El Gobierno ha anunciado a través de su portavoz, que estudia que los servicios jurídicos del Estado se personen en defensa de las víctimas de violencia sexual. La noticia se produjo el día después de la puesta en libertad de los condenados en el caso de La Manada, libertad que ha generado una fuerte contestación ciudadana. El Gobierno traslada dos mensajes que pueden confundir a la opinión pública. El primero es que las víctimas de violencias sexuales no están ni protegidas ni defendidas en el proceso penal y por eso se hace precisa la intervención del Estado y el segundo, que la personación de la Abogacía del Estado podría realizarse en este asunto concreto de La Manada para defender a la víctima. Ninguno de los dos mensajes resulta cierto.
Este anuncio desconoce de manera manifiesta la función constitucional del Fiscal como garante y defensor de los derechos de las víctimas, de todas ellas sin exclusión (Artículo 124 de la Constitución y artículo 3.10 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal)
No es una función más de las múltiples que a los fiscales nos han encomendado a lo largo de los años. Proteger a las víctimas forma parte de la esencia de nuestra institución y para ello, a través de una Fiscalía de Sala de Protección y Tutela de las víctimas en el proceso penal, se despliegan en las fiscalías españolas secciones especializadas. No existe ningún país de nuestro entorno con una fiscalía garante y especializada en protección de víctimas.
Baste recordar aquí, por ser necesario, que en el caso La Manada, la Fiscalía a través de su representante en el proceso, Elena Sarasate, ha cumplido de manera impecable y encomiable esta función, sosteniendo que en aquel rellano angosto la víctima fue intimidada, que sufrió una agresión sexual y no unos abusos sexuales y así recurrirá la sentencia para que instancias superiores la revoquen, oponiéndose con vehemencia a la libertad provisional de los penados y recurriendo el auto que así lo acuerda. La víctima ha contado con la defensa activa del Fiscal. Además, la víctima ha estado durante todo el proceso y sigue estando permanentemente atendida por ese servicio de protección de víctimas y testigos del Ministerio Fiscal.
Siendo este el panorama de protección existente y que es preciso que la opinión pública conozca, es obligada la pregunta sobre la pertinencia de la medida anunciada con solemnidad por el Gobierno: ¿Qué utilidad y eficacia se consigue en defensa de las víctimas con una nueva acusación en el proceso como sugiere el Gobierno? ¿Acaso el abogado del Estado habría hecho o pedido cosa distinta a las peticiones del fiscal? A mi juicio, no. Con la abogacía del Estado mantenemos una estrecha colaboración en aquellos supuestos en los que es el Estado el perjudicado por el delito (por ejemplo, delitos fiscales), pero no entendemos qué plus de utilidad o de mejora tendría su presencia en el proceso penal en materia de delitos sexuales cuando existe ya una parte especializada en materia de protección de víctimas y en materia de derecho penal. Esa parte es el Ministerio Fiscal.
Si este Gobierno quiere proteger a las víctimas, y no tengo ninguna duda de que es bienintencionado en su propósito, debería encaminar sus pasos y los recursos económicos de todos los ciudadanos hacia medidas que sí redunden en un mayor beneficio de las víctimas y que no supongan duplicar esfuerzos donde no son necesarios. Están descritas y expuestas aquellas materias en las que es preciso incidir y mejorar, a modo de ejemplo; la necesaria agilización de la justicia dotándola de más medios materiales y humanos, la necesaria mejora en la formación de los intervinientes en el proceso, la creación de unidades de valoración forense, la creación de unidades asistenciales, el turno de oficio, pieza clave en el engranaje de asistencia a las víctimas y de los que nadie parece acordarse, entre otras muchas.
Que el primer anuncio del Gobierno para proteger a las víctimas sea la personación de una nueva acusación ha causado perplejidad entre quienes cada día trabajamos para su tutela. Lo que reclamamos los que cada día cumplimos con nuestro compromiso como fiscales son medidas que impliquen efectivamente una mejor protección para ellas. La anunciada el viernes no contribuye a este objetivo.
Sofía Puente Santiago es fiscal.