puede provocar que nuestro país salga más tarde de la crisis que sus principales competidores. Al mismo tiempo, hace que la economía española sea menos atractiva para la inversión extranjera, limita las posibilidades de consumir de los ciudadanos y su confianza en el futuro.
Como decía, en estas páginas, el profesor Juan Velarde, citando a Schumpeter, «si el fisco destruye en una parte significativa el beneficio empresarial, se liquidarán brutalmente muchas posibilidades de desarrollo económico». La opción debería ser reducir el gasto público, especialmente el corriente, y que las administraciones públicas imitaran el ejemplo de austeridad que dan las empresas y los ciudadanos. Una disminución de la presión fiscal sería beneficiosa para la economía española, para nuestras empresas y para la creación de empleo, ya que estimularía la inversión y las iniciativas empresariales, sobre todo en el campo de las PYMES.
La experiencia nos demuestra que a menos impuestos más actividad económica y, por consiguiente, una mayor recaudación para las administraciones central, autonómica y local. De esta forma, las cuentas públicas obtienen más ingresos, que llegan del crecimiento, y se permite la creación de puestos de trabajo que es la mejor fórmula de apoyar a los menos favorecidos que diariamente buscan un empleo. Hay que tener en cuenta que, en unos momentos en los que las dificultades de financiación y la falta de expectativas han causado un deterioro de la inversión productiva, son más necesarios que nunca incentivos que contrarresten los factores citados. La inversión empresarial, conviene recordarlo, es fundamental para la modernización, adaptación y ampliación del aparato productivo que, a su vez, es clave para mantener y mejorar nuestra competitividad, poder recobrar los niveles de crecimiento y superar la crisis.
En CEOE hemos formulado diversas propuestas para materializar estos incentivos a la inversión, las hemos plasmado en documentos y las hemos dado a conocer al gobierno central, a los autonómicos y locales, a los partidos políticos y a las centrales sindicales. Hemos afirmado que la reducción de tipos en el Impuesto sobre Sociedades, aun reconociendo los avances en el mismo, debe llegar a la totalidad de las empresas sin excepción. Consideramos que constituye una condición imprescindible para recuperar la inversión, favorecer los flujos de autofinanciación y reducir la desventaja competitiva de nuestras empresas frente a las de otros países con una fiscalidad más razonable. La reforma de 2006 ha sido insuficiente y España sigue en cabeza de la UE y de la OCDE por lo elevado del tipo general, ya que muchos países han continuado adoptando reducciones en los tipos de este Impuesto de Sociedades, para reactivar sus economías y hacerlas más atractivas para la inversión exterior.
También es importante recortar las cotizaciones sociales para recuperar la competitividad y frenar la destrucción de empleo. Conviene recordar que las cotizaciones sociales se incorporan a los costes de producción nacionales pero no a los de las importaciones. Su reducción, por lo tanto, beneficiaría a los sectores productivos que operan en competencia internacional. En cuanto al empleo, la reducción de esta carga fiscal sería muy positiva para aquellas empresas, especialmente las PYMES, que a duras penas pueden mantener su plantilla y podría, también, frenar la economía sumergida y ensanchar las bases de cotización. Por estos motivos, la mayoría de los países europeos están bajando sus cotizaciones sociales.
Otro reto importante es el de apoyar a la inversión y permitir que las empresas liberen recursos que les permitan paliar, al menos en parte, las carencias y dificultades provocadas por la crisis financiera y la escasez de crédito. Para lograrlo, se debería recuperar la exención por reinversión, o, lo que es lo mismo, la exoneración de la plusvalía obtenida en la enajenación de activos afectos, con la condición de que se reinvierta el importe de esta enajenación en otros activos igualmente afectos y, además, que los beneficios empresariales tengan un mejor tratamiento fiscal si se destinan a la reinversión, en lugar de repartirse como dividendos.
Es igualmente decisivo el apoyo a la innovación para mejorar nuestra competitividad. En este sentido, es precisa la ampliación del concepto fiscal de innovación a las novedades específicas que se implanten en una empresa, aunque en otras ya se hayan utilizado, y recuperar los niveles de deducciones fiscales por I+D+i anteriores al 1 de enero de 2007, aunque valoremos positivamente la reciente decisión de prorrogar indefinidamente la vigencia de las deducciones.
Desde CEOE hemos sugerido otras medidas incentivadoras, como serían la desaparición del Impuesto de Actividades Económicas, que grava el mero ejercicio de la actividad empresarial, la supresión, asimismo, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que desincentiva la aparición y desarrollo de nuevas actividades productivas, y una coordinación más efectiva entre las diferentes comunidades autónomas en la tributación ambiental. Hasta aquí un resumen de las principales propuestas sobre fiscalidad que los empresarios hemos puesto sobre la mesa, con el único objetivo de permitir que las empresas españolas sean más eficaces y competitivas.
Junto a las reformas fiscales, en CEOE hemos realizado propuestas, entre otras, sobre la financiación de las empresas, la modernización del mercado laboral, el abastecimiento energético, la internacionalización, el abastecimiento de agua, la inversión en infraestructuras, la educación, la formación y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo hemos hecho así, y lo seguiremos haciendo, porque en CEOE estamos convencidos de que nuestra economía, como afirman las más prestigiosas instituciones nacionales e internacionales, va a necesitar decididas reformas estructurales si quiere enfrentarse con garantías a los problemas que se le plantean. Desde el compromiso con el progreso de España, con el diálogo social y la voluntad de colaboración con nuestros gobernantes y con el resto de los agentes sociales, los empresarios vamos a seguir aportando nuestras ideas para conseguir lo mejor para nuestro país y para todos los que en él vivimos.
Gerardo Díaz Ferrán, presidente de CEOE.