Mercado único digital, PYMEs y el plan de inversiones Juncker para la Unión Europea

¿De dónde viene el dinero?

Hace unos meses (25/11/2014), la Comisión Europea dio a conocer el mecanismo para su tan anunciado plan de inversiones para la Unión Europea de € 315 mil millones de Euros. Este mecanismo pretende, con unos escasos 21 mil millones de dinero público inicial reasignado de otras partidas, movilizar un capital quince veces mayor. En marzo de 2015, los ministros de Finanzas de la UE acordaron la firma del compromiso que adquirieron en los Consejos Europeos en Octubre y diciembre de 2014, dando así dar luz verde a la propuesta estrella de la nueva Comisión Juncker. La idea es crear un nuevo Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI por su siglas en inglés), a partir de la reasignación de fondos desde otras partidas presupuestarias: 5000 millones de Euros procedentes del Banco Europeo de Inversiones añadidos a 8000 millones de otros proyectos existentes de la UE, diseñadas para asegurar una contribución adicional de 16 mil millones de euros de las instituciones. La garantía de 8 mil millones de Euros vendría en un período de tres años desde el proyecto Conectar Europa (€ 3300 millones); del programa europeo de investigación Horizonte 2020 (€ 2700 millones) y el llamado “margen presupuestario”, o fondos no utilizados, por valor de 2 mil millones.

Por un lado, el EFSI planea proporcionar garantías para proyectos de alto riesgo que tienen por objeto el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, transporte, eficiencia energética, investigación, educación y actividades de innovación. Según las estimaciones oficiales, estos proyectos generarían 240 mil millones de Euros en inversiones a largo plazo, respondiendo así en cierta manera al clamor generalizado contra las políticas de austeridad. Por otro lado, el propósito alternativo es proporcionar financiación a PYMEs que, a pesar de los esfuerzos del Banco Central Europeo, siguen sin poder acceder obtener liquidez a través de prestamos. Dicha reasignación de fondos para PYMEs está dirigida a mejorar la viabilidad de las inyecciones de nuevo capital de riesgo, garantías de préstamos, titulizaciones y ofrecer micro créditos a las PYMEs y Start-ups, y financiando la creación de empresas. Está proyectado que estas medidas generen 75 mil millones de inversión total para PYMEs durante el período 2015-2017.

Además, una de las piedras angulares de este plan es atraer a inversores privados para completar el fondo. Sin embargo, el capital privado parece escépticos a asumir mayores riesgos siempre que no se pueda garantizar el retorno del rendimiento. De hecho, se prevé que la base para la mayoría de las inversiones en infraestructura, o proyectos de eficiencia energética a largo plazo, sea probablemente de origen público. El carácter publico de dichas inversiones cobra una especial relevancia en regiones deprimidas económicamente donde el sector privado no es lo suficientemente fuerte para competir en igualdad de condiciones. En lo que respecta a inversión pública, el ejecutivo comunitario cree que los Estados Miembros podrían estar en disposición de añadir fuentes alternativas de financiación de manera individual y voluntaria. A día de hoy se manejan dos alternativas: Aportes directos de capital, que no se restringirían a los propios estados y que podrían suponer derechos de voto adicionales y de reclamación de posibles retornos de la inversión, en caso de haberlos; y la participación en las plataformas de inversión que sí se podrían su uso al propio Estado. Como incentivo, esta cantidad se descontaría de los cálculos de déficit dentro del semestre europeo. Inevitablemente, esta situación genera una creciente preocupación entre estados e instituciones, en relación a que el nuevo fondo se convierta en un presupuesto paralelo -donde se podrían comprar derechos de voto adicionales- además no sujeto a un control democrático suficiente, ya que es se espera fondo que sea gestionado por una comisión conjunta -Comisión Europea y el EIB- no sujeta a escrutinio publico.

Con el fin de evitar tal situación, la Comisión ha anunciado que el fondo no tendrá en cuenta la distribución geográfica a la hora de adjudicar dichas inversiones, sino que estas se harían en base a la calidad y viabilidad de los proyectos. Esto, que podría convencer a los que temían la introducción de un presupuesto paralelo, también profundizaría en el problemas de la falta de legitimidad democracia, transparencia y plantearía un obstáculo para todos aquellos países que consideraban contribuir voluntariamente al EFSI.

Varias alternativas a la actual propuesta de funcionamiento del EFSI, que todavía tiene que pasar el filtro del Parlamento Europeo, se están poniendo sobre la mesa. Entre ellas destacan varias. Por ejemplo, la posibilidad de que la regulación del EFSI establezca contribuciones nacionales obligatorias, para incrementar la credibilidad del ratio 1:15 del fondo; también se baraja la posibilidad de transformar el fondo en un sistema de inversiones permanente con personalidad legal, que pudiera acceder a los mercados en busca de financiación; o por ultimo, y no menos importante, la de convertir la aportación del Banco Europeo de Inversiones en periódica en lugar de, como hasta ahora se maneja, una aportación única. En cualquier caso -a menudo acusado de basarse en proyecciones poco realistas de ingeniería financiera, falta de ambición, medios y objetivos claros- este plan de inversiones va de la mano de varias baterías de medidas con el objetivo de facilitar el impulso definitivo a la actividad empresarial como generador de empleo y crecimiento retirando obstáculos regulatorios.

El precio de legislar mejor es la desregulación?

Dicho esto, en línea con las principales asociaciones europeas de empresarios, Juncker recientemente declaro en el Parlamento Europeo – a la vez que daba a conocer que los objetivos del actual gabinete para 2015 son el crecimiento, la competitividad y el empleo- que una gran cantidad de obstáculos regulatorios para el crecimiento debían ser ajustados o eliminados para que el plan empezara a dar sus frutos. Y es que la Comisión de Jean-Claude Juncker tiene como objetivo impulsar la economía y recuperar a un público cada vez más escéptico y alienados por la burocracia de Bruselas. En consecuencia, la Comisión ha anunciado que cambiará o incluso retirará muchas propuestas de ley estancadas. Por ejemplo, en el punto de mira esta la nueva legislación sobre reciclaje de residuos y aire limpio, y la directiva europea de diseño ecológico, políticas clave en los últimos años para el futuro de los objetivos de la estrategia europea 2020.

Juncker anuncio que la Comisión sólo promovería 23 nuevas leyes ya previstas en el próximo año, en su mayoría para movilizar su plan de inversiones. En paralelo, la mano derecha de Juncker, y Vicepresidente de la Comisión de la UE Frans Timmermans, se enfrento a gritos de “vergüenza” en el Parlamento Europeo cuando reveló que la comisión estaba retirando los nuevos planes sobre fiscalidad energética y reciclaje, a la vez que modificaba leyes sobre control de las emisiones de CO2. Este movimiento pudo tener dos consecuencias principales: En primer lugar, socavando la lucha contra los propios objetivos establecidos por la Unión Europea para 2020; y en segundo lugar, poniendo en peligro el liderazgo de la UE en estrategias globales y compromisos internacionales en pos del desarrollo sostenible. El entorno de las ONGs medioambientales europeas han entendido esta estrategia como una facilitación de facto para eludir la fuerte oposición de algunos partidos y la mayoría de movimientos sociales europeos al acuerdo transatlántico de Comercio e Inversión, rebajando los estándares de protección medio ambiental al nivel Estadounidense en una carrera rápida carrera a la baja, pavimentando el terreno al aterrizaje del controvertido acuerdo en Europa.

Por todo esto, se entiende fácilmente como la desregulación se ha convertido en un fin en sí mismo para el gabinete Juncker, demostrándose por encima de la necesidad de luchar contra el cambio climático, garantizar la seguridad energética, o incluso el proceder democrático de los procesos legislativos en la lista de prioridades del ejecutivo europeo. De este modo, el temor a una rápida desmantelación del sistema de protección medioambiental de la UE provocado por un de un vicepresidente encargado de “mantener la dimensión de la competitividad en un lugar destacado en el corazón de la labor normativa de la Comisión”, crece de la mano del nombramiento del Sr. Timmermans Primer Vicepresidente para “Smart and Better regulation” según el titulo de su cartera en inglés, cuyas funciones incluyen un derecho a veto exclusivo sobre cualquier propuesta -incluyendo iniciativas legislativas – procedentes de cualquier otro servicio de la Comisión. Solo para que se tenga constancia, y según las cifras oficiales, el ahorro anual en todos los dispositivos incluidos en la directiva europea sobre diseño ecológico para 2020 es equivalentes a más del 12% del consumo eléctrico de la UE en 2009.

Parte de la opinión pública también ha entendido el papel de Timmermans como un intento por parte de la UE de suavizar las relaciones bilaterales con Gran Bretaña y su primer ministro, David Cameron, en en el contexto del euro-escepticismo de su partido, de su promesa de promover un referéndum para la permanencia o no del Reino Unido en la UE, y sus constantes intentos de reducir la influencia de la regulación Europea. Esto incluiría menos burocracia para las pequeñas empresas, la eliminación de la legislación anticuada y más autoridad para los gobiernos nacionales. La liberalización de los mercados a través de la eliminación de regulación, es claramente un objetivo en la agenda. Incluso, después de decir a los diputados de la Euro-cámara que legislar mejor no significa desregulación, que esta reforma no esta impulsada por motivos ideológicos, y que se trata de reducir burocracia innecesaria, especialmente para las PYMEs, el Partido Popular Europeo -la familia política que presentó la candidatura Juncker – ha elogiado la creación de la cartera Timmermans como una “cartera de una mejor regulación y desregulación”. Como Ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Timmermans fue un actor clave en la revisión del principio de subsidiariedad de 2013. En esta revisión, Gobierno holandés recomendaba entre otras cosas, el descarte de la directiva marco sobre el suelo, la abolición permanente de la directiva sobre el permiso de maternidad, que se evitasen propuestas vinculantes sobre eficiencia energética, y que la legislación sobre seguridad, salud y bienestar se apoyase más en regímenes auto-regulados de responsabilidad social corporativa. Esta revisión, como el programa de reducción de la burocracia de la Comisión, se diseñó de la mano de grandes corporaciones como Shell, el grupo ING, y Dow Chemical Company. Sin lugar a dudas, disparando la preocupación sobre la supervivencia de leyes y reglamentos de interés publico que protegen la salud, el empleo, el medio ambiente europeos. Obviamente, la desregulación está en la agenda.

El mercado único digital (DSM): Riesgos y oportunidades en un territorio desconocido.

Aunque todavía es pronto, pero ya se espera el lanzamiento de otra propuesta anexa al plan Juncker en mayo de 2015. La Comisión Europea considera que la promoción del comercio en línea en la UE como una forma útil de reactivar el crecimiento de las economías de la UE. Profundizando en la agenda de desregulación, la Comisión Europea declaró recientemente que “Demasiadas barreras bloquean todavía la libre circulación de servicios en línea y entretenimiento digital a través de fronteras nacionales. La Agenda Digital Europea actualizará las normas del mercado único de la UE para la era digital. Los objetivos son: impulsar el negocio de las descargas de música, crear un espacio único de pagos en línea y proteger aún más a los consumidores de la UE en el ciberespacio”. La creación de un mercado único digital se prevé que generará hasta 250 millones de euros de crecimiento adicional en Europa en el curso del mandato de la nueva Comisión (2014-2019), y con ello se fomentará la creación de cientos de miles de nuevos puestos de trabajo.

El ejecutivo comunitario cree que el hecho de que sólo el 15% de los ciudadanos de la UE compre en línea de otros Estados miembros sólo es en parte debido a los problemas culturales y el idioma. De hecho, se apunta hacia los altos costes de envió trans-fronterizos, y otros obstáculos legales para hacer compras, como la principal causa de no poder aprovechar este potencial. Algunos vendedores en línea redirigen automáticamente a los clientes a sitios locales, que de hecho pueden cargar precios más altos que en otros países de la UE. En este sentido, la Comisión está considerando diferentes maneras de reforzar la confianza del público a través de hacer los principales proveedores de servicios de medios de comunicación social, como Google o Facebook, más transparente en las formas de dirigir a sus usuarios a través de la Web además de como acelerar la eliminación de contenidos ilegales. La propuestas de la Comisión también incluiría la mejora de la protección de datos al tiempo que favorecería los beneficios que caben esperarse de las acumulaciones de grandes datos en la nube. En palabras de la Comisión de la UE, la reforma de la protección de datos está orientado a estimular el crecimiento económico mediante la reducción de costes y la burocracia para las empresas europeas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). En primer lugar, por tener una ley en lugar de 28, que ayudaría a las PYMEs a alcanzar nuevos mercados. En segundo lugar, mediante la propuesta de eximir a las PYMEs de diversas disposiciones del Reglamento de Protección de Datos dado que la Directiva de Protección de Datos de 1995, que se sigue aplicando hoy en dia, se aplica a todas las empresas europeas, independientemente de su tamaño.

La agenda del mercado único digital abordaría la práctica conocida como geo-bloqueo, como se dijo anteriormente, a través de la armonización de las normas contractuales y el abaratamiento de los costes de envío. Sin embargo, la propuesta estrella para la creación de un mercado digital único, la abolición de las tarifas de itinerancia -o roaming- a través de un enfoque pan-europeo para la gestión de las frecuencias de radio necesarias para la telefonía móvil, ha acabado siendo un estrepitoso fracaso. La reciente decisión de Ministros de la UE de mantener las tarifas de itinerancia, al menos hasta 2018, provocó la indignación generalizado entre Eurodiputados y asociaciones de consumidores. Los gobiernos han vuelto a obviar el interés general, y poco dispuestos a ceder el control de las ondas de las que ganan grandes ingresos, han vuelto a favorece a las grandes empresas de telecomunicaciones. Este movimiento que esta reteniendo todo el proceso innovador necesario para consecución de toda la agenda digital Europea basada en el 4G, ha forzado a la Comisión a expresar su intención de coordinar acciones alternativas en toda la UE.

Sobre el sistema de derechos de autor de la UE, un reciente informe de la Eurodiputada Julia Reda muestra que las disposiciones de la directiva de derechos de autor de 2001 no han sido capaces de mantener el paso con el aumento del intercambio cultural trans-fronterizo facilitado por Internet. Existe un amplio acuerdo en que el actual régimen de derechos de autor impide el intercambio de conocimiento y la cultura a través de las fronteras europeas. Para hacer frente a los desafíos actuales, la legislación debe ser armonizada y actualizada a las prácticas actuales. En el informe se propone la introducción de un único título europeo, al igual que la patente europea y la marca europea (pero reemplazando títulos nacionales) como solución a la fragmentación de los derechos de autor de la UE. Un objetivo a largo plazo que beneficiaría a ambos, titulares de derechos y usuarios: Mientras que el primero tal tener una base más unificada de protección, el segundo ganaría una mayor seguridad jurídica en su actividades trans-fronteriza sin minimizar en la protección de los consumidores y las PYMEs. Aunque todavía no está confirmado, se espera que la próxima propuesta de la CE, se dirija en esta dirección.

Sobre la dimensión fiscal, las propuestas se centran en la simplificación del pago del IVA para las pequeñas empresas que presenta una desventaja competitiva muy significativa. De hecho, el cambio en la normativa del IVA que entró en vigor en enero de 2015, está siendo considerado como el más significativo inhibidor de las actividades económicas trans-fronterizas. Esto parece un objetivo a largo plazo más de las PYMEs y Start-ups. En un escenario normal se necesitaría más que un par de meses para encontrar un acuerdo amplio que recoja los intereses de todas las partes, incluso cuando el momento actual, debido a la evolución de la economía digital apunta al Mercado Único Digital marca la dirección correcta.

¿Que está en juego para Emprendedores, Startups y PYMEs?

Se espera que todo este constructo legislativo en favor de la innovación ayudara a PYMEs digitales y Start-ups a florecer en Europa. Según cifras oficiales, se calcula que más del 60% del crecimiento económico dentro de la UE, entre 1995 y 2007, se ha debido a la innovación – y que como era de esperar, ha sido impulsado de manera desproporcionada por PYMEs intensivas en tecnología y con un gran potencial de crecimiento.

Vale la pena mencionar que, en comparación con las PYMEs ya establecidas, que a menudo no tienen las mismas perspectivas de crecimiento, las start-ups son las principales impulsoras de la creación neta de empleo en toda Europa. No es que las PYMEs en general no sean actores clave en la economía de la UE, es que estas empresas de nueva creación, de tener éxito -y más específicamente las del sector tecnológico- crean puestos de trabajo e impulsan el crecimiento económico con mayor intensidad. Este impacto es la razón principal por la que los políticos dispondrían de una ventaja alternativa estratégica si fueran capaces de distinguir entre Start-ups y PYMES “regulares”. Crear políticas que favorezcan el alto potencial de crecimiento de las empresas en particular, a la vez que incorporen el factor riesgo, sería de un enorme beneficio para el susodicho encendido del motor económico de la UE. Los legisladores de la UE deberían hacer un esfuerzo para entender que la fase embrionaria de las pequeñas empresas necesita ser protegida, ya que son las semillas de un tejido económico sostenible basado en las PYMEs, que permiten una permeabilización más equitativa de la riqueza, donde el alto riesgo es la realidad para muchos emprendedores que buscan construir una empresas y un modo de vida. Un buen primer paso, incorporar el fracaso, y su potencial impacto, en la nueva legislación utilizada para dar forma al entorno regulatorio empresarial e innovativo.

En este sentido, en círculos especializados se discuten varias propuestas. Entre ellas, una demanda central de varias plataformas europeas es sobre cómo el DSM debería favorecer la creación de empresas “per se” a través de una estructura corporativa de peso ligero que cumpliera todos los requisitos armonizados de todos los Estados miembros de la UE. Fácil de establecer y permitiendo un nombre común en todos los países que permitiera atraer a los inversores extranjeros de una manera optima. Esta estructura permitiría realizar todos los trámites en línea; además capacitaría a los emprendedores de vías para presentar la documentación e información correspondientes a las autoridades pertinentes sólo una vez (en lugar de volver a enviar la misma información varias veces a diferentes autoridades); e incluyendo la puesta en marcha de un sistema de reglas de insolvencia apropiado que se adaptase a las condiciones de alto riesgo de dichas Startups, que no castigue la innovación, sino que facilite ‘reestructuraciónes de rescate ” dando una segunda oportunidad a los empresarios que honesta y genuinamente entren en situación de quiebra. Con esto se reitera la necesidad, de incrementar la accesibilidad de los emprendedores europeos a nuevas y más adecuadas formas de empresa, con el fin de imbuir el sistema industrial de la UE en valores como la justa competitividad, la equidad y la justicia.

Asimismo, otro de los principales obstáculos a eliminar, o al menos armonizar, en la búsqueda de un auténtico mercado digital único en la UE -digital y analógico-equilibrado y sostenible, es la creación de un sistema de tasas de emprendimiento común. La multiplicidad de marcos nacionales presenta un problema importante para las perspectivas de éxito de plan de inversiones de la Juncker por varias razones. Después de la reciente crisis de desempleo en Europa, las PYMEs y los trabajadores autónomos tienden a jugar un papel social más importante en las regiones menos desarrolladas. La mayoría de las grandes empresas y corporaciones se establecen en las regiones más ricas de la UE y la evolución económica en el último par de años han demostrado que las grandes corporaciones han sido, en la mayoría de los casos, al menos capaz de resistir la tormenta. Sin embargo, debido a los cambios en las relaciones laborales industrial, muchos trabajadores asalariados se ha visto obligado a transformarse en autónomos, precarizando sus fuentes de ingresos para ellos, sus familias y, por extensión, poniendo en en riesgo la propia evolución de la demanda interna. El hecho de que convertirse en autónomo en los países económicamente dominantes, como en el caso de Reino Unido o los Países Bajos, es más barato, más simple y más sencillo (con un costo de alrededor de 100 € el trimestre) que en países como España o Portugal (275 / por mes, IVA excluido) socava el crecimiento uniforme, sostenible y bien distribuida en Europa. Esto podría ser entendido como una situación de competencia desleal entre miembros de la UE y una brecha insalvable dentro del mercado común europeo que solo contribuiría a la desertización económica y social que el sur periférico está sufriendo.

La batería de propuestas anteriores, junto con una estrategia para legislar mejor y más inteligente, despolitizada y bien administrada, debería estimular el crecimiento económico, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Algunas propuestas son bastante razonables, y como se dijo anteriormente, no deben ser exclusivas del ámbito digital sino que deben ser extensivas a todo el tejido productivo en los que las PYMEs y las start-ups despliegan sus actividades. Por ejemplo, el nuevo reglamento de protección de datos establecerá una única ley pan-europea de protección de datos, en sustitución del actual mosaico inconsistente de leyes nacionales. La Comisión Europea prevé que tratar con una ley, nen lugar de con 28, producirá 2,3 mil millones de ahorro al año. Asimismo, el Reglamento establecerá una «ventanilla única» para las empresas: las empresas sólo tendrán que hacer frente a una autoridad de supervisión única, no 28, por lo que es más sencillo y barato para las empresas para hacer negocios en la UE; y más fácil, más rápido y más eficiente para los ciudadanos demandar la protección de sus datos personales tanto en el ámbito tecnológico como cualquier otro sector.

También se espera establecer normas de competencia más justas que las establecidas. Las mismas reglas para todas las empresas, independientemente de su origen. Hoy las empresas europeas tienen que ajustarse a un marco normativo más respetuoso con las realidades sociales, medioambientales y de protección al consumidor que las empresas establecidas fuera de la UE, pero que también hacen negocios en el mercado único europeo. Con la reforma del marco legislativo sobre protección de datos, las empresas con sede fuera de Europa tendrán que aplicar las mismas reglas. Esto provocaría un efecto indirecto en el campo de juego global en términos de protección al consumidor. Además, la creación de un regulador único europeo dotado de facultades de sancionadoras, podría imponer multas más fuertes a las empresas que no cumplieran con las normas de la UE con un máximo de 2% de su volumen de negocios anual global. El Parlamento Europeo ha planteado incluso la posibilidad de aumentar las sanciones al 5% por lo que empresas europeas cumplidoras con la protección de la privacidad tendrían una ventaja competitiva a escala mundial en un momento en el tema adquiere una mayor relevancia a las que otras empresas deberían adaptarse.

Sin embargo, no todo los avances son completamente positivos. Cuando se analiza en profundidad esta reforma, existe el riesgo de dejar en situación de desprotección a los consumidores, como por ejemplo, en relación con las obligaciones de los responsables del tratamiento y los procesadores de datos, siendo estas calibradas según el tamaño de la empresa y de la naturaleza de los datos que se están procesando en la nueva legislación. Por ejemplo, se maneja la propuesta que las PYMEs no sean multadas por un primer -y no intencional- incumplimiento de las normas. Sin embargo, por la naturaleza del escenario digital actual, el tamaño de la empresa no afecta a la cantidad de datos que se es capaz de gestionar, y con un primer incumplimiento se podrían vulnerar los derechos de millones de usuarios. Incluso, cuando este tipo de ayudas a las PYMEs y las nuevas empresas que faciliten su incorporación al mercado debe ser bienvenida, se debería poner especial énfasis en no descuidar al consumidor, ni el medio ambiente, ni las normas de protección de los derechos sociales. Esto es exactamente lo que significa el desarrollo sostenible, uno de los objetivos definidos en los tratados de la Unión Europea y los incontables compromisos internacionales de los últimos 60 años, y que deberían respetarse independientemente de la ideología del coyuntural ejecutivo de la UE.

Conclusión

Los fondos públicos de la UE que entrará en EFSI, es decir, los 8000 millones, no son “dinero nuevo”. Estos fondos se restaran de otras partidas presupuestarias de la UE. Y aunque no se estipula claramente en el plan de Juncker, es probable que lo mismo suceda para los 5000 millones del Banco Europeo de Inversiones. Esto introduce un dimensión de “coste de oportunidad” para los cálculos. Es decir, se plantea la duda de que si la rentabilidad social de la nueva localización de los fondos estará por encima del retorno de la inversión que hubiera producido su asignación inicial. Debido a este coste de oportunidad, el procedimiento para la evaluación de proyectos es una causa de preocupación y su exposición al escrutinio democrático cobran una importancia dramática a la hora de transmitir confianza a los inversores y a los ciudadanos de la UE. El hecho de que un comité de seis personas decida sobre la asignación para las inversiones a través de mayoría simple es la más preocupante de todo. Teniendo en cuenta que la UE está tratando con un instrumento vital para el desarrollo de sus economías, debe ser bueno pensar en procedimientos de aprobación más transparentes y democráticos. La UE lleva siendo largo tiempo criticada por su falta de transparencia, el plan de inversiones en estas circunstancias carece de legitimidad.

Más allá del valor democrático de los procedimientos, hay mucho escepticismo si el multiplicador 1×15 es realista, especialmente desde que la financiación privada tiene que ser “adicional”. La selección de proyectos también debe centrarse en proyectos que cumplen tanto los criterios de adicionalidad y que tienen las tasas más altas de retorno sociales. Después de todo, lo que importa no es sólo la cantidad de la inversión privada se puede aprovechar, sino cuánto crecimiento y empleo se puede crear a partir de estas inversiones. Todo esto pone de relieve la necesidad de un gobierno independiente de alta calidad de la ESFI, y una estrategia de monitoreo y evaluación especifica desde el principio, si se quiere que plan tenga alguna posibilidad real de llegar a la 1:15 multiplicador y tener un impacto significativo en el crecimiento y el empleo para el economía de la UE.

El número de kilómetros de alta velocidad ferroviaria necesaria en un área determinada podría actuar como un criterio para la selección de un proyecto de infraestructura. Otro ejemplo sería la tasa de desempleo de una región. Estos criterios podrían permitir inversiones en áreas donde son más necesarias y evitaría mayores discrepancias en términos de desarrollo entre las regiones europeas. Sin embargo, y con independencia de las razones por las cuales algunas regiones periféricas, especialmente las nuevas, obtienen resultados más pobres en cuanto a evaluación de los proyectos (falta de capacidad administrativa, corrupción, calidad de los proyectos, falta de compromiso de la banca con los proyectos de riesgo) la probabilidad de que estos problemas puedan resolverse a tiempo para que se beneficien del fondo es bajo, ya que la Comisión quiere que el fondo esté en funcionamiento a mediados de 2015. Está claro, que la Comisión también debe plantearse criterios cuantitativos y cualitativos específicos que aportan valor añadido real a las economías de las zonas en cuestión.

Este plan, impulsado por lobistas como “Amigos de la Comisión Europea”, con el pretexto de dar “un nuevo impulso al empleo, crecimiento y la inversión” pone un énfasis desproporcionado en la reducción de la burocracia y la eliminación de las barreras normativas que ellos consideran innecesarias, que es difícil entender como “accidental”. Es innegable que la economía de la UE necesita de la inversión pública y que las diferencias en los regímenes nacionales de reglamentación para las PYMEs debe ser abordado y reformado, con el fin de completar el mercado único europeo justo y sostenible, que produzca retribuciones justas y empleo de calidad. Sin embargo, con el argumento de que la innovación y la competitividad no debe ser sofocado con regulaciones demasiado estrictas y detalladas, la Comisión actual está intensificando el trabajo de Barroso reduciendo la burocracia y las cargas reglamentarias que e diseñaron con el objetivo de proteger a los ciudadanos y consumidores. Juncker y su comisión están utilizando las PYMEs como excusa para avanzar en su agenda ideológica con la meta de reducir las regulaciones que presentan cualquier tipo de sobre coste para los empresarios – y que de paso protegen el medio ambiente, a los trabajadores y a los consumidores.

A pesar de que está sobradamente demostrado que el cuello de la botella reguladora no está en la UE, sino a nivel nacional, la estructura de la Comisión de Juncker, sus orígenes, y la designación de un Vicepresidente para la estrategia “legislar mejor” – un nuevo dios de la burocracia, que tiene derecho a veto sobre cualquier proyecto de ley que grave la actividad empresarial- son motivos para la preocupación. Se entiende el desafió frontal a la legislación de la UE como fuera de contexto, buscando principalmente beneficiar a las grandes empresas en lugar de armonizar las legislaciones nacionales divergentes, y que esta estrategia se demostrará ineficaz a la hora de solucionar los problemas actuales de la UE. La Directiva sobre diseño ecológico de la UE, que contó con el apoyo de una mayoría de los Estados miembros y del Parlamento Europeo es un buen ejemplo de regulación que debe ser protegido contra los caprichos ideológicos de unos pocos.

La Comisión Europea debería trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos para encontrar financiación pública para agregar a los proyectos que necesitan financiación clave adicional a la garantía EFSI para ser económicamente viable y por lo tanto atractivo para los inversores privados. La Comisión debe asegurarse de que los fondos de la UE utilizados como garantía tendrán por lo menos el mismo impacto positivo en la economía real y la creación de empresas, en las áreas para las que fueron previstas inicialmente.

Sobre el mercado único digital, hay optimismo general de que sería beneficioso para Europa. Sin embargo, a ello se suma el pesimismo generalizado de que la ejecución del DSM implicaría una competencia desleal para con las pequeñas y las empresas, especialmente si no se hacen esfuerzos adicionales para consultar PYMEs y Start-ups, en lugar de escuchar exclusivamente a las grandes multinacionales. Además, la sombra creciente de que la llamada revolución tecnológica europea va a terminar en una aguada desregulacion incoherente, se extiende entre los emprendedores europeos. Este temor, que socava la confianza a través de inversores no especulativos, pone en relieve la necesidad de una reforma paneuropea sobre auto-empleo, las PYMEs y las start-ups. Proteger el subconjunto de empresas jóvenes con alto potencial de crecimiento, en caso de tener que proteger a algunas se muestra como una solución en si misma. Estas empresas, que se caracterizan por ofrecer proyectos innovadores al igual que mayor riesgo, a falta de recursos y reputación, encuentran más difícil acceder a la financiación, sobre todo en la situación del mercado financiero europeo actual que sufre una falta de apetito para asumir el más mínimo riesgo.

Juan Antonio Pavón Losada. Experto en política publica Europea y consultor de comunicación estratégica.

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